11 de septiembre de 1973: asalto a la democracia en Chile

Se cumplen 50 años del golpe militar contra el gobierno de Unidad Popular del presidente chileno Salvador Allende, hecho ocurrido el 11 de septiembre de 1973. Todavía hoy encontramos en este país a una sociedad dividida entre los que idealizan los años de la cruenta dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y, por el contrario, ciudadanos que año tras año se lamentan del trágico final de un gobierno derrocado a bala. Aunque autores como Ernest Renán sostenían desde fines del siglo XIX que la construcción de una nación debía basarse no exclusivamente en los recuerdos de una historia compartida sino también en el olvido de hechos violentos (citado por Peters, 2022), nos resulta oportuno señalar que la importancia de la memoria adquiere especial relevancia cuando se trata de conocer el pasado desde la perspectiva de las víctimas, más allá del relato oficial. Según el Ministerio de Justicia, durante la dictadura hubo 40.179 víctimas entre asesinados, desaparecidos, presos políticos y torturados, tal como establecieron dos comisiones de la verdad. 

El golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende fue celebrado durante años por los militares como el ‘Día de la victoria’ “contra un gobierno marxista”, pues para ellos “era una guerra en contra de un enemigo peligroso que venía del extranjero para destruir la base de la nación y sociedad chilenas”¹. Todo ello amparado en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional de la Guerra Fría el cual propendía por combatir a toda costa el llamado enemigo interno en los países capitalistas. En este sentido, “los discursos conmemorativos se conformaron como un lugar estratégico de poder para definir qué y cómo recordar u olvidar, gracias a diferentes modalidades de uso del pasado y de la historia”². Esto, por supuesto, ha ocurrido en otros casos. En la España franquista, por ejemplo, la memoria fue deformada de manera sistemática, fruto de una decisión política. El Estado se apoderó del espacio público, cambió los nombres de las calles, los pueblos y no se permitían conmemoraciones distintas a las oficiales. La memoria franquista de la Guerra Civil Española era útil para la legitimación histórica del sistema político vencedor en la guerra.   

No contentos con reprimir en su país, la dictadura chilena se unió de manera entusiasta al llamado Plan Cóndor, una estrategia militar que desde 1975 hizo posible la alianza entre regímenes militares para coordinar la persecución a los opositores, dentro y fuera de cada país. Estas acciones incluían intercambio de información, operativos conjuntos entre varios países y traslados clandestinos de personas detenidas en el extranjero a su país de origen. 

El golpe, al igual que en el boicot a la economía chilena por parte de grupos privados, fue orquestado y financiado por el gobierno norteamericano, intervención que se añade a otras acciones previas como el derrocamiento a Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), la invasión a Bahía Cochinos (1961), el embargo económico a Cuba (1962) y el golpe al presidente Juan Bosch en República Dominicana (1963). La llamada vía chilena al socialismo significó un gran desafío para la política exterior norteamericana pues sus intereses estratégicos se vieron amenazados con medidas como la nacionalización del cobre en 1971 (donde Estados Unidos tenía el monopolio de la producción), aunado a la aparente cercanía del gobierno chileno con la Unión Soviética y Cuba.   

La Ley de Punto Final en Chile no resolvió la expectativa de llevar a la justicia a los protagonistas de la dictadura. Más impactante aun es que tampoco hubo condena contra Augusto Pinochet, fallecido en 2006, y artífice de la política de represión, desapariciones, ejecuciones y tortura contra la población. Tampoco se juzgaron sus delitos de corrupción. Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991, hubo un saldo de 3.200 asesinados y 1.162 desaparecidos. Se exiliaron 200.000 ciudadanos fuera de Chile y 28.000 opositores fueron torturados. 

La historia seguirá recordando a Salvador Allende como un presidente civilista, un médico idealista que soñó con un país más equitativo y murió defendiendo la democracia en su país. Sus últimas palabras, transmitidas en Radio Magallanes, fueron: “Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”.