Coca: atacar para después regular

La producción de sustancias psicoactivas, especialmente la cocaína, ha sido parte fundamental de la historia de Colombia en los últimos 40 años. Este fenómeno ha contribuido al recrudecimiento de la violencia, entre otros problemas sociales reconocidos por la comunidad internacional. Igualmente, ha generado una alta regulación legislativa, caracterizada por ser cada vez más represiva e influenciada por tratados y visiones internacionales. Recientemente, el senador Iván Marulanda presentó un proyecto de ley revolucionario frente al manejo de la producción de cocaína que busca regularla, al igual que el tráfico y la exportación de dicha sustancia. En esta columna presentamos los aspectos positivos del proyecto de ley, sus limitaciones y aspectos que consideramos fundamentales resolver para su implementación.

La política antidroga colombiana ha tenido pocos efectos positivos. Por un lado, la aspersión aérea no es eficiente para reducir los cultivos de uso ilícito y tiene efectos negativos en la deforestación, violencia y salud¹. Por el otro, la sustitución de cultivos ilícitos, hasta el momento, tampoco ha generado los resultados esperados. En el caso del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), se encontró que el anuncio del programa aumentó los incentivos para cultivar coca. Sin embargo, las últimas cifras de UNODC son alentadoras en cuanto sugieren que la reducción de cultivos se ha presentado en los municipios beneficiarios del programa. Del mismo modo, el PNIS también parece tener efectos no intencionados en violencia, especialmente contra líderes sociales que eran los responsables de consolidar los acuerdos del programa.

Adicional a la ineficacia de la política antidrogas en la reducción de los cultivos ilícitos, la prohibición se ha relacionado con fenómenos sociales no deseados como la criminalidad. Teóricamente se ha planteado que la violencia es la única herramienta disponible para hacer cumplir los contratos en la producción y tráfico de drogas porque son actividades ilegales². No obstante, Adda y sus coautores muestran, a través de simulaciones, que la despenalización del porte de marihuana mejoraría la asignación de policías y reduciría el crimen cuando la despenalización se realiza en toda la ciudad³. Si bien es incierto el efecto de la regulación en el consumo, existe evidencia que sugiere que, en Portugal, posterior a la despenalización en 2001, no hubo aumentos en las muertes por sobredosis al comparar las tendencias con países vecinos⁴. Por lo tanto, la evidencia parece no ser robusta en mostrar que la prohibición ha sido efectiva en reducir el consumo, mientras que sí ha generado múltiples resultados negativos para las sociedades.

A pesar de que la evidencia sostiene que el proyecto de ley va en la dirección correcta, existen limitaciones que son importantes considerar. El proyecto establece que el Estado comprará a los cultivadores la cantidad de hoja de coca necesaria para suplir la demanda nacional e internacional legal de los derivados psicoactivos de la hoja de coca. Es decir, el Estado se convertirá en el principal distribuidor y exportador de los derivados psicoactivos de la hoja de coca. Como el país se ha comprometido con la lucha contra las drogas, este cambio sustancial en la posición de Colombia tiene implicaciones internacionales. Específicamente, hemos participado en la promoción de unos principios acogidos por la comunidad internacional orientados hacia la responsabilidad común y compartida, multilateralidad, cooperación internacional y respeto de los derechos humanos⁵. Debido a esto, se han desarrollado tratados internacionales que han ratificado el compromiso de Colombia frente a la lucha contra las drogas y han posibilitado la producción de legislación nacional encaminada a materializar estos acuerdos.

El tratado más importante ratificado por Colombia es la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas psicotrópicas en 1988, el cual obliga a los Estados a penalizar el cultivo, la distribución, venta y todo lo relacionado con el tráfico de drogas ilícitas⁶. La importancia de la ratificación de estos tratados es que, además de que están incorporados en el bloque de constitucionalidad, implican un compromiso con la comunidad internacional. Así, el país tiene obligaciones internacionales que se derivan de esos tratados firmados y de llegarse a aprobar el proyecto de ley, Colombia las incumpliría y se expondría a importantes sanciones económicas y diplomáticas. Este aislamiento internacional no es deseable porque la cooperación internacional es esencial en el mundo globalizado. La importancia de las relaciones diplomáticas se ha materializado en la pandemia a través de importantes contribuciones en equipos de salud y financiamiento económico.

Adicional al compromiso internacional, la incorporación de estos tratados ha generado una importante producción legislativa interna en materia de penalización de las drogas: prohibición del consumo, lucha contra el narcotráfico, erradicación de cultivos, prevención y educación⁷. Las reformas necesarias para implementar el proyecto deben considerar la economía política entendiendo que, además de los cambios legales, es necesario pensar en la viabilidad política, social y cultural en un contexto en el cual no se prevé que este progresismo sea aceptado por la opinión pública y tampoco sea rentable electoralmente para los representantes políticos.

La moralidad frente al consumo y tráfico de drogas es el resultado de directrices internacionales. Sin embargo, parecería que estos discursos están condicionados a la posición de los países en el escenario internacional y a su situación frente a la producción de algunas sustancias. Por ejemplo, la despenalización del uso de la marihuana se ha dado progresivamente a medida que Estados Unidos se convirtió en el primer productor de esta sustancia, mientras exigía mayores restricciones frente a la producción de cocaína en Colombia. Así, se evidencia que los costos sociales de este fenómeno son asumidos por los países productores que no han tenido la capacidad diplomática de influir en el escenario internacional y lograr cambiar el discurso prohibicionista. Como resultado, gran parte de la población colombiana ha aceptado ese discurso moralista que prohíbe y pretende erradicar los cultivos y, a su vez, permite otro tipo de actividades igualmente nocivas para la salud como el consumo de alcohol o cigarrillo. Por lo tanto, mientras se dan las condiciones jurídicas y las bases sociales y culturales para promover la implementación de una política como la regulación, debemos enfocarnos en soluciones pragmáticas que mejoren el manejo de las drogas ilícitas en el país dejando de lado moralismos incoherentes.

Se debe empezar por un trabajo diplomático arduo que ponga sobre la mesa la discusión sobre la regulación, partiendo de la evidencia sobre la ineficiencia de las medidas tradicionales y sus efectos adversos en la población civil. Una regulación unilateral implica modificar convenciones que requieren de un trabajo diplomático complejo y con poca viabilidad. Para esto, es esencial que el servicio diplomático, aprovechando la posición y liderazgo que tiene Colombia en esta problemática, cambie la postura que hemos mantenido frente al prohibicionismo e implemente un discurso crítico que ponga en evidencia los costos sociales que estas medidas han generado⁸. Es necesario cambiar la definición del problema de las drogas ilícitas y migrar del enfoque de los cultivos a la producción de cocaína. Este cambio en la definición del problema permite atacar el tráfico, que concentra más del 70% del valor agregado de esta droga, y así afectar a las organizaciones criminales a través de sus ingresos y evitar las consecuencias negativas para las comunidades locales. De esta manera, el narcotráfico se puede atacar eficientemente mientras que se construyen las bases jurídicas internas y geopolíticas para que la implementación de la regulación de los derivados de la hoja de coca sea viable en algunos años. 

REFERENCIAS

¹Para los escépticos, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) construyó una base de datos con más de 70 artículos que sostienen este argumento.

²Goldstein, Paul J. “The Drugs/Violence Nexus: A Tripartite Conceptual Framework.” Journal of Drug Issues 15, no. 4 (October 1985): 493–506.

³Adda, Jérôme, Brendon McConnell, and Imran Rasul. «Crime and the Depenalization of Cannabis Possession: Evidence from a Policing Experiment.» Journal of Political Economy 122, no. 5 (2014): 1130-202.

⁴Caitlin Elizabeth Hughes, Alex Stevens, What Can We Learn From The Portuguese Decriminalization of Illicit Drugs?, The British Journal of Criminology, Volume 50, Issue 6, November 2010, Pages 999–1022.

⁵Ministerio de Relaciones Exteriores, “Lucha Contra El Problema Mundial De Las Drogas,” 19 de septiembre, 2020. https://www.cancilleria.gov.co/node/331

⁶Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. “Convención De Las Naciones Unidas Contra El Tráfico Ilícito De Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 1988.” 1988 Convention, 1988. https://www.incb.org/incb/es/precursors/1988-convention.html

⁷Uprimny, Rodrigo, and Diana Esther Guzmán. “Políticas De Drogas y Situación Carcelaria En Colombia.” Dejusticia, 2017. https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_188.pdf.