Paz Total: un pasito adelante y dos para atrás

La apuesta emblemática del gobierno Petro de hacer negociaciones simultáneas con múltiples grupos armados ilegales y bandas criminales para alcanzar una Paz Total ha llegado, al cumplirse un año de su mandato, a una coyuntura crítica que requiere definiciones y considerar posibles cambios de rumbo.

Si bien hay avances notables en el proceso con el ELN, las demás mesas de negociación que se han abierto enfrentan importantes obstáculos, principalmente en materia legal, que difícilmente podrán superarse en medio de la actual volatilidad política y de la pérdida de gobernabilidad del Ejecutivo.

Hasta ahora son al menos ocho tableros de negociación los que ha hecho públicos el Gobierno. El principal es con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupo con el cual se retomó el hilo dejado por el gobierno Santos y que fue suspendido en el cuatrienio anterior. Por ahora, es el proceso más serio y con avances palpables. Hace pocos días arrancó un cese al fuego bilateral por seis meses, con protocolos más o menos claros y un mecanismo de monitoreo y verificación avalado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se instaló el Comité Nacional para diseñar la fórmula mediante la cual los colombianos participaríamos en un proceso que se espera conduzca a un gran acuerdo nacional de transformaciones.

Aún así, el porvenir de este proceso no está asegurado. Depende en buena medida de lo que pase en los otros tableros de negociación, particularmente con las dos facciones disidentes de las extintas FARC y el Clan del Golfo, con las que el ELN tiene abiertas disputas territoriales.

El escenario de negociación con estos grupos está lleno de incertidumbres. En el caso de las disidencias, una incógnita determinante tiene que ver con la posibilidad de llevar a cabo una negociación de paz con miras a un acuerdo político. El presidente Petro les otorgó prematuramente estatus político tanto al autodenominado Estado Mayor Central (EMC), como a la Segunda Marquetalia (SM), pese a que la ley de orden público (Ley 2272) sancionada por el propio gobierno a finales del año pasado, explícitamente negaba esta posibilidad para miembros de grupos armados que se hubiesen desmovilizado mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano. Es muy probable que este punto sea reafirmado por la Corte Constitucional que actualmente revisa dicha ley.

De ser así, quedarían por fuera de la negociación política una parte importante de los líderes del EMC, pues al menos nueve de los 19 jefes a los cuales se solicitó suspender ordenes de captura para incorporarse al proceso con el actual gobierno, fueron firmantes acreditados del Acuerdo de Paz con las FARC. Igual pasaría con la SM, empezando por Iván Márquez, su máximo líder, quien al parecer sigue con vida y fue cabeza de la delegación de las FARC en dicha negociación. La opción que les quedaría si nos atenemos a la ley de orden público vigente sería la de un sometimiento a la justicia, lo cual estas han descartado de plano.

Con el Clan del Golfo, el Gobierno ha sido claro y reiterativo en que la negociación posible para ellos es alrededor de su sometimiento a la justicia. Esta opción también ha sido rechazada frontalmente por este grupo que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y que ha venido haciendo alarde de un discurso político. Dentro de esta misma situación podría analizarse el caso de los Pachenca, otro grupo criminal que también se desprendió de la desmovilización de los paramilitares hace 17 años y que, ante las expectativas generadas por la Paz Total, adoptaron el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), esperando un trato como actores políticos.

Pero, aún en el escenario improbable de que las disidencias y el Clan del Golfo aceptaran la vía del sometimiento a la justicia, esta opción también es incierta. Primero por la pérdida de mayorías en el Congreso que requiere el gobierno para sacar adelante el marco legal correspondiente y, luego, por la relación poco armónica que hay entre el Ejecutivo y la Fiscalía, institución central de cualquier proceso de sometimiento. Esta situación también afecta la viabilidad de los tableros de negociación restantes con bandas criminales en Buenaventura, Medellín y Quibdó, los tres capítulos de la Paz Urbana basados en lo que el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha denominado diálogos socio-jurídicos.

Entre tanto, la situación de las zonas donde se concentran disputas por el territorio y se expanden diversos grupos armados ilegales, no da espera. Es cierto que en el último año hay algunas señales alentadoras como la reducción de los homicidios en estas zonas (del 14 %), sobre todo aquellos contra líderes sociales, así como leves descensos en las masacres y los desplazamientos forzados (del 2 % y el 3 % respectivamente). Pero es difícil establecer la relación de causalidad de esto con las diversas mesas de negociación y menos, con los fallidos ceses al fuego decretados por el gobierno a principios de año.

Aun así, como hemos podido confirmar en la FIP con encuestas ciudadanas y sondeos de opinión periódicos a líderes sociales de estas zonas, la gente sigue sintiendo que nada mejora, que las transformaciones del Acuerdo de Paz con las FARC no llegan y que la influencia sobre estas regiones de grupos armados de todo pelambre es creciente. No es de extrañar, cuando la implementación del Acuerdo no parece despegar pese a la voluntad expresa del Presidente y cuando, por otro lado, las disputas entre facciones armadas se han disparado en un 85 %, los confinamientos y las extorsiones siguen creciendo y reaparece el secuestro. Todas señales de que no ha sido posible contener el avance de la gobernanza criminal que se viene dando tras la desmovilización de las FARC, y que las capacidades del Estado para cambiar las condiciones de vida de las comunidades siguen siendo extremadamente débiles.

Es claro que, mientras hay que mantener y avanzar en el proceso con el ELN para lograr su punto de no retorno, se hace indispensable un cambio de foco respecto a la aproximación a la paz con los demás grupos. Se requiere equilibrar la energía que se ha empeñado durante el último año en múltiples mesas de negociación, con la que se invierta en la implementación del Acuerdo de Paz en zonas críticas y en desarrollar estrategias de seguridad concretas que contengan la expansión de los grupos y protejan eficazmente a los ciudadanos.

*Texto publicado el 6 de agosto de 2023 en el diario El Pais de España.