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La crisis humanitaria en el nororiente del país llevó a la declaratoria de conmoción interior por parte del Gobierno Nacional. Foto: AP
La región del Catatumbo, sumida en la violencia y el abandono, vive bajo la ley de los grupos armados. La falta de presencia estatal y la guerra por el control territorial han convertido a sus habitantes en víctimas de un conflicto sin fin, donde el olvido y el narcotráfico definen su día a día.
El Catatumbo arde por la confrontación armada de grupos ilegales que tienen una puja a muerte por el territorio en el que, por décadas, ellos han hecho las veces del Estado. El más reciente informe de la Defensoría de Pueblo presenta estadísticas abrumadoras: más de 47.000 civiles desplazados, seis firmantes del proceso de paz con las extintas Farc asesinados, siete desaparecidos y ciento dos desplazados con sus familias. El pasado 27 de enero se conoció el asesinato de trece personas, tres de ellos menores de edad, que se suman a los 41 homicidios reportados por el Ministerio de Defensa en 12 días de violencia. Los números y las imágenes de cientos de familias que migran hacia Cúcuta y Venezuela son la muestra viva del fracaso, no solo de la política de paz del Gobierno Petro, sino de años de gobiernos que han privilegiado el centralismo y que han condenado a cientos de territorios a vivir a merced de grupos armados que luchan por controlar las economías ilegales de los territorios.
Arturo Rodríguez es cucuteño, pero trabaja en el Catatumbo y es un líder social de Fuerza Común, un movimiento social y político del Polo Democrático que le relató a Contexto cómo viven los pobladores de esta región:
“En el Catatumbo, el Estado no existe en el sentido de que la ley la ponen los grupos armados. Ellos regulan los precios de las mercancías, solucionan problemas de cualquier tipo: violencia intrafamiliar, robos, violaciones o riñas. Son los dueños de la norma. Ante un delito fuerte, los castigos van desde cortarle la mano a ladrón o condenar a muerte a un asesino. También regulan el consumo de droga, desnudando y poniéndoles carteles a los inculpados, mientras los hacen caminar por las calles del pueblo. Dependiendo la gravedad de los asuntos, los castigos que no son mortales, pueden terminar en trabajo comunitario, la humillación pública o el destierro”, detalla el líder social, quien prosigue:
“En la Pandemia, fueron estos grupos los que repartieron tapabocas y vacunas. Ellos construyen puentes, arreglan vías terciarias y por ejemplo, en la parte alta de Tibú, hicieron un centro de salud. Esa es una clara evidencia del olvido estatal que sufrimos… Del otro lado están las Juntas de acción Comunal, que tienen comités de convivencia para ayudar a dirimir discusiones leves. Hay decisiones que se toman por asamblea, por ejemplo, acueductos comunitarios y algunas inversiones. El Estado concreta con ellos los acuerdos que pueden traer desarrollo a la zona, que han sido pocos porque al Catatumbo solo se le ha visto en términos extractivistas y de economías ilegales”.
Realidades como la narrada por Arturo son ya historia patria. Aquí, la noción de Estado se ha reducido a la movilización de tropas del ejército y la creación de batallones y estaciones de policía. El Catatumbo es una gran extensión de terreno con multitud de recursos naturales y poca infraestructura, donde los jóvenes toman las armas para subsistir y los campesinos hacen maromas para no ver sus cultivos y proyectos productivos podrirse por falta de vías y de inversión para industrializarlos. La guerra no solo es el ruido de las balas y el temor constante de morirse y de ver morir al otro, sino el olvido, la deshumanización y la anulación de los sueños más simples de cientos de pobladores que se vuelven una estadística cuando se recrudece la puja por el territorio, y una masa de votantes a quienes cada cuatro años se les puede vender el sueño de ser por fin tenidos en cuenta por el gobernante de turno.
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La crisis sin precedentes en el Catatumbo deja hasta el momento a más de 47.000 personas desplazadas. Foto: La Prensa de Monagas.
El ELN, una guerrilla con intereses estratégicos en la frontera
Esta región que hoy ocupa las primeras planas de las noticias, ha sido testigo de décadas de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares. Como resultado, los últimos lograron tomar control de las tierras planas, ideales para el cultivo y la ganadería, mientras que las guerrillas se refugiarían en las montañas. El ELN, cuya fuerza militar se consolidó desde el gobierno de Santos, ha superado a otros actores armados en la región. Su control del territorio no solo responde a la monopolización de las rentas derivadas de los cultivos de coca y la minería ilegal, sino también a su rol clave en la vigilancia de la frontera y a su presencia estratégica en Venezuela. Así lo ratificó a la opinión pública Camilo González Pozo, jefe de la delegación de paz de gobierno.
En el vecino país, los elenos actúan como una fuerza paraestatal alineada con los intereses del régimen de Nicolás Maduro. Aunque su accionar no alcanza la brutalidad de los paramilitares, responsables de innumerables masacres en Colombia, el ELN sigue siendo una fuerza clave en ambos lados de la frontera, con el apoyo tácito de Maduro, quien, ante posibles amenazas desde Colombia ve en el fortalecimiento del ELN una estrategia política y militar para asegurar sus intereses en la región.
La paz total es una política compleja que quizás se quede como el gran sueño de un presidente que pensó que la negociación con las guerrillas sería sencilla por un asunto de militancia y afinidad ideológica.
Alimentando al enemigo
El conflicto en el Catatumbo adquiere una nueva dimensión con la presencia de los firmantes de paz y el frente 33 de las disidencias de las Farc. En la región se sabe que el ELN jugó un rol clave en el fortalecimiento de estos grupos.
Así lo explica Yuri Carrascal, politólogo, magíster en Políticas Públicas y profesor universitario, quien ha vivido de cerca el conflicto: “Cuando las disidencias de las Farc resurgen, lo hacen con apoyo armamentístico de los elenos, pero a medida que se fortalecen, entran en conflicto con los intereses de esta guerrilla. En un momento, los mandos de la disidencia 33 comienzan a desafiar esa dependencia”. En el Catatumbo, todos se conocen, y la lealtad a un grupo u otro está clara. Esto, como señala Carrascal, juega en contra de los firmantes de paz, muchos de los cuales fueron asesinados en estado de indefensión y fuera de combate.
Carrascal también señala que “con la caída del muro de Berlín, no hay más razones ideológicas para la guerra en Colombia. De hecho, todas las guerrillas en América Latina se desmovilizaron. La guerra persiste porque hay una fuente económica que la financia. Esa fuente en el Catatumbo es el narcotráfico, cuya ganancia anual se ha calculado en unos diez billones de pesos, cifra comparable a la totalidad de la cosecha cafetera del país. Esta economía ilegal es lo que mantiene vivo el conflicto, y hace prosperar a cualquier grupo armado”.
El sueño roto del presidente Petro
La paz total es una política compleja que quizás se quede como el gran sueño de un presidente que pensó que la negociación con las guerrillas sería sencilla por un asunto de militancia y afinidad ideológica.
El pacto del Catatumbo es un plan de desarrollo social y económico concertado entre el Gobierno Nacional y las comunidades que busca llevar educación, salud acueductos y desarrollo a esta zona del país para garantizar que el estado sea un actor con presencia real, sin embargo, entre la burocracia y la guerra, su implementación va a paso de tortuga.
Al revisar la naturaleza de este pacto que está en suspenso, pero que es una iniciativa para saldar una deuda estatal de décadas de abandono, y contrastarlos con los videos y comunicados a la opinión pública de los elenos, se evidencia cómo el gobierno ha vaciado el discurso sobre el que apuntan las armas, dejando a esta guerrilla sin relevancia retórica.
El fuego de la tragedia del Catatumbo consume cualquier resquicio de ideología. Hoy los elenos mantienen una especie de totalitarismo que trajo al presente los peores momentos de nuestra historia: miles de desplazados, firmantes de paz asesinados, una población civil acorralada por la falta de una política gubernamental de seguridad efectiva, y unos cuantos políticos y opinadores capaces de hacer política con las tragedias humanas.
Yarley García
Cronista y analista política. @yayisanaliza
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