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¿Podrá el Pacto Histórico prolongar cuatro años más su gobierno en Colombia?

Elecciones presidenciales 2026: ¿hacia dónde se moverá el péndulo político en Colombia?

por | Nov 30, 2023

Por Eduardo Pizarro Leongómez

Aunque algunos analistas auguran que el proyecto político del presidente Petro busca permanecer en el poder por cuatro años más, la realidad en Latinoamérica indica que la alternación política –el cambio de partidos que rigen el poder presidencial en los países de la región– se impone como una tendencia con pocas excepciones.

Hace pocos días, en la red social X, Gustavo Petro sostuvo, a propósito de una encuesta contratada con el Centro Nacional de Consultoría por la propia Presidencia de la República que le da un 51.5 % de favorabilidad y un 44.5 % de desfavorabilidad: “Vuelvo a decirlo. Alguien engaña en las encuestas, dado que la encuestadora es contratada también por medios de comunicación. Estamos en situación de ganar las elecciones presidenciales, hay que trabajar más y debemos ganar en el 2026, tanto en Congreso como en presidencia, para que el cambio sea profundo, real e irreversible en Colombia”. Ante el comentario del Presidente es necesario preguntarse si quiere ganar la presidencia mediante su reelección o a través de otro candidato. 

Gerardo Munck, profesor de la Universidad de California, publicó recientemente un interesante cuadro mostrando que en nuestra región, de manera creciente, la alternación política se ha ido convirtiendo en una realidad. Según el autor, “con la elección en Argentina se mantiene la tendencia en América Latina a la derrota de los candidatos oficialistas en elecciones democráticas. En 18 elecciones desde 2019, solo en Paraguay (2023) ganó el oficialismo”. En efecto, en el cuadro que adjuntamos en torno a la continuidad o a la renovación de los partidos de gobierno en América Latina que amplía el elaborado por Munck, es impactante constatar que desde 2019, salvo en Nicaragua –en donde el dúo fatal de Daniel Ortega y Rosario Murillo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se hizo reelegir mediante unas elecciones vergonzosas sin ninguna garantía para la oposición–, solo en Paraguay el Partido Colorado logró que su candidato, Santiago Peña, ganara las elecciones prolongado así su control del Estado. En el resto de las naciones, los gobiernos dirigidos por partidos ubicados más a la derecha o más a la izquierda del espectro ideológico, los procesos electorales sirvieron para abrirle el camino a gobiernos de otra orientación ideológica, ya fuese de derecha, izquierda, centroderecha o centro izquierda. 

En el cuadro no incluimos a Cuba debido a que se trata de un gobierno de partido único, es decir, donde no existe una genuina competencia y alternación democrática del poder político. Sin embargo, se incluyen Nicaragua y Venezuela, pues a pesar de constituir regímenes abiertamente autoritarios, celebran elecciones así sean de fachada. En ambos casos, se produjo la reelección de Nicolás Maduro, quien gobierna desde el fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013, y de Daniel Ortega, que ya lleva tres periodos de gobierno sucesivos desde enero de 2012.

* Tras la destitución de Pedro Pablo Kuczynski se sucedieron los gobiernos provisionales de Manuel Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti hasta el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones celebradas en 2021 y quien, tras su destitución, fue reemplazado por Dina Boluarte. 

La alternación política constituye un hecho de enorme trascendencia en América Latina, dado que las garantías para que esta se pueda llevar a cabo constituye uno de los pilares de los sistemas democráticos, así no ocurra de hecho. Es posible y además, legítimo, que el electorado decida –por motivos de satisfacción con el partido de gobierno o por insatisfacción con el partido o los partidos de oposición– renovarle el mandato al partido en el poder. Y, en algunos casos, al propio Presidente si la Constitución lo permite. 

Tras la dura derrota que sufrió el Pacto Histórico en las últimas elecciones regionales celebradas el 29 de octubre de 2023, y la caída de la popularidad del Gobierno en la mayoría absoluta de las encuestas, no es improbable que en Colombia en 2026 la tendencia general de América Latina hacia una alternación política se haga realidad. 

La reelección presidencial

Colombia constituye, al lado de Guatemala, Costa Rica, Honduras, México y Paraguay, una de las seis naciones en América Latina en donde está expresamente prohibido en el texto constitucional la reelección presidencial. En otras siete naciones (Argentina, Brasil, Perú, República Dominicana, Ecuador, Venezuela y Bolivia) la Constitución permite una reelección inmediata por una sola vez, aun cuando Evo Morales a través de oscuras maniobras logró una tercera reelección (2006-2010, 2010-2015, 2015-2019). Cuando intentó la cuarta fue destituido. En otros países, como Chile, Uruguay y El Salvador, es posible la reelección no inmediata, es decir, tras uno o más periodos presidenciales. En Panamá el presidente saliente debe esperar al menos que hayan transcurrido dos mandatos para intentar volver al poder. 

Pero no todo es color de rosa. Al lado de los avances en el plano democrático que vive América Latina El Salvador está ad-portas de una clara involución. El controversial presidente Nayib Bukele ha presentado su candidatura para un nuevo mandato a pesar de la expresa prohibición constitucional de una reelección inmediata, mediante unas polémicas interpretaciones jurídicas realizadas por magistrados de bolsillo. 

Petro y miembros del Pacto Histórico afirman que su proyecto político no es viable de realizar en cuatro años y que, por tanto, requieren de mayor tiempo para su plena implementación. Se trata de una argumentación que genera mucha incertidumbre y nerviosismo.

En Colombia, en abierta contravía de una larga tradición contraria a la reelección presidencial (en el siglo XX solo tres personalidades ocuparon en dos ocasiones distintas la presidencia en propiedad o como encargados, Jorge Holguín, Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras), mediante el Acto Legislativo 02 de 2004 se cambió el texto del artículo 197 de la Constitución de 1991: “No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia”, por otro que decía, “Nadie podrá ser elegido para ocupar la Presidencia de la República por más de dos períodos». Este nuevo texto se dictó, evidentemente, para favorecer la reelección inmediata de Álvaro Uribe (2002-2010). Reforma que habría de favorecer, igualmente, a Juan Manuel Santos (2010-2018). No obstante, en el mes de junio de 2015, en la plenaria de la Cámara de Representantes se eliminó definitivamente la reelección presidencial en el texto constitucional y, es más, se aprobó una “cláusula pétrea” para evitar que la reelección quedara a merced de los antojos y caprichos del gobernante de turno, despojando al Congreso de la facultad de revivir esa figura, la cual solo podría ser aprobada mediante un referendo o una Asamblea Constituyente. 

En el Derecho Constitucional se entiende por una cláusula intangible, pétrea o eterna, toda disposición constitucional que establece una limitación a la posibilidad de su reforma ya sea haciendo su cambio muy difícil e intrincado o, incluso, prohibiendo expresamente la posibilidad misma de su modificación. Este tipo de normas restrictivas son muy comunes. Por ejemplo, en Alemania y Austria para proteger a las minorías existen las llamadas “cláusulas eternas”. A su turno, la Constitución de Brasil contiene en su artículo 60 (numeral 4) una cláusula intangible que dice: “No será objeto de deliberación la propuesta de enmienda tendiente a abolir: I. La forma federal del Estado; II. El voto directo, secreto, universal y periódico; III. La separación de los poderes; IV. Los derechos y garantías individuales”. 

La alternación política 

Petro y miembros del Pacto Histórico han venido planteando que su proyecto político no es viable de realizar en cuatro años y que, por tanto, requieren de mayor tiempo para su plena implementación. Se trata, sin duda, de una argumentación que genera mucha incertidumbre y nerviosismo. 

Dado que la reelección de Petro es inviable según las normas constitucionales vigentes e igualmente inviable la posibilidad de convocar a un referendo o a una Asamblea Constituyente –dada la debilidad del Pacto Histórico en el Congreso de la República–, la única opción realista sin socavar la institucionalidad del país sería, a mi modo de ver, la de intentar continuar en el ejercicio del poder mediante un candidato afín pero distinto a Petro en las elecciones de 2026. 

Se trata, sin duda, de una aspiración legítima. Pero para ello deben convencer a los colombianos de las bondades de su proyecto político y de la capacidad de sus funcionarios para implementar las políticas públicas. Es decir, ganar el apoyo ciudadano. De lo contrario, como viene ocurriendo en América Latina con pocas excepciones, en 2026 se va a dar una alternación política, lo cual es muy sano para la vigencia y vitalidad de la democracia. 

Ojalá que los partidos de oposición no repitan la penosa experiencia de 2022 impulsando un candidato tan pobremente equipado para ejercer la presidencia de la República como Rodolfo Hernández. 

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Eduardo Pizarro Leongómez

Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.

 

 

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