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Ilustración: Unesco.

Desde el Derecho Internacional Humanitario es prioridad que Colombia proteja la dignidad humana y evite que miles de proyectos de vida y familiares sean truncados por la violencia.

El conflicto armado en Colombia ha dejado profundas huellas. Como nación, hemos madurado a pesar del mar de víctimas injustificadas de un conflicto fratricida. Este proceso de maduración nos ha llevado a explicar, sin necesariamente aceptar o compartir, las diversas formas de violencia que se han manifestado en el conflicto desde diferentes perspectivas y enfoques. En algunos casos, se ha analizado desde el ángulo de los intereses económicos legales e ilegales, y en otros desde el punto de vista de las reivindicaciones políticas y el “derecho a la rebelión”. Sin embargo, a menudo hemos pasado por alto la explicación centrada en el ser humano y los dramas que vive en un contexto de conflicto armado.

Este principio moral fue lo que inspiró una de las obras humanas más valiosas del siglo XX: los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que representan el consenso global en torno a los límites de la guerra y que conocemos como Derecho Internacional Humanitario. Estos límites fueron concebidos para proteger el núcleo esencial de la existencia humana, que no es otro que la dignidad humana, y son esenciales para prevenir y aliviar el sufrimiento humano.

Recientemente, el Comité Internacional de la Cruz Roja presentó su informe Panorama Humanitario 2023, que no solo hace un balance del 2022, sino que también hace un llamado a la acción para que los actores armados involucrados en los siete conflictos que todavía existen en Colombia respeten los estándares internacionales y excluyan a la población civil de la guerra. En particular, se llama a reducir las consecuencias humanitarias del uso de artefactos explosivos, a garantizar que los niños, niñas y adolescentes no sean asociados de ninguna manera con las actividades de los actores armados, a fomentar espacios de protección y promover oportunidades para prevenir el reclutamiento y participación en hostilidades de menores de edad por parte del Estado colombiano, y a que las partes en conflicto respeten los estándares y modalidades de las organizaciones humanitarias basados en los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia.

Según el CICR, 39.000 personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios.

Este llamado es la consecuencia de que 2022 demostró que los retos que enfrenta el país no son menores, ya que durante este periodo se documentaron alrededor de 400 presuntas violaciones del DIH. Particularmente registraron 515 víctimas de artefactos explosivos, el número más alto de los últimos seis años; 348 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados y la violencia que ocurrieron después de la firma del Acuerdo de Paz, de los cuales 209 sucedieron el año pasado. Según el CICR, 39.000 personas estuvieron confinadas por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios. De la población confinada, el 64 % se identificó como indígena y el 27 % como afrodescendiente.

El informe Retos Humanitarios 2023 de la Cruz Roja Internacional muestra que el conflicto armado en Colombia sigue siendo una amenaza para la población civil y sus Derechos Humanos, y que es necesario hacer un llamado a todos los actores armados para que respeten los estándares internacionales del Derecho Humanitario y excluyan a la población civil de la guerra. La prioridad debe ser proteger la dignidad humana y evitar que miles de proyectos de vida y familiares sean truncados por la violencia.

Es fundamental que los esfuerzos se centren en promover estrategias para que los actores armados respeten de forma indeclinable el DIH. Solo así se podrá prevenir y aliviar el sufrimiento humano y lograr una paz duradera. Debemos regresar al humanitarismo y recordar que, ante todo, la vida humana debe ser protegida y respetada, sin importar las causas económicas, políticas o sociales del conflicto. Solo entonces podremos construir un futuro en el que la dignidad humana sea la piedra angular de la sociedad.

 

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Carlos Alfonso Negret Mosquera

Exdefensor del Pueblo. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X El Sabio de España.