Margarita Garcia

Ilustración: Stella Maris: Tierra Grata.

La eliminación o continuidad de los subsidios a las tarifas de energía eléctrica generarían problemas que van desde un aumento en la pobreza hasta una inadecuada estratificación. ¿Hora de un revolcón en el régimen tarifario de nuestro país? 

La Ley 143 de 1994 le dio impulso al uso de la estratificación socioeconómica en Colombia para focalizar los subsidios del Estado. Esta ley, basada en “los preceptos de equidad y solidaridad” diseñó un esquema a través del cual los usuarios de estratos altos y los usuarios comerciales e industriales ayudan a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios públicos. Por su parte, los estratos más bajos acceden a tarifas subsidiadas sobre una cantidad que se denominó consumo de subsistencia1: hasta el 60 % de subsidio a la tarifa para el estrato 1, hasta el 50 % para el estrato 2 y 15 % para el estrato 3. Este esquema de tarifas para el pago de los servicios públicos está hoy en el centro del debate nacional a causa de la deuda de casi 2.7 billones de pesos que tiene el Gobierno con las compañías eléctricas por concepto de subsidios. Como mostramos a continuación, eliminar los subsidios generaría un incremento significativo de la pobreza; pero también es cierto que mantener el esquema actual de focalización a través de la estratificación es insostenible e ineficiente porque se termina destinando un porcentaje significativo de los recursos de un sector en crisis a hogares que tienen capacidad de pago para solventar su propio consumo de energía.  

Sin subsidios aumenta la pobreza

El cobro de la tarifa plena de energía a estratos 1, 2 y 3 podría aumentar hasta 2.8 puntos porcentuales la proporción de personas en pobreza monetaria según la región del país.  Si los hogares estrato 1 pagaran la tarifa plena de energía, su gasto promedio se incrementaría en $44.000 adicionales en una ciudad como Tunja y en $89.000 más en Barranquilla. En estrato 2, el incremento sería entre $45.000 y $80.000, y en estrato 3 entre $12.000 y $25.000, dependiendo de la región del país.  Este incremento en el gasto de los hogares reduciría su ingreso disponible y llevaría a cerca de 275.000 personas en las 23 principales ciudades y Áreas Metropolitanas a caer por debajo de la línea de pobreza (cifra equivalente a llenar 6 veces el Estadio Metropolitano o 7 veces El Campín con población que cae en pobreza a raíz de esta medida). 

La asignación de los subsidios a través del estrato es ineficiente

El subsidio es indispensable para aliviar y reducir la pobreza, pero el instrumento para asignarlo se quedó obsoleto. Para usar una imagen que nos ayude a entender mejor, seguir usándolo es como llevar un carrotanque en medio de una sequía y repartir el agua con la manguera rota: aunque llega el recurso, se desperdicia, y no llega en las cantidades suficientes a quienes más lo necesitan. Entonces, la solución no es dejar de enviar el carrotanque sino arreglar la manguera. ¿Cuáles son las fallas del sistema de estratificación?

Para empezar, 9 de cada 10 colombianos reside en una vivienda estrato 1, 2 o 3.  Es, decir, el estrato no agrupa a la población de menores ingresos y, por lo tanto, es un instrumento demasiado “grueso” para determinar el valor que el consumidor debería retribuir al sistema por el beneficio recibido a través del servicio de energía eléctrica. 

Menos del 50 % de las personas en estrato 1 son pobres monetarias, mientras que la cifra en estratos 2 y 3 es de menos del 30 y 20 %, respectivamente. Incluso, si se usa una vara más amplia, como el porcentaje de personas en condición de pobreza y vulnerabilidad en Colombia (que asciende al 65 %), la mayoría de la población restante (35 %) aún seguiría recibiendo subsidios para el pago de energía como resultado del uso del estrato para tal fin.

De acuerdo con el Índice Multidimensional de Pobreza Energética, 4 de cada 10 “pobres energéticos en Colombia están en la región Caribe, y el 41 % de los habitantes reside en un municipio con mala calidad de la energía.

En segundo lugar, el subsidio es insuficiente para aquella parte de la población que sí lo necesita. Un buen ejemplo es la región Caribe, donde se ha concentrado la manifestación y el descontento a causa del drama en materia de energía que vive la población. Esta región se caracteriza por tener menores ingresos per cápita que el resto del país y, al tiempo, costos de la energía mucho más altos y con un servicio de calidad muy inferior. 

Para un mismo estrato, se pueden observar contrastes muy marcados en distintos lugares del país. Por ejemplo, el gasto en electricidad de los hogares del Caribe es más del doble que el del resto del país, a pesar de que el nivel de ingreso en general —y en cada estrato— es mucho más bajo. Como si fuera poco, de acuerdo con el Índice Multidimensional de Pobreza Energética, 4 de cada 10 pobres energéticos en Colombia están en la región Caribe2, y el 41% de los habitantes reside en un municipio con mala calidad de la energía. 

El menor pago en energía de un hogar con mayor capacidad en Bogotá (en comparación con uno del Caribe) inducido por el estrato, ¿no es una “pérdida” desde el punto de vista del bienestar social? ¿No deberíamos contar con una herramienta más precisa para determinar quién recibe subsidios para el pago de servicios públicos? Y, quizás ¿no se debería contemplar algún tipo de diferenciación para que regiones con mayor nivel de bienestar paguen un poco más por el mismo kw en comparación con regiones más pobres?

En medio de la dura situación fiscal que vive el Gobierno y la crisis en el sector de la energía, es imperativo hacer reformas que promuevan la calidad en el gasto social, procurando que cada peso eleve el bien-estar de los más pobres y reduzca inequidades, sobre todo en un tema fundamental como los servicios públicos. Llegó la hora de recalibrar el régimen tarifario: 

Ganan los más pobres (si los recursos se concentran en ellos y no en el 90% de la población del país como sucede hoy),  ganan las finanzas públicas (al apalancar recursos para pago de subsidios en la población que tiene capacidad de pago para cubrir su consumo y solventar el de los que tienen menor ingreso) y gana la industria (al acumular menos subsidios por cobrar al gobierno y recibirlos directamente del consumidor con capacidad de pago).

*Agradecemos a Aleyda Rodríguez por su valiosa corrección de estilo y los comentarios que enriquecieron esta columna. 

Referencias
1El consumo de subsistencia para los hogares que viven en municipios de climas templados y fríos – por encima de 1.000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) – es de 130 kWh/mes, y para los hogares que viven en municipios por debajo del 1.000 m.s.n.m el consumo básico subsidiado es de 173 kWh/mesSi los hogares sobrepasan este límite, los demás kilovatios que consuman son cobrados a tarifa plena. 2Promigas & Inclusión SAS (2024). El camino recorrido: Pobreza energética en Colombia 2022-2023. Análisis del Índice Multidimensional de Pobreza energética (IMPE). 
Angela Granger

Economista consultora de la firma Inclusión SAS y de la FAO.

Francisco Espinosa

Economista Socio-Fundador de la firma Inclusión SAS.

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