Oposición moderada versus oposición radical:¿cuál es más adecuada para la Colombia de hoy?

La profesora del departamento de Ciencia Política de la University of Utah, Laura Gamboa, en un brillante libro de reciente publicación (Resisting Backsliding: Opposition Strategies Against the Erosion of Democracy, Cambridge University Press, 2022) plantea que, frente al creciente ascenso de los regímenes autoritarios en el mundo, los cuales no están surgiendo como en el pasado mediante golpes de Estado (breakdown), sino a través de un  deterioro paulatino de las instituciones democráticas (backsliding), como ha sido el caso de Hugo Chávez y Daniel Ortega en América Latina; Viktor Orban en Hungría y Recep Tayyip Erdogan en Turquía, la oposición está utilizado dos vías para enfrentar esta deriva autoritaria: por una parte, “estrategias extrainstitucionales con objetivos radicales” y, de otra, “estrategias institucionales con objetivos moderados”. 

Se trata, a mi modo de ver, de una reflexión de enorme importancia para la Colombia de hoy, pues, desde distintos sectores de la oposición al gobierno de Gustavo Petro se escuchan voces a favor de una y otra estrategia. ¿Cuál es la más adecuada? 

La autora muestra mediante varios ejemplos que el modelo de “oposición extrainstitucional con objetivos radicales”, como fue el caso de Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez (intento frustrado de golpe militar en 2002, paro general de PDVSA entre 2002 y 2003, etc.), le permitió al excoronel utilizar esas prácticas ilegales como argumento para endurecer el régimen y, en último término, para hacerse reelegir sucesivamente (1999-2013). Chávez pudo argumentar con alta credibilidad que, como los opositores no se sometían a las reglas democráticas, al excoronel le correspondía defender la institucionalidad así fuese con mano fuerte. Es decir, se produjo lo que Herbert Marcuse –el filósofo-ícono del mayo del 68 francés– denominó como una “dialéctica de la contrafinalidad”, o sea, en la búsqueda del debilitamiento y caída de Hugo Chávez se logró en cambio su radicalización y fortalecimiento en el poder. 

Por el contrario, en otras experiencias de utilización de modelos de “oposición institucional con objetivos moderados”, como ocurrió, según la autora, en Colombia en el año 2010 cuando el presidente Álvaro Uribe intentó una segunda reelección y la Corte Constitucional no le dio luz verde, se alcanzó el objetivo de evitar una reelección indefinida –la cual iba en contravía de la tradición colombiana de la no reelección y el equilibrio de poderes–, sin afectar la normalidad democrática. 

Bloqueo y oposición radical

¿A que nos referimos cuando hablamos, acogiendo y ampliando la noción de la profesora Laura Gamboa, de estrategias extrainstitucionales con objetivos radicales? Estas tienen como finalidad ya sea deponer al gobierno, ya sea bloquearlo para intentar generar una parálisis institucional. Y sus herramientas de acción van desde la amenaza de llevar a cabo un golpe de Estado, hasta el uso de acciones armadas desestabilizadoras que incluso pueden acompañarse de asesinatos para generar caos (como ocurrió en Chile desde la derecha con el general René Schneider en 1970 o en Italia desde la izquierda con Aldo Moro en 1978), pasando por protestas callejeras, boicots y huelgas generalizadas hasta el uso indebido (lawfare) del poder judicial y de la jurisdicción contencioso-administrativa para debilitar al gobierno o intentar conducirlo a los tribunales.

Un ejemplo de una estrategia de este tenor por parte de un grupo radical fue el asesinato en 1995 de Álvaro Gómez Hurtado por parte de las Farc, con el objeto de agudizar la crisis que afectaba al gobierno de Ernesto Samper. La explicación que dieron en el sentido de que se trataba de una orden vieja pero aún vigente de Manuel Marulanda por los discursos de Gómez sobre las “repúblicas independientes” en el Congreso, en 1961, me parece muy poco creíble: ¿34 años después?

Otra modalidad de oposición que se halla en los límites entre lo legal e ilegal es lo que en el mundo anglosajón se denomina el “filibusterismo”, es decir, la técnica del obstruccionismo parlamentario para buscar retrasar o bloquear la aprobación de las leyes, ya sea mediante discursos interminables, o mediante la manipulación de los reglamentos del Congreso u otras prácticas similares (ausentismo, rompimiento del quorum, etc.). 

A mi modo de ver, el uso hoy de estas estrategias en Colombia sería equivalente a jugar con fuego. Seguirles la cuerda a ciertos líderes de extrema derecha es un verdadero “regalo envenenado”. No solamente pueden resultar ineficaces para lograr su objetivo –la caída o la renuncia del gobernante–, sino, que pueden darle a este justificaciones para radicalizar su programa de gobierno e, incluso, frente a su imagen de víctima, ampliar sus bases de apoyo social. No olvidemos que la frustrada destitución e inhabilitación por 15 años del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, llevada a cabo en 2013 por el exprocurador Alejandro Ordoñez, lo catapultó a la presidencia años después. 

Inteligente y propositiva, hacia una oposición moderada

Por el contrario, un modelo de oposición acotada puede lograr moderar el impacto de las medidas que ésta considera inconvenientes para el país (por ejemplo, los actuales proyectos de reforma de la salud o de reforma laboral) y, al mismo tiempo, convertirse en una alternativa de poder que, al llevar a cabo una oposición inteligente y propositiva, le muestra a la opinión pública que es una opción seria y responsable para 2026. 

Ahora bien, es importante añadir de todas maneras que si la “judicialización de la política”, es decir, el uso indebido de las instituciones judiciales para obtener réditos políticos es muy negativo para el ejercicio de la democracia, es igualmente muy cuestionable intentar impedir que estos organismos utilicen las normas vigentes para limitar los eventuales excesos del poder. Es decir, la “desjudicialización de la política”. Tanto la rama judicial (la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o la Fiscalía), como los organismos de control (la Contraloría, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo) son claves en nuestro sistema democrático para evitar los abusos del poder. 

Pero la oposición política debe utilizar, ante todo, sus propios espacios y recursos –que pueden ir desde los debates parlamentarios hasta la movilización social pacífica– para expresar su disenso ante las políticas del gobierno de turno.

Y en este plano el ideal no es ni mucho menos una oposición obstruccionista –es decir, que tiene como objetivo la renuncia del gobierno o su parálisis–, sino una oposición constructiva y con vocación de poder que sea a la vez un contrapeso y una alternativa*. Para ello, no solo debe mostrar un respeto irrestricto al Estado de derecho, sino un futuro programa de gobierno bien estructurado y un candidato presidencial con estatura de estadista. Es decir, todo lo contrario a lo que ocurrió en 2022.