Hora de un cambio en la estrategia antidroga: en Colombia es mucho más efectivo incautar que erradicar a la fuerza

El uso de glifosato para acabar con los cultivos de hoja de coca en Colombia es uno de los temas de debate más álgidos de la política antidroga.

No solo se cuestionan los efectos negativos –advertidos por la comunidad médica– que podría tener sobre la salud de las personas de las poblaciones cercanas a las plantaciones fumigadas, sino que los resultados de su utilización en la reducción del área cultivada son discutibles.

Si bien es cierto que desde hace décadas en Colombia se han ensayado diferentes estrategias para combatir el narcotráfico, este continúa siendo un negocio ilícito que mueve cerca de $9 billones de pesos cada año, lo que equivale aproximadamente al 1.2 % del PIB.

Los resultados no son buenos: durante la última década, entre el 65 % y el 70 % de toda la cocaína consumida en el mundo ha sido producida en Colombia, independientemente del área sembrada de hoja de coca.

La aspersión con glifosato y la erradicación forzosa no parecen ser la mejor opción, y es mucho más eficaz atacar los laboratorios e incautar la cocaína lista para embarcar. Reconocidos expertos urgen un cambio radical en la política que este Gobierno ha establecido al atacar los eslabones menos importantes de la cadena.

Cambio de política, el camino

Cabe recordar que en 2007, en el marco del desarrollo del Plan Colombia, se hizo especial énfasis en las labores de interdicción, decomisando cocaína y destruyendo laboratorios.

Como resultado de esta estrategia, el número de hectáreas asperjadas se redujo un 40 % al pasar de 172 mil, en 2006, a 104 mil en 2009. Por otra parte, las incautaciones de cocaína pasaron de 127 toneladas a 203 toneladas en el mismo periodo de tiempo, lo que reflejó un aumento del 60 % en la estrategia de incautación.

Para la época, el número de laboratorios destruidos pasó de 2.300 a 2.900, incrementándose un 26 %.

Este cambio de énfasis en la política de drogas en Colombia indujo a una contracción de la oferta neta de cocaína colombiana de más de 50 % que se hizo evidente en toda la región. El precio por gramo puro de cocaína en Estados Unidos pasó de $135 dólares, en 2006, a $185 dólares en 2009 para compras de menos de dos gramos, y de $40 dólares a $68 dólares para compras entre los 10 y 50 gramos, según estimaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED).

Daniel Mejía, PhD. en Economía y académico asociado a la Universidad de los Andes, explica que las políticas de interdicción, al enfocarse en un eslabón mucho más importante de la cadena en el que se produce el mayor valor agregado, golpean el negocio de manera mucho más contundente que aquellas estrategias enfocadas en afectar los eslabones del cultivo y las etapas de producción de cocaína.

El académico afirma que cada tonelada de cocaína incautada por parte de las autoridades en una operación, equivale a sacar del mercado el producido de 14 mil hectáreas de hoja de coca.

Como ejemplo, Mejía señala que el pasado 29 de junio el Ministerio de Defensa anunció la incautación de 6 toneladas de cocaína en Samaniego, Nariño, pertenecientes al ELN, “Cada kilo de cocaína en la frontera de Colombia tiene un precio aproximado de $7 mil dólares, y el valor de la hoja de coca en una hectárea es de aproximadamente $500 dólares. La incautación de esas 6 toneladas equivale a haber sacado del mercado el producido de 84 mil hectáreas de hoja de coca”, anota Mejía.

Asimismo, señala el experto, para Estados Unidos el costo promedio de fumigación de una hectárea con coca, en el marco del programa de aspersión, es de $800 dólares, y por cada dólar que el país norteamericano invierte, Colombia gasta 2 dólares adicionales en componente militar, avionetas para la fumigación y compra del herbicida.

De tal manera, el costo promedio para fumigar una hectárea de hoja de coca es de $2.400 dólares. Si la aspersión tiene una efectividad del 3 % al 4 %, el costo medio total de eliminar, temporalmente, una hectárea de hoja de coca está entre los $80 mil y $108 mil dólares.

En ese sentido, Mejía manifiesta que a pesar de los enormes esfuerzos que ha hecho el país en la lucha contra el narcotráfico no se debe olvidar que la política de drogas, como cualquier otra política pública, debe evaluarse por sus resultados y no por sus intenciones.

Aumento de los cultivos ilícitos

El acelerado crecimiento de los cultivos ilícitos observado desde 2014, que pasó de 50 mil hectáreas, a cerca de 170 mil hectáreas, llevó a la reapertura de los debates sobre la conveniencia de reanudar el programa de aspersión aérea con glifosato, que fue suspendida en 2015 debido a los efectos “probablemente cancerígenos” del herbicida.

No obstante, en 2017 la Corte Constitucional indicó que el Consejo Nacional de Estupefacientes podría reversar la posición sobre el glifosato si se cumplían las pautas específicas para minimizar su impacto sobre la salud de los pobladores que habitúan en cercanía a las zonas de fumigación.

Es por esto que, una vez posesionado el nuevo Gobierno en 2018, se dio un cambio de rumbo al considerar la fumigación aérea como una posible solución al aumento reciente de los cultivos de coca.

¿Pero fue realmente la suspensión de la aspersión la responsable del aumento de los cultivos que se viene reflejando desde hace siete años? En una audiencia pública sobre el tema, en 2019, el expresidente Juan Manuel Santos objetó la idea y aseguró que había por lo menos otros cuatro factores claves que incidieron en el aumento.

Por un lado –expresó el exjefe de Estado– la devaluación del peso aumentó la rentabilidad del tráfico de drogas y la caída de los precios del oro redujo el costo de oportunidad de cultivar coca.

Por otro, el reposicionamiento de bandas criminales en áreas previamente controladas por la guerrilla de las Farc y el anuncio “ingenuo y a destiempo” de un programa de incentivos para la sustitución de cultivos de coca incidieron en este inusitado aumento.

Con cada vez más razones y evidencias de lo que funciona y lo que no funciona, es hora de que los gobiernos presten atención a estudios y opiniones de los expertos y cambien de plan, haciendo más énfasis en los decomisos que en la fumigación o la erradicación forzosa, valiéndose muchas veces de ejército, que tiene retos enormes en materia de control de muchas zonas de nuestro territorio.

No hay que obviar que, por cuenta de esta lucha, han sido asesinados 76.000 colombianos entre 1994 y 2015 en la llamada “guerra contra las drogas”. Mientras el mundo logra aceptar que el camino pasa por regular y despenalizar, el cambio de estrategia en Colombia no da espera.