Universidad pública / universidad privada, ¿una falsa dicotomía?

En los últimos días, una dura realidad para miles de estudiantes universitarios en Colombia ha copado los titulares de los medios y las redes sociales. Algo que debería ser un mero trámite, que es el giro de recursos de la nación al Icetex para financiar los préstamos para estudios de educación superior, se ha convertido en otro motivo de discusión y frustración. No es un problema público que requiera diseños, ni licencias ambientales, tampoco es un asunto de alta complejidad. Se supone, además, que al ser la educación un bien público de carácter prioritario su cupo dentro del Presupuesto General de la Nación debería estar garantizado. Pero no.

Se ha hablado de una deuda de aproximadamente $400 mil millones del Estado con las Instituciones de Educación Superior (IES). Se afirma que eventualmente van a girar los recursos pendientes de 2024, también se dice que no hay suficientes recursos para 2025, y hasta se les pide a las universidades que pospongan el inicio del semestre. El panorama hoy es incierto y ha dado lugar a controversias y propuestas que bien pueden darse, pero sin afectar el curso normal de lo que ya está establecido y que ha beneficiado a cientos de miles de colombianos. 

Más allá de las responsabilidades de las distintas entidades o funcionarios, se argumenta en torno al carácter de las universidades. Se afirma que el Icetex financia estudiantes de las universidades privadas, que los recursos públicos que se destinan a esto van en detrimento de la educación pública o del fortalecimiento de la universidades públicas.

El tema amerita un análisis más profundo. Primero hay que decir que la educación superior juega un papel crucial en la movilidad social. Pasar de la pobreza a la riqueza en Colombia en una generación es prácticamente imposible, a menos que las personas se dediquen a actividades ilícitas. Diversos estudios señalan que a una familia de bajos ingresos puede tomarle más de diez generaciones alcanzar un ingreso medio. Una educación superior de calidad puede romper esta situación de pobreza. Por ello la segregación en el acceso a una educación de calidad puede limitar la movilidad social. Y lo que el Icetex precisamente hace es facilitarles el acceso a la educación superior a personas que carecen de recursos económicos.

Investigadores de la escuela de gobierno Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes, dan cifras contundentes respecto a esta realidad. Al año 2002, en Colombia de cada 100 jóvenes solo 56 terminaban la educación básica y 22 la educación superior. Asimismo el acceso a esta última es desigual: el 30.3 % de los estudiantes de hogares por debajo de la línea de pobreza acceden, mientras el 56.6 % de los que están por encima de esa línea lo hacen. Si se consideran solo las instituciones acreditadas, la inequidad en el acceso es mayor. Los indicadores de participación son en todo caso distantes de los promedios de los países de la Ocde.

Un tema clave es el de la calidad de la institución. El impacto de la educación superior en la movilidad social es directamente proporcional a esta, y se mide por acreditación, pruebas Saber Pro y comparativos internacionales. No son muchas las universidades de calidad en Colombia: entre otras, algunas públicas como la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia y el Valle, y otras privadas entre las que se pueden contar la Universidad de Los Andes, la Universidad Javeriana y la Universidad del Norte. En ese sentido, creo que es más lógico y eficiente fortalecer o ampliar el acceso a las universidades acreditadas. Esto tiene dos vías complementarias: aumentar la oferta, asignando mayores recursos a las universidades públicas acreditadas; y aumentar la demanda con subsidios como Ser Pilo Paga, o simplemente facilitando créditos, subsidiados o no, del Icetex. Crear nuevas universidades, de calidad, es mucho más complejo. Peor aún invertir en universidades no acreditadas

Programas como Ser Pilo Paga, que benefició a más de 40.000 estudiantes desde 2015, y Generación E –menos generoso– cumplen con el propósito de subsidiar la demanda. Los criterios de selección se basan en los puntajes en las pruebas Saber 11, en tener admisión a una universidad acreditada, y en un tope en el puntaje Sisben. Dicho de otra manera, buscan darle acceso a estudiantes pobres o de estratos bajos a universidades de calidad y por ende contribuir a su movilidad social. 

Los resultados de distintas evaluaciones son contundentes. Ser Pilo Paga prácticamente dobló la probabilidad de acceso de un estudiante pobre a la educación superior de calidad. Con variaciones por carrera y por obstáculos propios del mercado laboral, en general los estudiantes beneficiarios de estos programas mostraron buenos rendimientos académicos, baja deserción e integración al mercado laboral una vez culminaron sus estudios. La mayor parte de esos 40.000 beneficiarios, por no decir todos, probablemente no hubieran podido estudiar. 

La discusión de si las universidades son públicas o privadas parecería sobrar considerando que lo importante es la calidad. Sin embargo, vale la pena aportar otros elementos en la discusión.

Lo primero es decir que las que llaman privadas no son exactamente tales; son entidades sin ánimo de lucro, no tienen dueños –hablo de las reconocidas y no las que popularmente se conocen como universidades de garaje–. Estas universidades históricamente se han financiado con donaciones y aportes de fundaciones y empresas nacionales o internacionales, generación de recursos propios a través de investigaciones o consultorías, y también con matrículas, muchas financiadas por el Icetex. Si se miran las cifras de la última década, es notorio el aumento de estudiantes de bajos recursos con becas en las universidades más acreditadas del país.

Por otro lado, los esquemas de gobernanza de estas universidades privadas, establecidos dentro de los parámetros de las leyes que rigen la educación, garantizan autonomía, participación de estudiantes y profesores, y esquemas pluralistas de educación.

El tema de los costos debe mirarse también desde una perspectiva amplia. Los costos para la sociedad colombiana del semestre de un estudiante son, en general, ligeramente mayores en las llamadas universidades públicas. Desafortunadamente, varias de estas por su carácter público no han estado ajenas a los efectos de la politización o el clientelismo, lo que termina impactando en sus finanzas.

De todas maneras, reconociendo la calidad que existe en ambos tipos de universidades, lo más sano es fortalecerlas para que el estudiante que cumple con los requisitos de ingreso sea quien escoja. Que los apoyos financieros y subsidios que entrega el Icetex sean el verdadero derecho a la educación. De esta manera, el Estado cumple con su obligación de dar educación de calidad y de buscar la reducción de las desigualdades.