Se erosiona la seguridad en Colombia: ¿motivo para la llegada de un gobierno de “mano dura”?

En muchas naciones de América Latina como México y más recientemente Ecuador, se ha evidenciado una delicada expansión de grupos armados no estatales que han logrado consolidar un poder económico, político y social en distintas partes del territorio, en el cual imponen sus leyes y normas de conducta sustituyendo al Estado. Es decir, dichos grupos realizan las funciones que este debería cumplir: el cobro de impuestos, la realización de obras públicas, el ejercicio de la autoridad y la aplicación de justicia. 

A este proceso de debilitamiento de la presencia estatal en el territorio no escapa Colombia. En nuestro país, y de manera creciente, estamos observando la emergencia de estos remedos de Estado a nivel regional o local. Se trata de grupos armados ilegales, ya sea de origen político –como el grupo disidente de las Farc Estado Mayor Central, el grupo reincidente Nueva Marquetalia o el ELN–, o ya sean abiertamente criminales –el Clan de Golfo o Los Pachencas–, que buscan el dominio de porciones del territorio.

Para consolidar estos dominios territoriales estas organizaciones buscan un control de la población local mediante una combinación de discursos ideológicos, generación de miedo y adhesión pragmática. 

Ideología, miedo y pragmatismo

Es importante subrayar que los discursos ideológicos, así sean cada día más débiles, ya no provienen solo de los grupos provenientes de las antiguas Farc o el ELN, si no, incluso, de los grupos criminales: basta señalar que el Clan del Golfo ahora se hace llamar de manera pomposa el Ejército Gaitanista de Colombia (AGC) y Los Pachencas, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn). A los discursos que tienen como objeto intentar justificar las razones de su accionar armado, estos grupos le están añadiendo la ejecución de obras de infraestructura con el objeto de deslegitimar al Estado central y a las autoridades departamentales y municipales, a las cuales quieren hacer ver como ausentes, incapaces o renuentes para impulsar los programas de desarrollo que requiere la comunidad local. 

Un segundo mecanismo de control de la población es mediante la generación de miedo, utilizando la amenaza y la violencia como uno de los ejes del orden social que buscan implantar. El clima de miedo se basa en una lógica perversa: o están conmigo o están contra mí. Este mecanismo de control se logra mediante paros armados, confinamiento de la población, asesinatos selectivos y, ante todo, el desplazamiento de la población renuente al “señor de la guerra” local. 

Por último, estos grupos están intentando ganar el consentimiento de la población que permanece en sus áreas de influencia mediante la generación de empleos gracias a un amplio portafolio criminal: cultivos, laboratorios y comercialización de drogas ilícitas, microtráfico, minería ilegal, tráfico de personas, deforestación y ocupación de baldíos de la Nación, etc. Es decir, una adhesión pragmática. 

Aun cuando en estos ordenamientos regionales dominados por grupos armados no estatales existen normas que buscan regular la vida local, no están libres de altos niveles de arbitrariedad. No se trata, propiamente, de “Estados de Derecho”. 

De la desterritorialización a las gobernanzas armadas

Lo grave es que este proceso de fragmentación del territorio está creciendo día a día y que las equivocadas políticas del Gobierno Nacional lo están favoreciendo. Un ejemplo, entre muchos otros, es el estímulo abierto o soterrado a la creación sin fundamento legal de las guardias indígenas, campesinas y cimarronas en detrimento del monopolio del uso de la fuerza legítima por parte del Estado. 

Colombia está en un momento crítico de transición en la dinámica de la violencia interna. Si bien el país ha enfrentado desde hace ya muchos años un fenómeno de desterritorialización, es decir, de la presencia de grupos armados de izquierda (guerrillas) o de derecha (grupos paramilitares) en numerosas regiones del país, en los últimos años estamos transitando hacia un estadio más delicado: la construcción de focos paraestatales de poder regional, acompañado de un desplazamiento de la dinámica espacial del conflicto armado hacia las fronteras. 

La fragilización de las fronteras

En efecto, uno de los factores que está incidiendo en la expansión de estas “gobernanzas armadas”¹ es la fragilidad creciente y simultánea de las fronteras terrestres y marítimas del país y de los territorios adyacentes. Un fenómeno muy similar al que se está observando hoy en día en naciones como México, Guatemala o Ecuador.

Un ejemplo entre muchos otros es el del Cañón de Micay y la Costa Pacífica, interconectados por rutas clandestinas. 

Según datos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, los dos municipios (El Tambo y Argelia) que abarca el Cañón del Micay, representan hoy en día el 75 % de las 25.000 hectáreas de hoja de coca en el Cauca y están interconectados por un corredor que va desde El Plateado hasta el Océano Pacífico, como puerta de salida para la comercialización de la cocaína. 

Hoy en día Colombia está llena de estos corredores estratégicos que van desde las regiones próximas a las fronteras marítimas y terrestres. Así se evidencia en los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo o Caquetá o en regiones como el Catatumbo o el Bajo Cauca antioqueño, donde estos corredores se dirigen hacia nuestros dos océanos o hacia los paises vecinos, ya sea por senderos selváticos, por la alta montaña o por vía fluvial, aprovechando que la hidrografía de nuestro país es una de las más ricas del mundo y se distribuye en cinco vertientes: las del Catatumbo, Orinoco, Amazonas, Pacífico y Caribe. 

Colombia se asemeja así a un enorme colador lleno de rutas para la movilización de tropas irregulares, de rutas para el abastecimiento de armas, municiones u explosivos y de rutas para el tráfico de drogas ilícitas, oro, coltán, etc. En algunas ocasiones las funciones de estas rutas se superponen y en otras se especializan en una sola finalidad. 

¿Qué hacer? 

Este proceso de creciente fragmentación del territorio nacional y de emergencia de contraestados locales y regionales constituye un enorme riesgo para el futuro de la democracia en nuestro país.

No olvidemos que un fenómeno similar llevó al triunfo de Nayib Bukele en El Salvador –el dictador más cool del mundo, como él mismo se califica–, quien hoy en día, a pesar de sus cuestionables métodos de gobierno, es el presidente con mayores niveles de aceptación en América Latina. Sin duda, el control de zonas urbanas y suburbanas por parte de las Maras Salvatrucha y Barrio 18 desbordó la paciencia de la población salvadoreña y su deseo de orden le abrió el camino a este regimen autoritario. 

En Colombia podemos estar viviendo un proceso simultáneo de erosión de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y de debilitamiento de la adhesión ciudadana a las instituciones democráticas. Los llamamientos para un gobierno de “mano dura” se multiplican día a día en el país. 

Es el momento de reaccionar y de recuperar el monopolio estatal de las armas, ya sea gracias al éxito de los procesos de paz en curso; mediante una recuperación de la seguridad pública o, como nos enseñó Antanas Mockus y se aplicó en el proceso de paz con las Farc en La Habana, mediante una sabia combinación de garrote y zanahoria.  

El gobierno de Gustavo Petro no nos puede dejar como herencia un país fracturado y derechizado. 

Referencias

¹ Luis Fernando Trejos, Reynell Badillo y Juan Corredor, “Sustituir las gobernanzas Armadas: el reto de la paz total”, en La Silla Vacía, 9 de diciembre de 2022.