¿Qué hacer con el Clan del Golfo?

El presidente electo Gustavo Petro ha sostenido que buscará una “paz total”. Los procesos de negociación, hasta ahora centrados en desmovilizar a alguna organización armada, han producido una “paz fragmentada”. Esto es: logran desactivar ciertas violencias, pero permiten (e incluso reavivan) otras.

Por el momento el gobierno entrante se ha centrado en una eventual negociación con el ELN, celebrada con entusiasmo en varios sectores. Aunque sin duda una paz con el ELN sería fundamental, el entusiasmo al respecto contrasta con la poca o nula discusión pública sobre los eventuales escenarios de sometimiento a la justicia de otros grupos armados, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo, como las denomina el Estado colombiano).

Este artículo es un intento por entender la propuesta del Pacto Histórico para las AGC y esbozar algunas ideas sobre lo que implicaría su eventual desmovilización. Esperamos que pueda servir de insumo para la construcción de las estrategias de paz y guerra con este grupo armado.

1. El error de asumir a las AGC como un “grupo multicrimen”

Gran parte de la estrategia de paz o guerra que se asuma frente a una organización armada dependerá de la forma en que el gobierno entienda su naturaleza. Es claro que, por ejemplo, el ELN es entendido como un grupo armado de carácter político para el Pacto Histórico. Por ende, para esta guerrilla se está considerando una salida negociada de la guerra. Esto, a nuestro juicio, es un acierto.

A un grupo que se asume como estrictamente criminal, por el contrario, sería más difícil (aunque no imposible) abrirle las puertas de unas negociaciones de paz. Las AGC, como hemos argumentado en otros escenarios, son un grupo armado que está lejos de circunscribirse únicamente al crimen: tienen estatutos, himno, escuelas de adoctrinamiento y relaciones con la población civil que trascienden la búsqueda de rentas. Si bien no podríamos considerarlos precisamente una insurgencia, al menos podemos decir con mucha certeza que se trata de una organización con pretensiones políticas.

Aquí es donde aparece un primer bache en lo que defiende el Pacto Histórico: en su programa de gobierno hablan de un diálogo con el ELN y un sometimiento a la justicia de los “grupos multicrimen”. Aunque en el programa de gobierno no hay una explicación muy elaborada de lo que, se asume, son los “grupos multicrimen”, se habla de “sucesores del paramilitarismo y articulados en su mayoría al narcotráfico”.

Con esto, el Pacto Histórico comete los mismos dos errores que sus gobiernos predecesores. En primer lugar, sugieren que la principal amenaza proviene del narcotráfico. Algunos de estos grupos armados sostienen buena parte de sus finanzas a través de la extorsión o de las alianzas con empresarios, políticos y terratenientes, por ejemplo. Asociarlos con el narcotráfico y deducir que por eso son criminales es un error poco estratégico para desmantelarlos.

En segundo lugar, categorizar a todas las organizaciones sucesoras del paramilitarismo como una misma cosa puede ser poco útil. Mientras existen algunas como Los Rastrojos, Los Costeños o las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que se han parroquializado a pequeños espacios subregionales, existen organizaciones como las AGC, que se han extendido por gran parte del país con un amplio repertorio de violencias y financiación. ¿Por qué, entonces, asumir que una estrategia unificada contra todas esas estructuras puede funcionar?

En cualquier caso, la categoría de “grupos multicrimen”, además de ambigua, desconoce los elementos políticos que subyacen el desarrollo de las AGC y por lo tanto podría caer en el error de intentar un sometimiento que, al igual que en el caso de Juan Manuel Santos en el 2018, podría fracasar estrepitosamente. Para empezar, este gobierno debería revisar cuidadosamente cómo nombra y entiende a los grupos armados para evitar reeditar estrategias fallidas de combate y desmovilización.

2. La naturaleza de las AGC: ni paramilitares ni “grupos multicrimen”

Ya mencionamos que las AGC son un grupo armado politizado. Entonces, es necesario superar los limitados enfoques que las identifican como un grupo paramilitar o un cartel de narcotráfico. La evidencia empírica ha demostrado ampliamente que no tienen vocación contrainsurgente, ya que han logrado pactos de no agresión y coadministración de rentas ilegales con el ELN en el sur de Bolívar y con el antiguo Bloque José María Córdoba de las antiguas Farc-EP en la región de Urabá.

Por otro lado, en regiones como el sur de Córdoba y los Montes de María han ejecutado varios “planes pistola” en contra de la Policía, y realizado acciones militares ofensivas y defensivas contra unidades del Ejército Nacional. Por tanto, sus vínculos con el Estado tampoco están tan claros. De igual manera, las campañas militares y policiales Agamenón I y II, desplegadas en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y sur de Córdoba (retaguardias estratégicas de las AGC) entre los años 2015 y 2022, son señales de cierta enemistad entre el Estado y las AGC que no puede ser ignorada. Esto, por supuesto, no implica que agentes estatales no puedan ser cooptados individualmente. No obstante, a diferencia de lo que observamos con las AUC, esos vínculos no se sostienen desde el nivel nacional.

En el mismo sentido, debe desmontarse la idea errada de que lo político y lo criminal son esferas antagónicas. El hecho de que su metarrelato político-ideológico no sea tan extendido (aunque lo han publicado en páginas web, tienen vídeos de Youtube mencionándolo y algunas entrevistas lo reafirman) no significa que no desplieguen actividades políticas. Al establecer normas de comportamiento que regulan sus interacciones con las comunidades, están construyendo ordenes sociales. Y esos ordenes son políticos, así como parte de su discurso y sus documentos internos.

3. Las AGC no pueden entenderse como una organización nacional

Un aspecto importante de las dinámicas orgánicas de las AGC es que a pesar de presentarse como una organización con presencia nacional, tiene comportamientos diferenciados en los territorios en los que hace presencia. Por ejemplo, mientras en el sur de Bolívar mantiene una paz mafiosa con el ELN y combate a la fuerza pública, en el Chocó mantiene una guerra abierta en contra de esa misma organización guerrillera. Una misma organización, pero dos dinámicas muy diferentes. Y este ejercicio lo podríamos hacer en cualquier subregión en la que las AGC tenga presencia activa.

Esta dinámica de comportamiento diferenciado según el territorio es fundamental a la hora de diseñar cualquier estrategia de guerra con esta organización armada, ya que demandaría enfoques territoriales hechos a la medida de cada subregión. Es decir, no en todos los territorios se necesitaría el mismo componente militar ni las mismas estrategias de fortalecimiento institucional.

Agamenón II demostró que la vía militar no es suficiente para su derrota estratégica, ya que en sus retaguardias han asumido funciones duras de Estado, llegando a construir procesos de gobernanza criminal. En otras palabras, legitimar al Estado y deslegitimar a las AGC es todavía una tarea pendiente. Sin embargo, no en todas las subregiones esa legitimación estatal se hace a través de los mismos medios.

4. Las AGC como un nodo de la criminalidad transnacional

Las AGC son una organización que oferta servicios logísticos para la exportación de clorhidrato de cocaína a narcotraficantes colombianos y extranjeros. Esto quiere decir que no son un cartel (con control sobre todas las fases del narcotráfico), sino un courier del narcotráfico. Es decir: su función está más relacionada con servir de proveedores y transportadores a otros actores en la cadena de criminalidad.

Esto puede parecer un tecnicismo, pero no lo es. Cuando Juan Manuel Santos formuló la ley de sometimiento a la justicia durante su segunda administración, Otoniel grabó un vídeo manifestando su intención de acogerse. Durante esos meses, la Defensoría del Pueblo registró cómo, en algunas comunidades del sur de Córdoba, hubo miembros de las AGC que reunieron a los cultivadores de coca y les afirmaron que si las AGC se desmovilizaban no había ningún problema porque ellos se encargarían de seguir cumpliéndoles a los “clientes”. Paralelamente, hubo emisarios de algunos carteles de droga mexicanos en Colombia que estaban buscando realizar alianzas para garantizar la oferta de cocaína si las AGC, su principal proveedor, dejaba de existir.

Así las cosas, las AGC, aunque a veces son representadas como todopoderosas, son en realidad solo un eslabón en la cadena del crimen transnacional. Eso complejiza negociar o combatir con ellos, porque pueden ser fortalecidos, combatidos o sustituidos por sus aliados internacionales, ya que necesitan mantener un flujo constante de drogas para abastecer sus mercados. Incluso si se logra su desmovilización, posiblemente los clientes transnacionales buscarán fortalecer a otros grupos para no interrumpir la cadena de criminalidad. En este sentido, es necesario que, en paralelo a cualquier escenario de paz o guerra con esta organización, se revise y replantee la actual política antidrogas que ha demostrado ser un fracaso, y se piense de qué forma se puede lograr desmantelar toda esa cadena transnacional de criminalidad.

5. ¿Qué hacer con los grupos subcontratados?

Como ya hemos mencionado, las AGC han sobrevivido, en una buena parte, gracias a la subcontratación criminal. A diferencia de otros grupos armados posAUC que buscaron expandirse territorialmente, las AGC entendieron pronto que en el nuevo escenario de criminalidad, tener presencia militar permanente en toda Colombia era un despropósito (atraía mayor atención mediática e institucional, y ya no contaban con el respaldo explícito o tácito de los organismos de seguridad para actuar). Por tanto, optaron por permanecer atrincherados en el Urabá, al tiempo que, cuando lo necesitan, subcontratan a otro grupo armado para que garantice sus intereses territoriales.

Así como las AGC hacen parte de una cadena de criminalidad transnacional, los grupos armados subcontratados hacen parte de una cadena de criminalidad nacional. Por tanto, desmantelar a las AGC tiene el potencial riesgo de generar un reacomodo de estos grupos locales con el propósito de sostener activos los circuitos de ilegalidad que permiten su existencia. Cualquier política seria de desmovilización de las AGC debe venir acompañada de un plan de desmantelamiento de las organizaciones subcontratadas.

6. Propuesta de sometimiento negociado: ¿localizada y transnacional?

Con todo esto no estamos diciendo que no sea posible un sometimiento negociado de las AGC. Todo lo contrario: estamos tratando de mostrar que, más allá de su desmovilización, una paz integral pasa por considerar todas las aristas de la organización. El gráfico que está debajo puede ayudar a entender esa pirámide y las aristas que se necesitan para lograr una paz holística.

Por un lado, como ya lo mencionamos, se necesitan estrategias tanto para las reacciones que los financiadores transnacionales pueden tener, como para la forma en que los grupos armados locales, subcontratados por las AGC, pueden verse afectados. Quizá haga falta pensar en diálogos subregionales paralelos a cualquier mesa de negociación para involucrar a todos los actores legales e ilegales que sostienen el conflicto en cada territorio.

Más importante aún, es necesario dejar de pensar la paz como un asunto entre el gobierno de turno y las organizaciones armadas. La criminalidad se sostiene gracias a la anuencia de miembros de la fuerza pública, de élites políticas que se alían con los ilegales, a élites empresariales que pagan por seguridad y a terratenientes que impiden la restitución de tierras. Si en un eventual proceso de sometimiento a la justicia estos actores no están presentes, posiblemente van a aliarse posteriormente con otros grupos ilegales que les ofrezcan posibilidades similares.

A las AGC hay que desmovilizarlas: estamos de acuerdo. Sin embargo, para que esa desmovilización funcione de verdad hace falta:

1. Reconocer su naturaleza politizada.
2. Entender que son una organización de carácter nacional, pero con múltiples facetas subregionales.
3. Comprenderlas como solo un nodo en la cadena de criminalidad transnacional.
4. Incluir en cualquier proceso de sometimiento a los grupos armados locales que han subcontratado.
5. Renunciar a la idea de “grupos multicrimen” como caracterizador de la organización.