“No es claro que los grupos armados quieran desmovilizarse y acogerse a la Paz Total”: Luis Fernando Trejos

Contexto: Este gobierno no parece tener una estrategia de seguridad, y en otras ocasiones los diálogos con la guerrilla han sido usados por estos grupos para fortalecerse, generando más inseguridad. ¿Pasará lo mismo con la Paz Total?

Luis Fernando Trejos: El Gobierno Nacional parece haber sacrificado la seguridad para avanzar en la búsqueda de la paz, lo que es un error, ya que seguridad y paz son las dos caras de una misma moneda. Con Reynell Badillo sostenemos que en el caso de la Paz Total esta política ha creado incentivos para que los grupos armados puedan expandir sus zonas de control territorial, ya que los ceses al fuego bilaterales únicamente se centran en detener la violencia entre el Estado y los grupos armados. Con esto se abre la posibilidad de que al librarse de un frente de batalla con el Estado, los grupos armados aprovechen ese momento de mayores capacidades disponibles para desafiar a sus competidores armados, lo que produciría mayor o igual violencia entre grupos armados.

Otro incentivo no intencionado de la Paz Total la Paz ha sido el de que los grupos armados en la Región Caribe incrementen sus apuestas más “políticas”. Esto tiene dos consecuencias importantes. La primera es que pone trabas a la idea del sometimiento que el gobierno tiene planteada para ellos. Estos grupos han expresado abiertamente su pretensión de ser reconocidos como actores políticos y pueden tener muy pocos incentivos para aceptar cualquier otra posición. La segunda consecuencia es que esto pone en mayor riesgo a los civiles en estas zonas, porque para legitimar ese carácter político los grupos armados tienen más incentivos para instrumentalizarlos. Esto limita la posibilidad de que los civiles se asuman como neutrales en territorios de guerra y prácticamente los obliga a mostrar simpatías para no ser asumidos como desleales o enemigos por parte de los grupos armados.

C.: ¿Qué motivaciones pueden tener el ELN y el EMC para desmovilizarse? 

L.F.T.: En lo personal, no creo que tengan intenciones reales de ponerle fin a sus conflictos armados por vía negociada. Afirmo esto porque ambas organizaciones están lejos de una situación de crisis militar. Durante este gobierno no se han desarrollado operaciones militares ofensivas en su contra y aún no han manifestado públicamente que renunciarán a la lucha armada. Además, en medio de sus respectivas negociaciones, se han fortalecido políticamente. En el mismo sentido, el ELN tiene la certeza de que puede tensionar y prolongar la negociación sabiendo que el gobierno no se levantará de la mesa porque eso liquidaría la Paz Total y el costo político de hacerlo en este momento sería muy elevado. En otras palabras, para el Gobierno Nacional levantarse de la mesa es más costoso que quedarse en ella y el ELN se está aprovechando de eso.

En el caso del EMC, el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, ha logrado expandirse territorialmente, foguear equipos negociadores, consolidar rentas legales y liberar de la cárcel a varios mandos operativos. En este contexto, ¿por qué dejar las armas? Si a esto se le suman los retrasos en la implementación del Acuerdo del Teatro Colón, los sistemáticos asesinatos de firmantes de paz y los inciertos resultados electorales de 2026, no son claros los incentivos reales que tendrían estas organizaciones armadas para transitar a la legalidad.

Has escrito un muy interesante documento en asocio con Reynell Badillo con el título de “La paz total aún no llega al Caribe colombiano”. ¿Nos puedes contar el porqué de esta afirmación?

Luis Fernando Trejos: Hasta este momento, los únicos actores armados vinculados a la Paz Total por medio de negociaciones sociopolíticas con un marco jurídico claro y con ceses al fuego formales son el ELN y el EMC cuya presencia en el Caribe colombiano en términos generales es marginal, ya que en el caso del ELN hace presencia activa por medio de estructuras armadas en el sur del Cesar, el sur de Bolívar, los dos son territorios bisagras con el centro del país, y el Frente de Guerra Norte del ELN “José Manuel Martínez Quiroz”, que tiene su base operaciones en el Estado Zulia de Venezuela y desde ahí incursiona en las áreas rurales de los municipios fronterizos de Cesar y La Guajira. En el caso del EMC, solo hace presencia en el Sur de Bolívar. Es decir, el gobierno nacional ha avanzado en negociaciones de fin de conflicto con actores armados que se encuentran en los sures del Caribe, mientras que las AGC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tienen presencia en todos los departamentos del Caribe y se encuentran en un proceso de expansión territorial y consolidación de gobernanzas armadas en los Montes de María y el sur de Córdoba, están por fuera de la Paz Total, lo mismo sucede con las ACSN, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que operan en municipios del Magdalena y La Guajira.

¿Qué tanto incide la personalidad de un líder en las decisiones de una guerrilla? Tirofijo parecía ser una persona obstinada y dogmática, y posiblemente bajo su liderazgo la  paz con las Farc hubiera sido imposible. ¿Cómo ves las conductas de los líderes del ELN en medio del actual proceso de diálogo?

Junto al investigador Andrés Aponte hemos sostenido que en la opinión pública en general existe una percepción errada de la actual fisionomía interna y la real conducción del ELN, ya que sus mandos históricos y simbólicos reunidos en el Comando Central, que tienen una mirada más nacional e ideológica de su conflicto, parecen estar cada vez más distantes de los mandos y dinámicas de los Frentes de Guerra regionales, que tienen visiones más territoriales y pragmáticas de la guerra, como se evidenció en el pasado reciente en el sur de Bolívar y en el Chocó, donde lograron pactos temporales con las AGC, o en el Bajo Cauca cuando se aliaron con Los Caparros en contra de las AGC. Aunque estas actuaciones parecen inconsistentes con su criterio ideológico y sus objetivos nacionales, son bastante consistentes con sus objetivos subregionales. 

Hace un tiempo manifesté en este mismo medio que aún queda una duda que debía ser resuelta en la fase exploratoria de este proceso: ¿todo el ELN está representado en su equipo negociador? Y el hecho de que los Frentes de Guerra Oriental y Occidental no tengan presencia en la mesa parece indicar que no. En la misma línea, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, por medio de su informe “Pavimentando el camino hacia la Paz Total. Alertas y recomendaciones para una salida negociada con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, le recomendó al equipo negociador del gobierno estar atentos a seis estructuras armadas de los Frentes de Guerra Oriental y Occidental que por sus antecedentes podrían tener serias intenciones de sabotear el proceso de negociación.   

Hay que resaltar la teoría de los tres ELN que plantea Carlos Velandia. Para este investigador hay un ELN en la mesa, otro ELN por fuera de la mesa y un ELN en Venezuela. En este sentido, se debe recordar que los dos comandantes más importantes de esta guerrilla viven en Venezuela desde hace varios años. Esto debería servir al gobierno para proyectar escenarios no solo de paz sino también de continuidad de la guerra con una parte de esta insurgencia, sus disidencias, en el futuro cercano.

El profesor de Eafit Jorge Giraldo Ramírez sostiene que uno de los problemas para llegar a acuerdos es que se cree que la solución política es incompatible con la de la estrategia militar. ¿Es necesario pactar ceses al fuego para celebrar conversaciones con las guerrillas?

Los ceses al fuego por lo general se pactan en fases avanzadas de la negociación, ya que el Estado no debería renunciar a su capacidad de disuasión armada, teniendo en cuenta que el avance militar puede acelerar la consecución de acuerdos políticos y que no todos los actores armados pueden estar interesados en negociar el fin de sus conflictos. En este sentido y como lo señalo en una respuesta anterior, los actuales ceses al fuego han servido para escalar la confrontación entre grupos armados y las presiones de estos sobre las comunidades que habitan los territorios controlados o disputados por los grupos ilegales. 

¿Cómo se puede entender que el ‘uribismo’ no apoyó el acuerdo de La Habana y sí apoya los diálogos con el ELN y el EMC?

Hay que recordar que el uribismo fue excluido de la mesa de negociación de La Habana, lo que sin dudas fue un gran error de cálculo ya que no solo lo consolidó como la mayor fuerza de oposición política del gobierno Santos y del proceso de negociación con las antiguas Farc-Ep, y que en torno a este sector político se aglutinó la opción por el “No” en el Plebiscito por la paz. Esto último no solo le restó legitimidad al proceso, sino que posteriormente fue la base del estancamiento de la implementación del Acuerdo del Teatro Colón. En este sentido, es importante señalar que el Presidente Petro alcanzó una especie de Paz Política con el expresidente Uribe, lo que resulta muy significativo ya que ambos representan a sectores político-ideológicos antagónicos, esto ha servido para desescalar el lenguaje entre estos sectores políticos y además para que avance sustancialmente la Reforma Rural Integral contenida en el primer punto del acuerdo logrado con la guerrilla de las Farc-Ep y que además, militantes de alto nivel del Centro Democrático hoy hagan parte de los equipos negociadores con el ELN y el EMC.        

Ustedes afirman en su reciente trabajo que las AGC tienen una agenda política, entre otras cosas porque sus estatutos explican las razones para estar en armas y porque tienen un periódico. ¿Estas razones que ustedes mencionan son suficientes para decir que este grupo tiene intereses políticos? 

Lo que hemos tratado de demostrar en ese artículo es que las AGC son un grupo armado politizado, esto es, una organización que se originó con pretensiones estrictamente criminales, pero que con el tiempo ha ido adoptando un discurso político. Por tanto, las AGC sí son una organización político-militar, al menos desde la construcción de su discurso y su sostenimiento en el tiempo. Paralelamente, reconocer su carácter  político-discursivo no implica desconocer  su participación en diferentes mercados ilegales. El discurso político de las AGC es muy probablemente una estrategia de legitimación de su práctica criminal. Sin embargo, también se cuestiona la visión común de que las AGC son un cartel de  drogas, principalmente porque no se comportan como uno y su portafolio de rentas ilegales está lejos de reducirse al narcotráfico. Por tanto, se propone entenderla como una organización enfocada en el control y defensa de territorios y en las redes transnacionales que le permiten sostenerse en Colombia y blanquear los dineros producidos por sus actividades ilegales. 

También reiteramos la crítica respecto a las posturas moralistas que divorcian lo político de lo criminal como si fueran aspectos excluyentes e irreconciliables. Incluso, si así lo fuera, la historia reciente del país ha evidenciado una larga tradición de acercamientos, diálogos y negociaciones entre diferentes gobiernos y organizaciones al margen de la ley, muchas de ellas de carácter mafioso. Algunos ejemplos, como las autodefensas de Rodríguez Gacha en Pacho, Cundinamarca; las de Puerto Boyacá lideradas por Ariel Otero y las de Fidel Castaño en Córdoba durante los noventa; la cúpula del Cartel de Medellín en 1991 a través de Pablo Escobar; el ERG en 2008; el ERP en 2007 y el Erpac en el 2011 muestran que incluso si aceptáramos la premisa de que se trata solo de criminales, existen mecanismos institucionales para acordar el fin de esos conflictos. Si bien en estos casos la figura utilizada fue la del sometimiento a la justicia, debe tenerse en cuenta que dicho sometimiento también es el resultado de negociaciones muchas veces mediadas por actores políticos cercanos a estos grupos.

La Paz Total no incluye a las AGC. En una reciente columna Gustavo Duncan comentaba que llama la atención que el gobierno Petro se enfoque más en ofrecer salidas a las demandas políticas de insurgencias obsoletas del siglo pasado que a la post insurgencia que se está esparciendo por todo el país. Esto, a propósito de una columna que escribió sobre la situación en Ecuador…

Es posible que el gobierno no haya percibido que estamos en medio de un proceso de transición de las dinámicas de la violencia armada en el país, ya que durante la segunda mitad del siglo XX nuestro conflicto se caracterizó por, primero, un oligopolio de la violencia que era escenificado principal, pero no exclusivamente, por tres grandes organizaciones político-militares: AUC, Farc-Ep, ELN, y otras organizaciones que eventualmente llegaron a ser muy relevantes por periodos no tan largos de tiempo como el EPL y el M-19. Segundo,  un fuerte componente político-ideológico basado en la defensa y promoción de metarrelatos, al menos discursivamente, como el marxismo, leninismo, guevarismo, bolivarianismo, maoísmo, anticomunismo. Esto, en el marco de dinámicas nacionales con particularidades territoriales: bloques y frentes de guerra con denominaciones territoriales como Norte, Caribe, Oriental, Nororiental, Sur, Central, Bolívar.

En la actualidad, transitamos por un contexto de violencias armadas que se caracteriza por la multiplicidad de conflictos armados con un carácter más subnacional; una constelación de actores violentos con distintas capacidades criminales y pretensiones, pero también por conflictos altamente desideologizados, como lo evidencian las alianzas de grupos que se suponen antagónicos como el ELN y las AGC en el sur de Bolívar, o el Bloque Iván Ríos de las entonces Farc-Ep con las AGC en la región de Urabá. Por último, asistimos a un menor despliegue de capacidades militares y un mayor uso de modalidades delincuenciales como el sicariato y la amenaza.

En este nuevo escenario de violencia armada, que no se ha terminado de configurar y que por tanto estamos todavía intentando comprender, es imperativo revaluar los enfoques usados tradicionalmente para analizar la guerra. No estamos en la Guerra Fría, e incluso los actores provenientes de ese periodo hoy son diferentes. En este sentido, es urgente que se superen los enfoques que privilegian el discurso y el origen de los grupos armados por encima de todas las manifestaciones políticas de su violencia. En Colombia, muchos grupos armados regulan la vida en comunidad, asesinan líderes sociales y determinan qué tipo de cosas se pueden hacer y decir en ciertos espacios. Todo esto es político, y por estar solo sujetos a la pretensión revolucionaria como forma de politización, hoy ni siquiera entendemos muy bien cómo este tipo de escenarios funcionan. Gran parte de la violencia que se ejerce hoy en Colombia es política, pero estamos empecinados en circunscribirla a lo criminal. Y seguir haciendo eso es también impedir conocer la verdad sobre todas esas escabrosas relaciones. Es necesario pensar mejor de qué hablamos cuando hablamos de política y criminalidad.