La Casa Pearson: el “espantajo” que facilitó el entendimiento con los Estados Unidos

El 5 de noviembre de 1910 dio la Asamblea Nacional la Ley 75 que puso las primeras bases de la industria de la extracción y el refinamiento del petróleo encontrado en el subsuelo colombiano. Fue autorizada cualquier compañía a explotar petróleo o gas, a construir oleoductos y puertos de embarque, siempre y cuando firmase con el gobierno un contrato con claras estipulaciones. Se declaró libre la refinación de petróleo, sin perjuicio de los derechos de terceros adquiridos previamente con justo título. Al sancionar esa ley, comenzó Carlos E. Restrepo, sin planearlo, a recorrer dos caminos: el inédito fue el que llevó al primer contrato que se concedió a una empresa extranjera para la exploración de yacimientos petroleros, y el conocido fue el que condujo a la solución del diferendo con el gobierno de los Estados Unidos por su participación en la separación de Panamá.

Todo empezó con el contrato firmado –el 23 de abril de 1913– por el ministro de Obras Públicas, Simón Araújo, con Montolieu Fox Oliphant-Murray, décimo Lord Elibank, representante de la casa de ingeniería Samuel Pearson & Son de Londres, que dirigía Weetman D. Pearson, un magnate petrolero inglés que en 1910 había hallado los yacimientos petroleros de Tuxpan (Veracruz). Este contrato daba licencia a la Casa Pearson –la misma que en diciembre de 1913 firmó otro contrato para proyectar el ordenamiento y el saneamiento de Cartagena y sus alrededores– para explorar hasta 10.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional en la búsqueda de yacimientos petroleros para su explotación. Pero este contrato requería la aprobación tanto del Consejo de ministros como del Congreso. El Consejo, bipartidista, lo aprobó por unanimidad el siguiente día. Una comisión de la Cámara de Representantes lo examinó y recomendó algunas modificaciones, pero detuvo el segundo debate que debería darse al proyecto. Las pasiones políticas y la oposición al presidente archivaron el contrato, con lo cual Lord Elibank y sus expertos acompañantes –el ingeniero A.C. Veatch y un hijo de Lloyd George– salieron del país.

Ocurrió entonces que un colombiano que vivía en París, Abel Camacho, coincidió en esta ciudad con James Gordon Bennett Jr., el propietario de The New York Herald que se publicaba tanto en París como en Nueva York, y le relató que Lord Elibank había obtenido la licencia para explorar yacimientos petroleros y obtener tantas concesiones como le fuese posible en Colombia. Un periodista de ese diario le pidió a Camacho que le diera detalles sobre las gestiones del representante de la Casa Pearson, y esas entrevistas fueron publicadas en las dos ediciones durante los meses de diciembre de 1913 y enero de 1914. Fue así como los empresarios petroleros de los Estados Unidos se enteraron de que la firma petrolera inglesa, que había tenido tanto éxito en el México de Porfirio Díaz, avanzaba en la exploración petrolera de Colombia, pero el gobierno estadounidense estaba bien informado gracias a los informes de su ministro plenipotenciario en Bogotá, James Taylor DuBois, quien cultivó una estrecha amistad con el presidente Restrepo.

Carlos E. Restrepo estaba convencido en 1921, como lo prueba su respuesta a Esteban Rodríguez Triana, que el gobierno de los Estados Unidos no había tenido responsabilidad en la no aprobación del contrato que había negociado con la casa Pearson en 1913, pues toda la carga de la culpa recaía sobre la Cámara de Representantes, aunque reconoció que era posible que la comisión inglesa que estuvo en Bogotá hubiera usado ese argumento para justificar su costoso fracaso ante la casa Pearson. Adujo como prueba el libro que el ingeniero A.C. Veatch publicó en Nueva York durante el año 1917, bajo el título Quito to Bogotá, en el que solo mencionó que Lord Elibank había constatado la inquietud de los Estados Unidos por el contrato que había firmado la casa Pearson. 

Pero, por otra parte, Restrepo usó la negociación con Lord Elibank en favor de la negociación pendiente con los Estados Unidos, pues había servido de “espantajo”, ya que temían mucho las concesiones que se hicieran a los ingleses. El contrato con la Casa Pearson estaba sirviendo para “hacer entrar en razón y justicia” al gobierno de los Estados Unidos en el asunto del tratado pendiente. Efectivamente, el 30 de agosto de 1913 presentó sus cartas credenciales el nuevo enviado plenipotenciario de los Estados Unidos, Thaddeus Austin Thomson Sr. Sus instrucciones debieron ser muy precisas, pues un mes después, el 1° de octubre, entregó a la Cancillería la famosa nota que abrió el camino a la firma del Tratado Thomson-Urrutia del 6 de abril de 1914: el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos deseaban sinceramente que fuese borrado y olvidado todo lo que hubiese podido alterar la “íntima y antigua amistad” que tenían con Colombia. Para poner término, de una vez por todas, con las diferencias relativas al punto de “una reparación conveniente” por las pérdidas morales y materiales que había sufrido Colombia en las circunstancias que acompañaron la adquisición de los derechos obtenidos por los Estados Unidos en el Istmo de Panamá”. Solo faltaba acordar, en dólares, el monto de la reparación.

El Tratado Thomson-Urrutia fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 14 (9 de junio) de 1914: además de pagar solamente los mismos gravámenes y peajes que pagaban los estadounidenses en su paso por el canal, incluyendo buques de guerra, los Estados Unidos pagarían 25 millones de dólares dentro de los seis meses después del canje de las ratificaciones por los dos congresos. A cambio, Colombia reconocería a Panamá como nación independiente, fijando los límites conforme a lo establecido por la Ley del 9 de junio de 1855, cuando fue creado el estado federal. Pero el Congreso de la Unión Americana no lo ratificó, pues propuso una docena de modificaciones, la principal la declaración del artículo 1° sobre el “sincere regret” de los Estados Unidos. A su turno, el Congreso colombiano también entró a los debates por las modificaciones, con lo cual habría que esperar hasta la Legislatura de 1921 para la aprobación con las modificaciones.