La importancia del Icetex

Colombia es un país con muchas desigualdades y altos niveles de pobreza, su crecimiento económico se ha estancado en los últimos años. Nuestro sistema educativo deja mucho que desear, hay indicadores que reflejan las desigualdades: por ejemplo, el promedio del índice de pobreza de aprendizaje era de 51 % en 2019 (lo que significa que el 51 % de estudiantes de diez años no podían leer ni comprender un texto simple. La medición es del Banco Mundial). Aunque en el país hay municipios con un índice de 20 %, que es el promedio de los países de altos ingresos, el índice en muchos municipios alcanza el 90 %, el promedio de los países del África Subsahariana. Igualmente, el índice es en promedio de 30 % en escuelas privadas y de 60 % en escuelas públicas.

El promedio para el país empeoró durante la epidemia del Covid, lo que significa que en el mejor de los casos la mitad de los niños colombianos de diez años no han aprendido a leer. Por esto es muy probable que nunca ingresen a la educación universitaria o a la técnica post-secundaria. En Colombia existe una gran diferencia entre las Tasas de retorno (el margen de beneficio o pérdida que se obtiene de una inversión a lo largo de un periodo) sociales y privadas, especialmente para el nivel terciario, donde la tasa privada es mucho mayor que la tasa social. De esta manera quien estudia educación superior tiene mayor capacidad de generar ingresos y pagar deudas. Por eso instituciones multilaterales han apoyado financieramente programas de inversión que apoyen esquemas de préstamos a estudiantes de educación terciaria.

Esto implica que el Gobierno tiene que ser innovador para encontrar mecanismos financieros que permitan incrementar las matrículas, especialmente las de jóvenes de familias con ingresos bajos. Entre estos mecanismos se han observado: recuperación del costo en forma selectiva, contratos de capital humano, transferencias condicionadas de dinero efectivo y, especialmente, préstamos estudiantiles. Por el aumento de estudiantes de secundaria, Colombia ha experimentado una mayor demanda para la educación terciaria, y a pesar de las intenciones de los últimos gobiernos de asumir el costo de la educación terciaria de muchos alumnos de bajos ingresos, el país no tiene suficiente dinero para cobijarlos a todos. Eso ha pasado en todos los países en vías de desarrollo, por eso es necesario que haya una presencia significativa de recursos privados.

En China, por ejemplo, cerca del 20 % del costo real de la educación terciaria pública es pagado por la familia del estudiante. En Vietnam, hasta hace unos años, la mayor parte del costo de la educación superior ofrecida por instituciones públicas era pagado por las familias de los estudiantes. Los limitados recursos estatales para educación tienen que focalizarse en actividades relacionadas con mejorar la equidad y la eficiencia de la educación pública, en mejorar la calidad de la educación básica, y en que aumente el número de matriculados de bajos ingresos en la educación terciaria. Para esto último es necesario financiarlos por medio de programas de préstamos y becas estudiantiles.  

La banca privada, como sucede en todo el mundo, no está en disposición de entrar en este negocio. El incremento de egresados profesionales es clave para mejorar las posibilidades de desarrollo del país; si queremos que los colombianos de bajos ingresos se beneficien en este sentido, el Estado debe balancear los esquemas financieros para lograrlo. Parte de este balance es que quienes se beneficien de los esfuerzos que el país hace por ellos, paguen el préstamo o parte del mismo.  

La experiencia internacional en países en vías de desarrollo muestra que proporcionar educación terciaria es responsabilidad principalmente del gobierno, y que los programas de préstamos estudiantiles para educación terciaria funcionan, inclusive para estratos como el 1, 2 y 3 en Colombia. El Icetex es un programa ejemplar en el contexto latinoamericano y mundial, ha sido determinante para permitir el acceso de cientos de miles de personas a la educación superior (yo, por ejemplo, pude estudiar mi carrera en la Universidad de los Andes, en los 60, gracias a que fui beneficiario del Icetex); también ha sido exitoso en atraer fondos de diferentes fuentes.

Para los recursos de préstamos estudiantiles, el Icetex ha dependido de la recuperación de cartera y de los ingresos por intereses, pero también de fondos de desarrollo regional, fondos fiduciarios de entidades públicas y privadas, ingresos de inversiones, créditos y redescuentos de bancos comerciales, contribuciones gubernamentales, donantes internacionales y bonos de ahorro educativos. Es esta base financiera diversificada la que ha permitido al Icetex continuar ofreciendo préstamos subsidiados a estudiantes mientras expande su base de capital. 

Sin embargo, no todas las modalidades de préstamos se pagan completamente, ya que algunas están dirigidas a estudiantes de bajos recursos que reciben alguna forma de subsidio, la gran mayoría de las veces menor al valor unitario de un estudiante en una universidad pública completamente financiada por el Estado. En otros casos, el periodo de pago es muy largo o los intereses son subsidiados. Por estas características de los préstamos, programas como el Icetex necesitan inyecciones de capital por parte del Estado. Muchos estudios alrededor del mundo concluyen que es factible introducir préstamos para estudiantes en los países en vías de desarrollo, ya que son más equitativos que los patrones existentes de matrículas total o altamente subsidiadas; también pueden contribuir a una mayor eficiencia al influir en la motivación de los estudiantes, al concienciar a los beneficiarios de los costos.

Los préstamos para estudiantes son flexibles y pueden utilizarse para ofrecer incentivos a grupos concretos de estudiantes o para cumplir objetivos específicos de demanda laboral (ocupaciones específicas que se necesitan en el mercado laboral). Además, los préstamos pueden proporcionar una importante fuente de financiación para la educación superior y la educación técnica y profesional a largo plazo. Esto podría liberar recursos que el Estado puede invertir en mejorar la calidad de la educación básica.