La coca beneficia las economías de los municipios colombianos: ¿es realmente posible sustituirla?

En las últimas semanas se ha discutido intensamente el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc) que reporta un crecimiento moderado del 10 % en el número de hectáreas cultivadas con coca entre 2022 y 2023, y un aumento en 53 % de la producción potencial de clorhidrato de cocaína. Antes de preocuparnos por las medidas para controlar la expansión de estos mercados es necesario entender qué representa la economía de la coca en el país, especialmente en las zonas en las que se desarrolla este cultivo. 

Desde la academia y las discusiones públicas se ha construido una narrativa sobre la relación intrínseca de las economías ilícitas con la violencia, y las barreras al desarrollo que generan estos mercados. A pesar de ser esta la teoría dominante, múltiples estudios, en su mayoría a través de métodos cualitativos, han mostrado las consecuencias económicas y sociales generadas por la economía cocalera a nivel familiar y regional. 

En un trabajo reciente con Manuel Fernández, Eduard Martínez y Paulo Murillo, publicado como documento Cede-Cesed de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, contribuimos a esta literatura cuantificando los efectos económicos y socioambientales de la bonanza cocalera entre 2014 y 2019. Dado que en Colombia no existe información del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel municipal, empleamos información satelital de luminosidad nocturna para medir la actividad económica. La bonanza cocalera aumentó el PIB municipal en promedio anual entre 2.8 % y 10.5 % en los municipios en los que ocurrió este fenómeno comparado con los municipios en los que no. 

En términos sociales, los resultados sugieren que este choque en el mercado de coca aumentó la asistencia escolar y el alfabetismo en 9.6 % y 1.6 %, respectivamente. Los resultados positivos en educación están concentrados en jóvenes menores de 19 años, mientras que para aquellas personas mayores de 20 años la bonanza cocalera redujo la asistencia a instituciones educativas. De manera coherente, encontramos que la bonanza aumentó la participación en el mercado laboral de aquellas personas con más de 20 años y no tuvo ningún impacto en el trabajo infantil. Estos efectos son contundentes y evidencian la dificultad de encontrar un sector productivo que reemplace los beneficios de la economía cocalera para la economía regional. Ahora, este dinamismo económico generado por la coca no está exento de costos ambientales. En los 86 municipios de la Amazonía colombiana, encontramos que la bonanza aumentó en 302 % el área transformada de cultivos de coca a pastos para ganadería a nivel municipal y, a nivel nacional, en 104 % la tasa de deforestación. 

El crecimiento de la economía regional no es producto solo de la actividad cocalera, sino que genera un dinamismo en otros sectores productivos. En nuestras estimaciones más conservadoras, por cada peso adicional que se generó en el mercado de la coca, el PIB municipal creció entre 1.17 y 2.3 pesos. Sin embargo, esto no lo explica la producción agrícola legal ni el crecimiento del hato ganadero a nivel municipal. Entonces, ¿cuáles son los sectores que están creciendo? ¿Adónde se van estos recursos? Este tema necesita más investigación dado que no encontramos efectos de la bonanza en el recaudo tributario en estos municipios. 

Una asociación frecuente en las discusiones sobre economías ilícitas y narcotráfico es su vínculo directo con la violencia, pese a décadas de investigaciones mostrando que la presencia de estos mercados no es una condición suficiente de la violencia (recomendamos el trabajo de Lina Britto, Angélica Durán-Martínez, entre otras). Para el periodo 2014 a 2019 en Colombia, no encontramos evidencia que la bonanza cocalera haya aumentado la presencia violenta de actores armados, las tasas de victimización del conflicto armado ni los homicidios. Es decir que no hubo diferencias en estos indicadores entre los municipios donde hubo el boom cocalero y en los que no. ¿Qué puede explicar estos resultados? ¿Será que las disputas y la violencia aumentó en municipios cercanos a los cocaleros para controlar el mercado? Probamos esta hipótesis explorando los efectos de la bonanza en municipios vecinos a los cocaleros y no encontramos efectos diferenciales en ese grupo de municipios. Tampoco encontramos en 8 de los 9 indicadores de violencia que haya cambios en la tendencia a nivel nacional entre 2014 y 2019. Por lo tanto, nuestros resultados son consistentes con varios estudios que muestran que estos mercados ilegales pueden operar sin necesariamente aumentar la violencia, en parte porque para los grupos que controlan estos mercados no es necesariamente conveniente visibilizar la violencia, entre otras razones. 

 ¿Cuáles son las implicaciones de política de estos hallazgos? Primero, dado el contexto de la economía colombiana y la capacidad estatal, es improbable que una intervención o programa logre remplazar los beneficios económicos y sociales de este sector productivo. En segundo lugar, antes de comenzar a discutir cómo reducir las 253.000 hectáreas de coca cultivadas actualmente, tal como lo sugirió la Comisión de la Verdad, tenemos que entender y reconocer el rol económico, social y político de la economía cocalera y del narcotráfico. Más allá de la baja costo-efectividad de las políticas que intentan disminuir la oferta, es esencial pensar en sus potenciales impactos socioeconómicos en estas regiones y las formas de compensarlos. De lo contrario, seguiremos infructuosamente intentando disminuir las hectáreas cultivadas, con enormes costos económicos, sociales y ambientales. Las organizaciones criminales deben ser desmanteladas y el Estado debe hacer presencia integral en los territorios cocaleros, pero esto no se logrará si el foco de la política y el debate público se limita al número de hectáreas cultivadas. Por último, es necesario pensar en alternativas políticas al prohibicionismo que no ha sido efectivo para reducir el control de las organizaciones criminales, la producción ni el consumo de cocaína. En Colombia, debemos promover una discusión interna amplia sobre la regulación de los mercados de sustancias ilícitas, empezando por el cannabis pero también para la cocaína, en la cual el país debe liderar el debate a nivel global.