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Foto: Isaac Smith. Unsplash.

Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, en la entrevista de Contexto.

Cómo promover la competitividad en Colombia, qué hacer para recuperar el empleo en medio de la pandemia, y la necesidad de vincular a las mujeres a sectores intensivos en mano de obra como infraestructura y construcción son algunos de los temas que Rosario Córdoba, economista, magíster de la Universidad del Andes, y presidenta del Consejo Privado de Competitividad destaca en el siguiente diálogo con Contexto.

Redacción Contexto: ¿Por qué importa tanto la competitividad?

Rosario Córdoba: La competitividad es una condición necesaria para que los países crezcan, se desarrollen y puedan proveer una mejor calidad de vida a toda su población. De hecho, existe una alta correlación entre la competitividad de un país y su ingreso per cápita, así como entre la competitividad y la satisfacción de los habitantes con la vida. Igualmente, en los países más competitivos hay una mayor movilidad social y una menor inequidad en términos del acceso a oportunidades. La competitividad incluye temas como la eficiencia del Estado y la adecuada provisión de bienes públicos en educación, salud e infraestructura, entre otros, al igual que el funcionamiento eficiente de los mercados y la capacidad de las empresas para desarrollarse, innovar y proveer empleos de calidad.

R.C.: ¿Cuál es la diferencia entre competitividad y productividad?

R.C.: La productividad es la principal fuente de crecimiento sostenible del ingreso per cápita de los países y por tanto es el determinante más importante de la reducción de la pobreza. En esa línea, el Foro Económico Mundial define la competitividad de los países como el conjunto de los determinantes de la productividad y, con base en estos, construye el Índice Global de Competitividad, el indicador más importante a nivel global en la materia. La productividad es la eficiencia en producción y se mide generalmente en términos de producto por trabajador u hora trabajada.

¿Por qué resulta tan difícil mejorar en los escalafones que miden estos asuntos?

La competitividad se construye en el tiempo, requiere de una agenda de largo plazo que trasciende gobiernos, exige avanzar continuamente y se ajusta a medida que los países se van desarrollando. Ningún indicador se puede modificar de un día para otro. Así, por ejemplo, la calidad de las instituciones, que es un componente fundamental de la competitividad, mejora con los avances en educación, no solo cobertura, sino también calidad, al igual que con el imperio de la ley y la seguridad jurídica.

Como los rankings por definición son comparaciones, no basta con “hacer la tarea” para mejorar en relación con los demás. Por eso a veces parece que pedaleamos en una bicicleta estática y qué, a pesar de los avances, nuestra posición en los escalafones internacionales cambia poco. Es importante compararnos con los demás, pero igual de importante es reconocer los avances del país en el tiempo más allá de lo que hacen otras economías.

 

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Para Rosario Córdoba la inversión en sectores como infraestructura y construcción resulta clave en la recuperación del empleo en Colombia.

El mejor incentivo para el aumento de la productividad es la competencia intensa; la rivalidad en los mercados. Colombia tiene un camino largo por recorrer en esa materia, tanto modernizando la política pública de libre competencia como insertándose de manera efectiva al comercio mundial.

Barranquilla está en el puesto 8 en el ranking de competitividad de las ciudades de Colombia a pesar de su crecimiento reciente. ¿Qué debe hacer la ciudad para mejorar en esta clasificación?

A pesar de ocupar el octavo lugar en el Índice de Competitividad de Ciudades, Barranquilla se encuentra en la segunda posición en el pilar de Instituciones que mide desempeño administrativo, gestión fiscal, transparencia, y seguridad y justicia. Igualmente, en sofisticación y diversificación del aparato productivo está bien ubicada en el escalafón, en el cuarto lugar. Por el contrario, no le va bien en los pilares de sostenibilidad ambiental, mercado laboral, educación básica y media, y salud. En sostenibilidad ambiental, el mayor desafío está en la reducción de emisiones de CO2 en fuentes fijas (puesto 31) y áreas protegidas (puesto 29).

De otro lado, en mercado laboral Barranquilla y su área metropolitana está en el cuarto lugar en tasa de desempleo, pero en empleo vulnerable en la posición 30 y en la 29 en brecha en empleo vulnerable entre hombres y mujeres. Finalmente, en salud Barranquilla AM presenta sus mayores desafíos en mortalidad infantil (puesto 24) y médicos generales (puesto 27). Todo esto muestra cómo la competitividad de los territorios responde a un análisis multidimensional de su desarrollo que captura los avances en materia institucional, económica y social.

Usted es una de las economistas más destacadas del país y miembro de muchas comisiones de expertos que han dado recomendaciones muy atinadas a los diferentes gobiernos, pero muy pocas de estas recomendaciones se ponen en práctica. ¿Por qué?

La mayoría de gobiernos, antes de tomar decisiones complejas de política pública, optan por crear misiones y comisiones de expertos que estudien los temas a fondo y luego presentan sus recomendaciones. Yo no diría que estas recomendaciones no se pongan en práctica. Quizás, no todas lo hagan inmediatamente, pero la experiencia muestra, por ejemplo, que las recomendaciones de la Misión de Infraestructura del gobierno Santos se acogieron y sirvieron de base para la restructuración institucional de ese sector.

De otra parte, las recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios de 2016 sirvieron de base para la reforma tributaria que se llevó a cabo ese año y para las subsiguientes. A veces, también, lo político prima sobre el interés general y eso explica el por qué no todo lo recomendado termina aplicándose. El hecho de que las recomendaciones de este tipo de misiones o comisiones no se implementen muestra que de la política pública no se define en el vacío; no es simplemente resultado de un ejercicio aséptico de expertos que dictaminan qué hacer. La política pública pasa por los análisis técnicos como también por las reglas de lo político y de la democracia.

La infraestructura, fundamental para la competitividad, también se construye en el tiempo y, además, de planeación requiere de recursos de inversión públicos y privados. Colombia por ejemplo requiere recursos por $257 billones para poner al día su infraestructura vial.

¿Cuáles deben ser las prioridades del gobierno en esta etapa post Covid para recuperar el empleo y reducir la pobreza?

Para recuperar el empleo en el corto plazo se deben hacer inversiones en sectores intensivos en mano de obra como infraestructura y construcción. Importante que esto incluya estrategias de vinculación femenina dado que estos sectores no son tradicionalmente receptores de mano de obra femenina y es en este grupo donde hoy están los mayores desafíos de generación de empleo. Asimismo es necesario desarrollar programas que pongan el énfasis en el aprendizaje de habilidades para el trabajo: el desempleo, la pobreza y la interrupción de los procesos educativos está llevando a destrucción de capital humano.

En el mediano y largo plazo es necesaria un reforma laboral que garantice flexibilidad, para optimizar la asignación del recurso humano entre sectores; reducción de Costos laborales no salariales para reducir informalidad; política nacional del cuidado para favorecer vinculación femenina. Muy importante: esta fleixibilización debe estar acompañada de fortalecimiento del sistema de seguridad social (seguro de desempleo; reforma pensional)

Para reducir la pobreza hay que mantener y ampliar cobertura de programas de transferencias. Se podrían condicionar a la adquisición de habilidades y al envío de niños y niñas al colegio. Con eso se garantiza un mínimo de demanda y un mínimo de ingreso para satisfacer lo básico. Es clave la buena focalización. Para reducir la pobreza se requiere volver a una senda de crecimiento económico. Solo creciendo de manera sostenida se puede reducir la pobreza de manera estructural. Con una mayor dinámica económica basada en el crecimiento de la productividad, se hace sostenible la generación de los ingresos necesarios para cerrar brechas y avanzar en equidad de oportunidades y aumentar el bienestar de todos los ciudadanos.

Tal como lo decía el economista Alan Blinder, existe una ley de Murphy en la política económica que hace que los economistas tengan poca influencia en aquellos asuntos en los cuales existe más conocimiento y más consenso. En cambio, sí logran influir, precisamente, en los que menos se sabe y hay más desacuerdo. Esto es lo que ha pasado en el país con los beneficios tributarios.

¿Por qué no se ha podido en Colombia hacer una reforma fiscal estructural de la que todos  hablan: que recaude más, que cierre desigualdades, que aliente la inversión y el crecimiento y que mejore la protección social? ¿Será que ahora sí llego la hora?

Pese a que es conocida la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria estructural, que aumente el recaudo como proporción del PIB de manera sostenible y que cumpla además con los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad, ninguna de las nueve reformas tramitadas en los últimos diez años lo ha logrado plenamente. Esto no quiere decir, sin embargo, que no se haya intentado y que no haya habido avances. La Ley 1819 de 2016, que se basó en las recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios, tuvo avances importantes en materia de IVA, régimen de integración entidades sin ánimo de lucro, reducción de la tarifa a las empresas y tributación de las personas naturales. Los avances podrían ser mayores si los proyectos una vez presentados por el ejecutivo al Congreso no estuvieran sujetos a todo tipo de transformaciones, en su mayoría, para satisfacer a diferentes grupos de interés.

Tres recomendaciones para mejorar la productividad en el país, que tiene un enorme rezago.

El mejor incentivo para el aumento de la productividad es la competencia intensa; la rivalidad en los mercados. Colombia tiene un camino largo por recorrer en esa materia, tanto modernizando la política pública de libre competencia como insertándose de manera efectiva al comercio mundial. Avanzar en ese sentido pasa por reducir la dispersión arancelaria y por eliminar barreras técnicas al comercio, pero también por mejorar la regulación que se emite y al mismo tiempo regular el lobby para que no se privilegien intereses particulares en detrimento de la libre competencia.

En segundo lugar, es bien sabido que el mercado laboral tiene rigideces y costos que van más allá del salario y que desincentivan la contratación formal de trabajadores. La legislación laboral colombiana vigente tiene setenta años de haber sido expedida y la realidad económica ha cambiado radicalmente. Es una conversación difícil que exige compromiso al más alto nivel para emprender reformas impopulares pero necesarias.

Finalmente, es fundamental asegurar la estabilidad fiscal del país. Atender las necesidades de Colombia para proveer bienes públicos, asegurar la presencia del Estado en todo el territorio y conectar las zonas más alejadas al mercado, exige mejorar nuestro estatuto tributario. Es un proceso gradual y debemos seguir avanzando.