Hora de centrar la discusión económica en el crecimiento

Después de dos años de alto crecimiento económico, con tasas del 10.8 % en 2021 y 7.3 % en 2022, la economía colombiana se estancó en 2023, creciendo apenas un 0.6 %. Aún más preocupante es que la inversión, entendida como la formación bruta de capital fijo, cayó un 9.5 % en el mismo año, dejando la tasa de inversión en el 17.7 % del PIB, la cifra más baja en 18 años.

Más recientemente, en el primer trimestre de 2024, la economía aumentó ligeramente su ritmo de crecimiento al 0.9 %, pero la inversión continuó su contracción, con una caída del 5.2 %. La consecuencia inmediata de esta fuerte desaceleración ha sido un deterioro en las cifras del mercado laboral, ya que la tasa de desempleo ha mostrado una tendencia al alza desde agosto de 2023, con un promedio del 10.6 % hasta julio de este año, en comparación con el promedio del 10.2 % observado en el año anterior.

¿Qué factores explican esta importante desaceleración en el crecimiento? En primer lugar, la economía sufrió los efectos de un ‘apretón’ monetario, es decir, un aumento en la tasa de interés del Banco de la República de más de 9 puntos porcentuales en un periodo de 13 meses. Este incremento se implementó para frenar el excesivo crecimiento del consumo privado, que aumentó un 22 % en la postpandemia. Aunque esto aceleró la expansión de la actividad económica, también generó importantes presiones inflacionarias por el lado de la demanda.

El aumento en la tasa de interés del Banco tuvo como consecuencia un incremento en las tasas de interés de todas las modalidades de crédito, encareciendo el costo de invertir para las empresas y de consumir para los hogares, lo que explica parte de la desaceleración en el ritmo de crecimiento.

En segundo lugar, se están materializando los efectos de las reformas tributarias de 2021 y 2022, que incrementaron sustancialmente la presión tributaria sobre empresas y hogares formales. En el caso de las empresas, la reforma de 2021 aumentó la tarifa de renta al 35 %, situándola como la cuarta más alta a nivel mundial, mientras que la reforma de 2022 eliminó una buena parte de las exenciones sectoriales y aumentó sustancialmente el impuesto a los dividendos. Para los hogares, el cambio más significativo provino de la reforma de 2022, que limitó de manera importante las exenciones para ingresos mensuales superiores a los 10 millones de pesos, con incrementos en la carga tributaria que pueden alcanzar entre el 20 % y el 40 % en comparación con el escenario previo a la reforma.

Aunque algunos de estos cambios en materia tributaria parecen razonables, como la eliminación de las exenciones sectoriales para las empresas, el efecto neto de un aumento tan grande en la presión tributaria fue un encarecimiento del costo de uso del capital, lo que desincentiva la inversión. Por su parte, el efecto para los hogares es una reducción del ingreso disponible, lo cual también tiene consecuencias negativas para el crecimiento del consumo.

En tercer lugar, ha habido un aumento sustancial en la incertidumbre sobre la política económica, lo cual es una barrera para el aumento de la inversión. De hecho, aplicando una metodología internacional que cuantifica los niveles de incertidumbre en la política económica basándose en la frecuencia de noticias que mencionan la palabra «incertidumbre» en relación con las políticas monetaria, fiscal y económica en general, el indicador de incertidumbre de la política económica calculado por Fedesarrollo muestra que tres de los cuatro años con mayor incertidumbre en lo que va del siglo XXI han sido 2022, 2023 y 2024, coincidiendo con la llegada del Gobierno de Gustavo Petro.

Las fuentes de incertidumbre en la política económica son diversas. A nivel macroeconómico, las discusiones sobre la reforma a la salud han sido perjudiciales para la atracción de nueva inversión en el sector. La reforma laboral, que pretende encarecer el costo del empleo formal, tampoco favorece la decisión de invertir en proyectos intensivos en mano de obra. Además, genera el efecto perverso de acelerar la automatización de procesos, ante el eventual aumento en el costo relativo del empleo formal. La discusión sobre una nueva asamblea constituyente, aunque de baja probabilidad, también introduce incertidumbre, ya que podría alterar las reglas de juego para la inversión privada.

En el plano microeconómico, el Gobierno ha adoptado medidas que han generado incertidumbre en sectores clave para la inversión privada. En el sector minero-energético, por ejemplo, se anunció la no suscripción de nuevos contratos de exploración en petróleo y gas, se han completado casi dos años sin la plena conformación de la comisión de regulación de energía y gas, y se ha discutido una nueva ley de servicios públicos que pretende bajar las tarifas al consumidor final, alejándose del principio de suficiencia financiera. En infraestructura, el Gobierno decidió no actualizar el valor real de los peajes en enero de 2023, asumiendo el costo directamente desde el presupuesto general e introduciendo un innecesario ruido sobre el compromiso del Estado de cumplir con los compromisos contractuales frente al inversionista privado.

A pesar de estos factores, es importante señalar que el desempeño de la economía colombiana será ligeramente mejor en 2024 que en 2023. Según nuestros cálculos, la economía crecería un 1.6 % y la inflación se reduciría del 13.1 % al 5.7 %. Sin embargo, el mercado laboral continuará siendo un problema, ya que se espera que la tasa de desempleo promedio alcance el 10.7 %, 5 décimas por encima de 2023, debido a un crecimiento insuficiente para generar los puestos de trabajo necesarios para reducir la tasa de desempleo. Para 2025, estimamos un crecimiento del 2.5 %, aún por debajo del crecimiento de largo plazo, también llamado potencial, que es cercano al 3 %.

En este contexto, persisten dos retos fundamentales para el crecimiento. Por un lado, es esencial que el gobierno brinde certeza y claridad sobre el cumplimiento de las reglas de juego para la inversión, abandone ideas contraproducentes como la introducción de inversiones forzosas e incorpore al sector privado como un socio estratégico en la reactivación económica.

Por otro lado, es importante acelerar el ritmo de ajuste del déficit fiscal, ya que los niveles actuales de gasto son más altos que los de la prepandemia y existen serias dudas sobre la capacidad del sector formal de continuar pagando altas tasas de impuestos, lo que pone en tela de juicio las metas de recaudo tributario, como se ha evidenciado en lo que va del año.

Aunque el Gobierno ha mostrado seriedad y compromiso en el cumplimiento de la regla fiscal, la discusión de una nueva reforma tributaria es altamente inconveniente para los propósitos de la reactivación económica. El presupuesto de 2025 tendrá que ser recortado en 26.6 billones de pesos para garantizar que el tamaño del gasto sea compatible con metas razonables en materia de recaudo. Un ajuste creíble y ordenado en las finanzas públicas induciría una baja sustancial en el riesgo país, hoy más alto que incluso el de Brasil, lo que conduciría a una disminución en el costo del endeudamiento para la Nación, las empresas y los hogares, abriendo espacio para la reactivación económica.

Es urgente volver a centrar la discusión económica en el crecimiento, que genera un círculo virtuoso de mayor recaudo tributario, un mayor presupuesto para la provisión de bienes públicos, aumentos en la productividad y competitividad, reducciones en la pobreza y, por ende, mayor crecimiento e ingresos para los hogares del país.