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Cuatro mil trabajadores de la United Fruit Company se movilizaron el 5 de diciembre 1928 ocupando el ferrocarril de Ciénaga. El general Cortés Vargas, enviado para aplacar el levantamiento, le escribió al Gobernador ese mismo día: “He ordenado concentrar toda la fuerza y sigo inmediatamente a batir por el fuego a los amotinados”.

Perpetrada hace 93 años, la masacre de las bananeras ha sido por décadas tema de debate entre quienes tratan de precisar el número de manifestantes muertos. Resaltar la dimensión de la huelga y la reacción desproporcionada de los militares autores de estos graves hechos, un justo ejercicio de la memoria.

El lunes 12 de noviembre de 1928 se declaró la huelga en la que participaron cerca de treinta mil trabajadores de las fincas bananeras, quienes paralizaron las labores de la United Fruit Company durante tres semanas. Los líderes del movimiento obrero más sobresalientes fueron Raúl Eduardo Mahecha, Alberto Castrillón, Bernardino Guerrero, José Russo y el curazaleño Christian Vengal.

Al decir del alcalde de Ciénaga de ese entonces, Víctor Fuentes, “una circunstancia de valía material y moral vino a robustecer la continuación de la huelga: el apoyo franco, decidido, que el comercio local prestó”. En efecto, desde un primer momento los huelguistas contaron con el apoyo abierto de la “Sociedad de Comercio”, agremiación de los comerciantes de Ciénaga encabezados por Aristides Facholas, un judío de origen griego, quienes buscaron la solidaridad de los comerciantes de Santa Marta y Barranquilla con el envío de víveres para los huelguistas. Los comerciantes de Ciénaga y Santa Marta vieron inicialmente en la huelga una oportunidad para que los obreros reclamaran a la United Fruit Company el desmantelamiento de los comisariatos. Es que los comerciantes locales fueron los más afectados con la política de la empresa de vender directamente a los trabajadores artículos diversos. Ante el agravamiento de los hechos y la prolongación de la parálisis por tres semanas, la “Sociedad de Comercio” de Ciénaga decidió quitarles el apoyo a los huelguistas.

El día 13 de noviembre llegó a Santa Marta el general Carlos Cortés Vargas al mando de varios regimientos armados. Cortés marchó inicialmente a Ciénaga y luego se estableció en Aracataca con cerca de mil quinientos hombres, en su mayoría procedentes del interior del país. Según el Secretario de Gobierno del Magdalena, los soldados y oficiales del Regimiento Nariño, “pedidos por el general Cortés, son casi en su mayoría antioqueños. El Comandante los ha pedido porque teme que en el momento de un conflicto, los soldados del Magdalena… puedan vacilar en caso de tener que asumir una actitud decisiva” (El Estado, 3 de diciembre de 1928). En diciembre llegaron cerca de mil unidades de refuerzo procedentes de Facatativa, La Dorada y Bucaramanga, todas poblaciones del interior del país.

Ante las demandas de los trabajadores, los empresarios bananeros aprobaron el establecimiento de pagos semanales y la supresión de vales para las tiendas. Pero ante la negativa de la United Fruit Company con el grueso del pliego de peticiones y el acoso de los militares en toda la región, las acciones de los obreros se fueron endureciendo: en los primeros días de diciembre paralizaron el tráfico del ferrocarril.

Los obreros se movilizaron y se concentraron en la estación del ferrocarril de Ciénaga y el 5 de diciembre su número superaba los cuatro mil. El Gobierno decidió promulgar el Decreto de turbación del orden público en Santa Marta y Ciénaga. Investido con todos los poderes en el Departamento, el general Cortés Vargas le escribió al Gobernador el 5 de diciembre: “He ordenado concentrar toda la fuerza y sigo inmediatamente a batir por el fuego a los amotinados”.

Entre la medianoche del 5 y la madrugada del 6 de diciembre de 1928, el general Cortés Vargas ordenó a su tropa de soldados andinos disparar contra la muchedumbre, ocasionando un número indeterminado de muertos entre los manifestantes. En tono literario y con acento costeño, García Márquez escribió: “Los cachacos eran los nativos del altiplano, y […] los distinguíamos del resto de la humanidad por sus maneras lánguidas y su dicción viciosa. Esa imagen llegó a ser tan aborrecible que después de las represiones feroces de las huelgas bananeras por militares del interior, a los hombres de tropa no los llamábamos soldados sino cachacos”.

Las versiones sobre la magnitud de la “masacre de las bananeras” son confusas y contradictorias: según el general Cortés Vargas, sólo hubo 13 muertos y 19 heridos, cifra que luego aumentó a 48 (incluido un militar). Por el contrario, para el congresista Jorge Eliécer Gaitán y el jefe huelguista Alberto Castrillón fueron más de mil las víctimas fatales. Desde la literatura, García Márquez se imaginó un número tan elevado de muertos que le sirviera para llenar varios vagones de tren: “Eran más de tres mil –fue todo cuanto dijo José Arcadio Segundo. Ahora estoy seguro que eran todos los que estaban en la estación”. Casi cien años después de los acontecimientos, el número de víctimas sigue siendo una incógnita, aunque parece haber consenso entre los historiadores modernos de que la “masacre” no fue de la magnitud como la describieron el congresista Gaitán y el sindicalista Castrillón, pero sí fue mucho mayor de lo planteado por el general Cortés Vargas.

En tono literario y con acento costeño, García Márquez escribió: “Los cachacos eran los nativos del altiplano, y los distinguíamos del resto de la humanidad por sus maneras lánguidas y su dicción viciosa. Esa imagen llegó a ser tan aborrecible que después de las represiones feroces de las huelgas bananeras por militares del interior, a los hombres de tropa no los llamábamos soldados sino cachacos”.

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En “La casa grande”, su novela testimonial de 1962, Álvaro Cepeda Samudio relata la masacre de las bananera e inscribe su obra en la corriente de la literatura comprometida del continente.

Sobre la masacre vale la pena destacar que lo relevante no es seguir intentando cuantificar infructuosamente el número preciso de muertos, sino resaltar la dimensión de la huelga y la reacción desproporcionada de los militares, quienes incurrieron en el hecho gravísimo de ejecutar un número plural de personas. En el contexto político de la época, los conservadores en el poder y los empresarios norteamericanos temían a un posible avance comunista, después del triunfo de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia. En el caso de Estados Unidos, allí se presentó en 1919 una oleada de huelgas y enfrentamientos entre obreros y policías, así como algunos atentados, lo que se denominó el “Terror Rojo”. Ante estos acontecimientos, las autoridades emprendieron unas redadas contra trabajadores extranjeros entre noviembre de 1919 y enero de 1920, a quienes tildaban de comunistas y anarquistas. Estas medidas desproporcionadas arrojaron como resultado la detención de cinco mil extranjeros, muchos de los cuales fueron deportados.

Al respecto dice el historiador canadiense Michael Ignatieff: “En retrospectiva, el ‘Terror Rojo’ se ve como un ejemplo modélico de pánico y exageración innecesaria en respuesta a una amenaza a la seguridad relativamente insignificante”. Con toda seguridad estamos ante un caso similar cuando se analizan los acontecimientos ocurridos en Ciénaga el 5 y 6 de diciembre de 1928.

La huelga generó una “cacería de brujas” no sólo contra los obreros. Las autoridades militares, y también civiles, acusaron a algunos bananeros, comerciantes, cónsules y políticos locales. De acuerdo con el Gerente de la United Fruit Company, la huelga era una conspiración del Cónsul Americano William Trout, así como de los reconocidos bananeros José Ignacio Díaz Granados, Roberto Guerrero y Gerardo Davies. Por su parte, el Gobernador Núñez Roca acusaba de lo mismo al político conservador Nicolás Dávila, y el general Cortés Vargas acusó al alcalde de Ciénaga Víctor Manuel Fuentes.

En enero de 1929 se reunió en Ciénaga un tribunal militar para juzgar a 112 prisioneros, entre los que se encontraban el líder sindical Alberto Castrillón y el jefe liberal cienaguero Julio Charris. En febrero, el general Cortés Vargas libró orden de captura contra el alcalde Víctor Fuentes y otras personas, “como sindicados de autores, cómplices, azuzadores o encubridores de los delitos de cuadrilla de malhechores, incendio, saqueo y robo”.

El Alcalde tuvo que huir ante la persecución de Cortés Vargas, presentándose ante la justicia ordinaria de Santa Marta en mayo de 1929, una vez cesaron las facultades extraordinarias de las que gozó el jefe militar de la región. Tanto el Juzgado Segundo Superior como el Tribunal Superior de Santa Marta cerraron la investigación y declararon nula la orden de captura decretada contra el alcalde Fuentes, ya que los tribunales lograron establecer que los testigos contra el acusado fueron coaccionados por el general Cortés Vargas. Dos años después de la masacre de las bananeras, se puso fin a la hegemonía conservadora de medio siglo, con la elección del presidente liberal Enrique Olaya Herrera.

En síntesis, el monocultivo del banano dinamizó la economía de Ciénaga, Santa Marta y parte de la región Caribe, al generar oportunidades de negocio a empresarios locales y foráneos, así como empleo a una amplia masa de población. Pero no hay que olvidar que esta bonanza generó disfunciones económicas, sociales y ambientales, que evolucionaron hacia conflictos como la huelga de las bananeras y la represión de la misma.

Joaquín Viloria De la Hoz

Doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Puebla, México. Desde 2010 es el Gerente del Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta. También se desempeña como profesor catedrático de Historia Económica de Colombia e Historia Económica del Caribe Colombiano en la Universidad del Magdalena.