Una oportunidad inédita en la política de drogas

Una de las tantas expectativas frente al cambio de gobierno liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez es un nuevo enfoque para la política de drogas. Ambos fueron enfáticos sobre el tema en campaña (ver debates en los que participaron 1 y 2) y desde las comisiones de empalme ya se han comenzado a hacer algunos anuncios. El pasado 20 de julio, un grupo de congresistas del Pacto Histórico encabezados por Gustavo Bolívar y los delegados de la comisión de empalme intersectorial sobre política de drogas anunciaron que en las próximas semanas se presentará un proyecto de Ley para regular la hoja de coca, la amapola, los hongos y sus derivados para uso adulto y medicinal, así como una reforma institucional. Así mismo anunciaron que estas reformas estarán regidas por 6 principios: 1. Prevalencia de los derechos humanos sobre los tratados internacionales sobre drogas 2. Consulta y participación concertada con las comunidades históricamente afectadas por la prohibición y el paradigma de la “guerra contra las drogas”. 3. Acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, el Acuerdo de Paz y la Comisión de Empalme. 4. La política del nuevo gobierno debe basarse en la no criminalización de los pequeños productores y consumidores. Descriminalizaremos la política de drogas. 5. Los enfoques étnicos, de género, ambiental, regional e intersectorial serán transversales a la regulación de las drogas. 6. Las plantas son sagradas para los pueblos originarios.

Esta discusión es inédita y, debo decirlo, esperanzadora. Este será el primer gobierno que propone replantear el enfoque tradicional sobre la política de drogas y avanzar en la discusión global sobre el tema. Sin embargo, el éxito de este nuevo enfoque dependerá de los detalles que aún no se han discutido. Me enfoco aquí en el tema del cultivo de la hoja de coca. Por ejemplo, es claro, según lo propuesto en campaña y según la comisión de empalme, que el objetivo central será no criminalizar al campesino cultivador de hoja de coca; por el contrario, el objetivo es brindarles oportunidades económicas que reemplacen eventualmente la economía cocalera, desarrollen productos alternativos derivados de la hoja de coca y, si se descriminaliza la coca y la cocaína, continuar produciendo legalmente. Son tres escenarios distintos, pero en cualquier de los casos, en un contexto donde los grupos ilegales y el crimen organizado controlan este negocio, es importante preguntarse ¿cuál será el impacto de sustituir o regular la hoja de coca y eventualmente la cocaína? ¿Cuál será el riesgo para los cultivadores y comunidades cocaleras y cómo se va a mitigar? Lo que ocurre con la pequeña minería de oro donde la minería informal y criminal se traslapan en los mismos territorios, ilustra lo que podría pasar con el mercado regulado de hoja de coca en regiones donde operen grupos criminales organizados.

Recordemos el impacto no intencionado del PNIS que aumentó el asesinato de líderes sociales en los municipios donde se firmaron acuerdos de sustitución, pues el diseño del programa no consideró un componente integral de seguridad. Por lo tanto, un rediseño de este programa, o un programa que en cambio regule los cultivos existentes, no debe limitarse al desarrollo rural, sino que debe incluir un componente robusto de seguridad articulado con la Fuerza Pública. También, es necesario aprender de los errores del diseño anterior, especialmente los incentivos que se crean con estas intervenciones como el anuncio del PNIS que aumentó las hectáreas cultivadas. En esa misma línea, los incentivos de una futura regulación también deben ser analizados. ¿Quiénes entrarían al programa? ¿Los cultivos de quienes serían regulados? ¿Quién compraría está producción? Celebro, eso sí, que se plantee en cualquier caso una discusión sobre la gradualidad en los compromisos, pues erradicar o regular de un día para otro la coca, así sea de manera voluntaria, sin tener un plan económico y social andando probablemente solo llevará al fracaso del programa.

La comisión de empalme también ha mencionado el desarrollo de emprendimientos productivos basados en la hoja de coca. Esto también es una tarea pendiente, así como la investigación científica en conjunto con los pueblos étnicos para desarrollar productos medicinales, nutricionales y agrícolas a partir de un modelo de beneficios compartidos que beneficie a los cultivadores históricos. Sin embargo, un nuevo mercado de productos lícitos derivados de la hoja de coca no necesita 150.000 hectáreas. ¿Cuál será el destino del resto?

Colombia debe liderar la discusión global sobre la regulación de la cocaína junto con Perú y Bolivia, pues de nada sirve si aquí regulamos el consumo de cocaína con 250 mil consumidores, irrelevante para el mercado global de 20 millones de consumidores. El nuevo embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, tendrá un rol central en este dialogo, aunque por ahora sus prioridades anunciadas son medio ambiente, paz y migraciones.

La comisión de empalme intersectorial sobre política de drogas también ha mencionado la necesidad de articular las 27 entidades del Estado que tienen alguna función en el tema de drogas. Una agencia integradora parece un proyecto prometedor, pero esta debe tener como prioridad la articulación interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura, Justicia, Salud, Defensa y Medio Ambiente si el objetivo es diseñar una política integral. Esta es una pregunta de diseño institucional que se debe resolver de manera oportuna para no dilatar los procesos.

El Gobierno tendrá que comenzar por responderle a las 99.000 familias que están en el PNIS y a quienes no se les cumplieron los acuerdos. ¿Cómo restablecer la confianza con estas comunidades? ¿Se va a rediseñar el PNIS con nuevas condiciones? ¿Qué pasará con las familias que regresaron a los cultivos de coca o las que nunca entraron al PNIS? ¿En un contexto de regulación cuáles serían los compromisos del PNIS? Muchos detalles aún por resolver para entender el alcance de una nueva política de drogas.