Los gobiernos Duque y Petro, causantes de un profundo deterioro en la confianza en las instituciones en Colombia

La confianza institucional en Colombia ha experimentado un deterioro significativo en los últimos años, particularmente por las gestiones de los gobiernos de Iván Duque (2018 – 2022) y Gustavo Petro (2022 – actualidad). Este fenómeno, que se construye a partir de las percepciones que la ciudadanía desarrolla frente a sus instituciones, es esencial para la estabilidad democrática de un país. La problemática se agudiza cuando la población percibe que sus expectativas no son cumplidas, como lo demuestra el bajo nivel de confianza en el Gobierno Nacional, que según la Ocde apenas alcanza un 20 %.   

Ante este panorama y para restaurar la confianza, es crucial implementar estrategias de planificación y liderazgo efectivas que respondan a las necesidades ciudadanas y promuevan un dialogo inclusivo. La confianza institucional es fundamental para el funcionamiento de la sociedad ya que influye en la participación cívica y gobernabilidad. Se define como la percepción que tiene la ciudadanía sobre las instituciones sociales, ya sean gubernamentales o no gubernamentales. De acuerdo con Güemes, esta percepción se construye a partir de imaginarios sociales y experiencias cotidianas que moldean la forma en cómo las personas evalúan dichas instituciones. Estas constituyen el principal mecanismo para resolver problemáticas y conflictos de la vida en sociedad, por lo que la confianza hacia ellas es primordial para la estabilidad democrática.  

En el contexto del sector público, este asunto es analizado a la luz de múltiples dimensiones como el gasto en el bienestar social, transparencia gubernamental, corrupción, educación, calidad de los servicios públicos, desigualdad económica, el empleo y la seguridad. Autores como Riffo señalan que la confianza institucional es un factor clave para la sociedad y uno de los requisitos fundamentales para una buena gobernanza en beneficio del desarrollo económico y social de un país. Cuando esta se deteriora y la ciudadanía percibe algún tipo de “maltrato” por parte de los funcionarios públicos, disminuyen las expectativas positivas sobre las instituciones. Esta percepción de maltrato puede estar influenciada por diversos factores, entre ellos, la presencia de servidores públicos poco calificados, el retraso o insatisfacción con los servicios públicos, la debilidad de las respuestas judiciales o la poca efectividad de los mecanismos de control (Banco Interamericano de Desarrollo).  

Durante el gobierno de Iván Duque se generó un malestar colectivo por diversas situaciones, con fuertes protestas en 2019 y que alcanzaron su punto de quiebre con el estallido social ocurrido en el año 2021. Esto evidenció la inefectividad de la gestión gubernamental y el deterioro de la confianza ciudadanía hacía las instituciones estatales. Si bien es cierto que ese gobierno tuvo logros como el manejo de la pandemia de COVID-19, también resulta fundamental resaltar los factores que contribuyeron a la pérdida de confianza institucional durante su mandato.  

De acuerdo con mediciones de Invamer, el 71 % de los colombianos desaprobaron la gestión de Iván Duque. Esto fue resultado de factores como el desempleo, la corrupción, los problemas de orden público y el mal manejo que les dio a las protestas. El Edelman Trust Barometer clasificó a Colombia como el cuarto país con mayor desconfianza en su gobierno durante el año 2021, como lo muestra la siguiente gráfica: 

Su administración se caracterizó por un liderazgo poco efectivo. Según Razón Pública esto incluyó al Presidente y a sus ministros. Su gobierno se desgastó en una reforma tributaria que contradecía sus promesas de campaña, intentó obstaculizar la implementación del acuerdo de paz y afectó negativamente las relaciones con Venezuela. Además, no logró desempeñarse como un buen líder político a pesar de su discurso de “cero mermelada”, ya que distribuyó incentivos a cambio de apoyo político. 

Asimismo, la falta de preparación y liderazgo hizo que, en muchos casos, su imagen se convirtiera en objeto de burla en relación con los asuntos del gobierno. Muchos de estos comportamientos se intensificaron por la falta de seriedad que el mandatario mostró en muchas ocasiones, lo que evidenció una carencia de preparación que llevo a situaciones complicadas y a una indudable afectación de su imagen. Su incapacidad para responder a las inquietudes de los ciudadanos, así como su tendencia a priorizar intereses particulares sobre el bienestar general, generaron una atmosfera de desconfianza y frustración.  

El de Petro, un gobierno con altos niveles de desaprobación

El gobierno del Gustavo Petro asumió como uno de sus principales retos reestablecer la confianza de los ciudadanos en el Estado y en las instituciones. No obstante, de acuerdo con los datos del Invamer para el año 2024, la proporción de colombianos que desaprobaron su gestión durante los dos primeros años de mandato se ubicó en un 66 %. Estos resultados pueden atribuirse a diversos factores como el aumento de la percepción de inseguridad, el desempleo, la percepción de corrupción (motivada por escándalos como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo), y las dificultades de las reformas sociales en el congreso. (La Silla Vacía)

Por otro lado, se han identificado deficiencias significativas en la planeación estratégica, un aspecto clave para la ejecución efectiva de políticas públicas. Durante los últimos meses, según la Fundación Paz y Reconciliación (2021), una de las críticas más recurrentes hacia la gestión de Petro es la limitada capacidad para ejecutar planes y programas. Esta situación se ha generado, en primer lugar, por la baja capacidad técnica de su gobierno para ejecutar nuevos proyectos y la falta de continuidad. La inestabilidad del gabinete es un claro ejemplo de la situación anterior, la rotación de 37 ministros y 55 viceministros en solo dos años muestra la dificultad para poder darle continuidad a políticas públicas de forma coherente.  

Este contexto de inestabilidad tiene consecuencias importantes en sectores claves como la inclusión social, energía, seguridad y agricultura, entre otros que han presentado bajos niveles de ejecución presupuestaria.  Un análisis de Corficolombiana reveló que la ejecución del presupuesto General de la Nación ha estado en el orden del 36.6 %, cifra que está por debajo del promedio histórico de los últimos 23 años.  

Asimismo, el problema de este gobierno se extiende a la falta de preparación para materializar sus promesas electorales. Según el Nuevo Siglo, al inicio de su mandato, el presidente Petro carecía de proyectos concretos para implementar reformas claves en áreas como salud, educación, trabajo y energía. Esto se reflejó en el tiempo prolongado que estas iniciativas tardaron en ser presentadas y discutidas en el Congreso. Además, la remoción de funcionarios de alto nivel y las críticas abiertas hacia la toma de decisiones del Ejecutivo, que a menudo eran contradictorias por parte de sus mismos miembros, profundizaron la percepción de inestabilidad gubernamental.  

Esta situación evidencia la necesidad de diseñar estrategias concretas que desde la gerencia pública permitan enfrentar las deficiencias que actualmente alimentan la desconfianza y frenan el fortalecimiento de la institucionalidad. Los gobiernos deben fortalecer su liderazgo e implementar una planificación estratégica efectiva, orientada a generar resultados eficientes y concretos.  

Desde la perspectiva de la gerencia pública y siguiendo las ideas Heifetz, el liderazgo debería ser desempeñado por una persona orientadora que logre movilizar a la sociedad. En este sentido, se apela a un líder que no solo motive, sino que también organice, escuche y enfoque la atención de la ciudadanía hacia el logro de objetivos comunes. Además, el liderazgo implica la combinación de habilidades interpersonales y estratégicas, así como la de adaptación a las demandas de la cultura y la situación del momento. 

Un líder efectivo debe ser capaz de construir puentes entre diferentes sectores de la sociedad, fomentando la colaboración y el dialogo. Sin embargo, los gobiernos de Duque y Petro, en lugar de unir a la nación, han exacerbado las divisiones existentes. La falta de un enfoque inclusivo y participativo en la toma de decisiones contribuye a un ambiente polarizado donde las tensiones aumentan.  

En ese orden de ideas, la planificación estratégica funge como una herramienta fundamental y apropiada. Según Armijo, la planificación implica la definición de objetivos prioritarios y la elaboración de estrategias claras para alcanzarlos. Solo así se podrán superar los desafíos relacionados con la planeación y la baja ejecución presupuestaria, asignando recursos de manera eficiente. Además, a generar mayor certidumbre entre los ciudadanos, al comunicar de forma transparente cómo se llevarán a cabo los proyectos y reformas para responder a las demandas actuales, dejando a un lado la improvisación. 

En resumen, la confianza institucional en Colombia muestra números preocupantes entre 2018 y 2024, generados por diversos factores que van desde la gestión gubernamental hasta la falta de efectividad en las políticas públicas.  Esta percepción se construye a partir de experiencias cotidianas y de imaginarios colectivos que influyen en la evaluación que las personas hacen de las instituciones. Cuando estas no cumplen con las expectativas de los ciudadanos, como ha sido en el caso de Colombia, la desconfianza se convierte en un desafío crítico para la gobernanza y estabilidad democrática.  

En este sentido, la desconfianza en las instituciones claramente tiene consecuencias directas en el funcionamiento de la sociedad y en la satisfacción de sus ciudadanos. Para abordar esta problemática, es esencial que los gobiernos implementen estrategias efectivas de planificación y liderazgo. La planificación estratégica, como se ha mencionado, permite establecer objetivos claros para la asignación de recursos de manera eficiente, lo que puede ayudar a restaurar la confianza ciudadana. Asimismo, un liderazgo efectivo debe ser capaz de conectar con las realidades sociales y promover un dialogo inclusivo que fomente la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad.