Ni “golpe suave”, ni gobierno autoritario, en Colombia el mayor riesgo es la parálisis institucional

El periodista mexicano Mauricio González Lara en un artículo en torno al clima de “conspiranoia” que domina actualmente al mundo –ya sea por acción de la CIA, los masones, las empresas multinacionales, Moscú o el islamismo radical–, nos recuerda la letra de una canción de Nirvana (‘Territorial Pissings’) que dice: “Solo porque eres paranoico, no significa que no estén detrás de ti” (Just because you’re paranoid, don’t mean they’re not after you). 

¿Las denuncias de complots en curso en Colombia son reales o imaginarias? ¿Es simple paranoia o hay grupos de conspiradores organizados? ¿La derecha está detrás de un golpe militar o, en su defecto, de un “golpe suave”? ¿La izquierda está preparando un asalto al poder, ante su creciente debilidad en el parlamento? 

Las denuncias de una confabulación en curso pueden constituir, en dos polos enfrentados, narraciones falsas con objeto de buscar una cohesión interna y justificar una línea de acción política contra el adversario. 

Si esa alarma nace del gobierno puede ser un instrumento para justificar la necesidad de decapitar la oposición dado su carácter conspirativo. Si, por el contrario, esa alarma nace de la oposición, puede ser un instrumento para justificar la resistencia activa y, eventualmente, la caída del gobierno. 

Más allá de la posible existencia de pequeños núcleos de conspiradores reales, tanto situados a la derecha como a la izquierda del espectro ideológico, sin mayor peso para influir en el curso de los acontecimientos, mi mayor preocupación con respecto a este clima de “conspiranoia” son sus efectos sobre la estabilidad democrática del país. 

La razón es simple: toda postura o decisión que toma ya sea el gobierno, ya sea la oposición, es vista no como un acto normal en una democracia pluralista, sino como un acto tendiente a destruir o a debilitar al adversario. 

¿Hacia un golpe suave? La vía Pedro Castillo

Gustavo Petro ha hecho a través de su cuenta en Twitter varias referencias al supuesto “golpe suave” que sufrió el expresidente Pedro Castillo en el Perú. 

Tras alrededor de 500 días de gobierno, el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo anunció en un mensaje a la Nación la disolución del Congreso uninominal, la instauración de un “gobierno de excepción”, el toque de queda y la pronta reforma del sistema de justicia.  

Estas medidas generaron una honda controversia en la opinión pública, pues la Corte Constitucional consideró que se trataba de un “golpe de Estado”, similar al autogolpe liderado por Alberto Fujimori en 1992. Pero Castillo, a diferencia de Fujimori, no contó con el apoyo ni de las Fuerzas Militares, ni del Congreso. Por el contrario, poco después de su declaración, la mayoría parlamentaria votó a favor de su destitución por “vacancia presidencial por su permanente incapacidad moral” y fue detenido por la Policía Nacional. Si bien, en dos ocasiones anteriores este voto de censura no había prosperado, esta vez el profesor-presidente fue sustituido por  la vicepresidente, Dina Boluarte. 

En Colombia, que dispone de un sistema presidencialista tradicional, no es posible que ocurra un episodio similar al de Perú.

En dicho país se aprobó hace algunos años un controversial sistema semiparlamentario (o de presidencialismo atenuado), mediante el cual no solamente el gabinete debe obtener un “voto de investidura” antes de treinta días transcurridos tras su designación, según el Art. 130 de la Constitución vigente, sino que existe además la posibilidad de un voto de censura al gobierno (Art. 132) y de una disolución constitucional del Congreso (Art. 134). Un régimen político que ha generado una gran inestabilidad institucional: en los últimos seis años, entre 2016 y 2023, Perú ha tenido seis presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. 

En cambio en nuestro país, tanto el presidente como el Congreso de la República son elegidos por un período fijo de cuatro años y, según el artículo 194 de la Constitución de 1991, la dejación del cargo de un presidente de la República solo es posible por su renuncia, muerte, incapacidad física permanente, abandono del cargo o destitución decretada por sentencia. 

En pocas palabras, en Colombia el Congreso no puede destituir al presidente como ocurrió con Pedro Castillo en el Perú. 

¿Hacia una deriva autoritaria? La vía Hugo Chávez

Esta es la otra cara de la moneda del clima de “conspiranoia” que estamos viviendo en Colombia. En efecto, desde la derecha se afirma que Gustavo Petro está dispuesto a seguir el camino de Hugo Chávez, quien, habiendo accedido al poder por las vías democráticas, derivó en un régimen autoritario.

A mi modo de ver, aún si por la mente de Gustavo Petro hubiese la idea de un viraje hacia el modelo chavista –lo cual, es una simple especulación sin bases reales–, el gobierno actual no dispone de los recursos políticos para llevar a cabo un proyecto similar.

Hugo Chávez, a diferencia de Petro que ganó la presidencia con un margen de votos muy estrecho –menos de 700 mil votos de diferencia–, obtuvo la primera magistratura en las elecciones de 1998 de manera más contundente: obtuvo 3.673.685 (56.2 %), mientras que su mayor oponente, Henrique Salas Römer, sólo alcanzó 2.879.457 votos (39.97  %)

Por otra parte, Chávez gozó de un boom petrolero inusitado: entre 1999 y 2014 Venezuela recibió US$960.589 millones, un promedio de US$56.500 millones anuales, los cuales le permitieron generar un gran apoyo a su mandato gracias a una política populista que, si bien se demostró a mediano plazo nefasta en el plano económico, le permitió gozar de amplia popularidad hasta su deceso el 5 de marzo de 2013.

En tercer término, no debemos olvidar que Hugo Chávez provenía de las filas del Ejército, en donde en 1982 había creado una facción clandestina, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-20), cuyos miembros le permitirían –una vez accedió al poder– el control de las Fuerzas Militares, que dejaron de ser una institución estatal para derivar en un aparato de partido.

A diferencia de Chávez, el gobierno de Gustavo Petro no dispone de unas mayorías sólidas en el Congreso, ni la situación económica del país es boyante y, además, las Fuerzas Armadas son en Colombia una institución altamente profesional y apartidista. 

En Colombia es, pues, muy improbable una ruptura institucional. Yo no veo ni la vía Pedro Castillo, ni la vía Hugo Chavez en el horizonte. 

¿Hacia una parálisis institucional? 

El mayor riesgo que corre el país es, a mi modo de ver, una parálisis institucional. En primer término, debido a la ruptura de la coalición parlamentaria que ha dejado al Pacto Histórico y a sus aliados como una minoría impotente en el Congreso. Y, en segundo término, debido a la baja capacidad de Gustavo Petro de llevar a cabo sus programas de gobierno debido a la mediocridad de los muchos de los actuales funcionarios públicos, nombrados más por lealtad y por su activismo que por capacidad y experiencia en la gestión del Estado (Cf., Armando Montenegro, “Una pésima carrera administrativa, en Contexto, 21 de junio de 2023). Este escenario sería muy negativo para el país. Por ello, tanto el gobierno Petro como la oposición deben pensar en Colombia y no sólo en sus estrechos intereses políticos. 

Petro debe bajarse de la nube y dejar de pensarse a sí mismo como el gran agitador para intentar convertirse en el gran reformador. Mientras Alfonso López Pumarejo pasó a la historia por la puerta grande, Hugo Chávez y Nicolás Maduro serán siempre mal recordados. 

La oposición debe abandonar la idea de que un fracaso del gobierno Petro los favorece, al abonarles el camino para ganar las elecciones de 2026. Una Colombia en crisis nos va a afectar a todos los colombianos sin distinción. De derecha y de izquierda, pobres y ricos. 

Es urgente construir ya las bases de un gran acuerdo nacional, tal como han planteado desde dos orillas ideológicas distintas, Iván Cepeda y José Félix Lafaurie.