Un país con muchas leyes que no se cumplen

En Colombia, la obligación de quien hace las leyes es expedir normas válidas y su reto es lograr que éstas sean eficaces. De lo contrario, la consecuencia es que las normas expedidas no sean utilizadas. Cuando se entra a determinar si la norma es acatada o no por las personas a quienes es dirigida, se cuestiona a continuación la existencia de medios de coerción efectivos que puedan ser ejecutados por la autoridad correspondiente para lograr su cometido, resultando de esta forma conveniente para una debida aplicación y cumplimiento de las leyes en la búsqueda de la eficacia.

En el país existen leyes que regulan la mayoría de las materias, pero no se evidencia que tengan impacto en la sociedad, lo que supone que en el ordenamiento jurídico colombiano hay normas vigentes que son ineficaces. Específicamente, me gustaría mencionar dos leyes que considero son representativas de lo que ocurre en el país; la Ley 1696 de 2013 y la Ley 1474 de 2011, conocidas comúnmente como la Ley de Ebrios y el Estatuto Anticorrupción, respectivamente.

La Ley de Ebrios surge por la necesidad de prevenir los accidentes de tránsito por medio de la regulación de los comportamientos de aquellos que se encuentren bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia psicoactiva al momento de conducir. El propósito que tiene es mitigar ese comportamiento y transformar la cultura y tolerancia de conducir en estado de embriaguez, imperante en el país desde siempre. Para ello impone medidas sancionatorias para aquellos que la infrinjan. En la gráfica a continuación podrá identificarse la eficacia de esta ley entre los años 2010 y 2019 con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Aunque estos resultados no son del todo concluyentes, es posible evidenciar que no ha habido una disminución significativa en el número de muertes a causa de accidentes viales en Colombia, pese a la implementación de la Ley 1696 de 2013. Lo que quiere decir que esta disposición no ha sido del todo eficaz, quizás porque se requieren acciones pedagógicas concomitantes y controles frecuentes y estrictos.

Por otra parte, la Ley 1474 de 2011 surge como respuesta al fenómeno de la corrupción que ha estado presente en la sociedad colombiana y busca combatir y modificar la tendencia de corrupción creciente en Colombia estableciendo normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. No obstante, Colombia sigue siendo catalogada como uno de los estados con los mayores niveles de corrupción en el sector público en el mundo (Transparencia por Colombia, 2020. Ver tabla a continuación). Esta evidencia permite afirmar que la ley es ineficaz.

De acuerdo con lo que establece el Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional, en una escala del cero (0) al cien (100), siendo cero corrupción elevada y cien ausencia de corrupción, el país ha obtenido una puntuación que oscila entre treinta y seis (36) y treinta y nueve (39), lo que supone que, aunque haya avances normativos importantes no se han logrado cambios de fondo.

A pesar de que Colombia es un país que cuenta con una enorme actividad legislativa, muestra un nivel muy bajo de cumplimiento de la normativa vigente. Para lograr una mayor efectividad, es necesario acompañarla de otras acciones, pues se ha evidenciado que ésta por sí sola no es suficiente.

Inicialmente, la problemática de Colombia no es la falta de leyes, sino su inobservancia por parte de los individuos. Que haya abundantes normas no supone que los comportamientos que regulen sean controlados, pues se necesita que estas sean eficaces, lo que implica que los destinatarios las cumplan y además que la autoridad encargada de hacer velar por el cumplimiento de éstas asuma tal responsabilidad.

Adicionalmente, una imprecisa reglamentación puede abrir camino a una indebida aplicación de la ley, desbordando los propósitos para los que fue creada. Por ejemplo, el particular podría alegar que realizó una conducta, la cual podría resultar censurable, solo porque la ley no la prohibía de manera expresa.

Por último, no hay una articulación entre el legislativo cuando produce la ley y el ejecutivo al momento de aplicarla. Lo idóneo sería que hubiese un mecanismo de medición legislativa que permitiera evaluar el resultado, si cumplió o no con sus propósitos y cuál es el impacto. Así sería mucho más tangible determinar si una ley es eficaz y, en caso de que no lo sea, tomar medidas.

Para concluir, la ineficacia de las leyes en Colombia es una realidad social que afecta a todos los individuos, lo cual podría contrarrestarse con el análisis y la evaluación del impacto y los resultados de las leyes. Lo pertinente sería evaluar cuán eficiente es que se sigan produciendo normas de forma constante, aun cuando es evidente que muchas carecen de eficacia y por lo tanto no cumplen su propósito. La normatividad existente y las instituciones creadas para hacerlas valer han sido inoperantes para solucionar los problemas de la sociedad. Se requieren esfuerzos adicionales para proponer aquellos cambios estructurales que los colombianos reclaman con urgencia.