Una propuesta diferente para el salario mínimo

Por estos días Colombia asume nuevamente la discusión de cuánto incrementar el salario mínimo para el siguiente año. Y la encrucijada para la mesa de concertación radica en que este salario es al mismo tiempo muy bajo para que un hogar pueda sobrevivir dignamente con él, y muy alto para lo que logramos aportar los colombianos a la transformación de la economía. Por décadas, un trabajador colombiano a duras penas ha logrado generar una cuarta parte de lo que genera un trabajador estadounidense y poco más del 60 % de lo que aporta un trabajador chileno. No es sorpresa, por ello, que Colombia se encuentre sistemáticamente entre los países de América Latina (y de la OECD) con peor balance de vida-trabajo, y donde se laboran más horas a la semana.

Detrás de la baja productividad laboral se encuentra, sobre todo, un gran desajuste de habilidades: una diferencia entre el nivel de cualificación de los trabajadores y las destrezas requeridas por las empresas. Un estudio de Luz Adriana Flórez y Leidy Gómez del Banco de la República muestra que en Colombia el desajuste por subcualificación es de los más severos de América Latina, y más del doble de pronunciado que en los países de la OECD. El estudio también muestra que la subcualificación explica parte de la tasa de despidos y la alta rotación que se vive en nuestro mercado laboral.

¿Por qué no pensar en una forma diferente de decidir el incremento salarial? Pensemos, por ejemplo, que todos aquellos trabajadores formales que ganen un salario mínimo reciban un incremento garantizado del IPC + 1.24 %. Con esto, y con que la inflación de 2023 sea de 7.1 % como lo proyecta el banco central, los hogares mantendrían su poder de compra y recuperarían con creces lo perdido en 2022. De ahí, podríamos pensar en que los puntos adicionales de incremento que se definan en la negociación puedan implementarse en la forma de capacitación y formación de habilidades. Así, en caso de que fueran 3 los puntos adicionales, estaríamos hablando de dedicar potencialmente $1.2 billones para invertir en el capital humano de los colombianos.

Un arreglo como estos sería la oportunidad para que los trabajadores colombianos puedan aspirar a mayores ingresos y a ofrecer así una vida mejor a sus familias. Según un estudio para la Misión de Empleo de Juan Camilo Chaparro de la Universidad EAFIT, y Darío Maldonado de la Universidad de los Andes, los trabajadores con algún diploma de educación técnica o vocacional reciben ingresos que son 25 % superiores a los de un trabajador con bachillerato.

Esta forma de asignar parte del incremento salarial evitaría además una mayor presión sobre la inflación: un estudio reciente de investigadores del Banco de la República y EAFIT muestra que incrementar el mínimo 1 % por encima de la inflación puede reducir el empleo en igual porcentaje. Finalmente, esta propuesta generaría un interés por parte de empresas y trabajadores en demandar una mayor pertinencia de la educación técnica y vocacional: según Chaparro y Maldonado (Misión de Empleo), solo el 27 % y 37 % de quienes, respectivamente, completan programas técnicos laborales o cursos de formación en el SENA y en una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano privada, se ocupan en oficios relacionados con la temática de estos programas.

El tiempo apremia. Poner sobre la mesa de concertación nuevas propuestas como esta amplía el margen de negociación y nos permite abordar algunos de los problemas estructurales de nuestro mercado laboral, principal fuente de ingresos y progreso de los colombianos.