En Colombia la transparencia no cristaliza

Hace un buen número de años que Colombia promulgo la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública; no obstante, persisten el problema del acceso a la información y los casos de corrupción se cuentan por montones. ¿Qué pasa con la transparencia en nuestro país?

Conviene recordar que las sociedades modernas han decidido someter el sistema público a las reglas de la transparencia para que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los procesos públicos, cómo se manejan sus impuestos, etc.

La idea es hace transparente el sistema en doble vía: una, donde los responsables del sistema rinden cuentas a la ciudadanía de lo que hacen, y la otra, donde la ciudadanía organizada accede a la información del sistema para conocer, criticar y controlar a los responsables.

El éxito de esta regulación se soporta en tres pilares. El primero, la veracidad de la información oficial, asociada a la fiabilidad del proceso que la genera, que depende de factores como el buen gobierno, el profesionalismo, la eficacia, el control, la calidad, etc.  

El segundo, una ciudadanía proactiva, critica y responsable, que actúa de forma independiente cuando recopila la información oficial y la analiza críticamente para formular avisos, sugerencias, propuestas y acciones orientadas a mejorar el sistema público.    

Y, tal vez, el más importante, el obrar ético de los lideres, gestores y supervisores del sistema. El sistema público no es transparente por sí mismo, lo hacen transparente los funcionarios que manejan los asuntos públicos cuando actúan con base en principios universales.

Desafortunadamente, nuestro sistema público tiene muchísimos procesos de dudosa fiabilidad, y en eso incide el abuso del poder, el desgobierno, la captura de los organismos de control, el clientelismo burocrático, la ineptitud, la chapucería, y un largo etc.   

A esto se suma la apatía y la credulidad de la ciudadanía y la inmensa dificultad que tienen los seres humanos de acceder al nivel de desarrollo moral post convencional, o sea, el cumplir con las normas establecidas y comportarse éticamente.

Estos perniciosos inhibidores no permiten que la política de transparencia del país cristalice y goce de buena salud. Está claro que queda mucho terreno por recorrer para que la transparencia sea una fortaleza del Estado, y una competencia ciudadana.

Esto lo ratifica los puntajes que ha venido obteniendo Colombia en el índice de percepción de la corrupción. En 2012 el puntaje fue de 36 sobre 100, y once años después, en 2023, el puntaje es de 40 sobre 100. Nos mantenemos por debajo del promedio global. 

Pienso que si queremos hace que el sistema sea transparente necesitamos cultivar valores universales como la honestidad y la verdad. La transparencia no funciona sola. Aquí está el quid del asunto, y es la fuerza más poderosa que se puede esgrimir para sacar la transparencia del atolladero. 

En esta dinámica de mejora basada en la sinergia de valores juega un papel central el liderazgo ético de todas las autoridades del sistema, ya que sus convicciones, acciones y palabras se convierten en el ejemplo a seguir por todos los integrantes del sistema. 

Ahora, el desafío es buscar con la lampara de Diógenes de Sinope a esos lideres honestos y justos. ¡Ojalá que este sea el compromiso de cada gobierno, de cada institución, y de toda la ciudadanía!