Prohibir el voto a los militares en Colombia: ¿un error?

Hoy, en todas las naciones de América Latina, salvo en Guatemala, Honduras, Paraguay y Colombia, los militares y policías tienen derecho al voto. Incluso las naciones que han sufrido largas y duras dictaduras militares como Chile, Argentina o Brasil, permiten a los miembros de la fuerza pública ejercer su derecho al sufragio. 

El uso político de militares y policías

Sin duda, en Colombia esta prohibición tiene raíces profundas. En 1907, el presidente conservador Rafael Reyes y su embajador plenipotenciario en Santiago de Chile, el líder liberal Rafael Uribe Uribe, tomaron la decisión por consenso bipartidista de contratar una Misión Chilena formada en los rígidos principios prusianos para poder disponer de un ejército profesional. El recuerdo de la Guerra de los Mil Días –la guerra civil más cruenta del siglo XIX y principios del actual (1899-1902)–, y en ese contexto de postración nacional, la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903, exigían conformar una institución militar distante de las disputas partidistas. 

No obstante, a pesar de la fundación de la Escuela Militar en 1907 y de la Escuela Superior de Guerra un año más tarde, el morbo de la política partidista en el seno militar, propio de todo el siglo XIX, no dejó de aflorar en las décadas siguientes así fuese perdiendo intensidad con los años. De hecho, como ocurría en general con todos los ciudadanos del país, los miembros de las fuerzas militares provenían de familias o regiones en donde predominaba una u otra familia partidista, liberal o conservadora. Cortar este condón umbilical no fue una tarea fácil. 

En un informe presentando por Tomas Rueda Vargas, Luis Cano y Gustavo Gómez a la Convención Republicana de julio de 1915 se describe, de manera cruda, la forma en que el ejército intervenía en la lucha electoral: “Durante casi toda nuestra vida política el ejército fue factor electoral muy apreciado, aunque la manera como el soldado hacía uso del derecho de votar fue siempre despreciable. Se llevaba a la urna diez veces, disfrazado de ciudadano elector, y por la tarde se le obligaba a atropellar jurados de votación y a barrer las calles a balazos. Era el árbitro siniestro de la lucha electoral”.

El diario El Tiempo publicó dos años más tarde un artículo en el mismo sentido. En éste se afirmaba que, ante todo en las elecciones locales, “el soldado colombiano no se acerca libre y espontáneamente a consignar su voto en los comicios. La dependencia disciplinaria a que están sometidos los militares de baja graduación da margen a que, directa o indirectamente, se les viole la conciencia por parte de jefes y oficiales en relación con el ejercicio del sufragio”.

Tales acontecimientos generaron el rechazo del liberalismo y la solicitud de que se eliminara el voto militar.

La prohibición del voto militar

Tras el fin de la hegemonía conservadora y el inicio de la República Liberal (1930-1946), el gobierno promovió la adopción de la Ley 72 de 1930 en la que se sustraía del Derecho al sufragio a los miembros de la Fuerza Pública. Esta escueta Ley, firmada por el entonces presidente de la República, Enrique Olaya Herrera, solo tenía dos artículos. El artículo 1º decía que “la fuerza armada no es deliberante. En consecuencia, los miembros del Ejército, de la Policía Nacional y de los cuerpos armados de carácter permanente o municipal, no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo”. Y el artículo 2º era aún más escueto: “Esta Ley regirá desde su sanción”.  

Posteriormente, esta Ley fue elevada a rango constitucional en la reforma de la Constitución llevada a cabo en 1945, mediante el artículo 168. 

Sin duda, en estos años el riesgo de una politización partidista de las Fuerzas Militares y de Policía era una realidad inocultable –estábamos a pocos años del período de la Violencia– y era, por tanto, una necesidad urgente evitar su utilización política. De hecho, hubo enormes excesos contra la población por razones partidistas como lo demostraron los autores de una obra clásica, La violencia en Colombia (1962), monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña. 

La participación del Batallón Colombia en la Guerra de Corea, así como la inmersión de América Latina y el Caribe en la Guerra Fría tras la Revolución Cubana, en enero de 1959, condujo a la desaparición de las “adscripciones partidistas”, según la expresión del pionero de los estudios militares en Colombia, el profesor Francisco Leal. En palabras del general Fernando Landazabal: “El Frente Nacional tuvo una cosa muy buena, la autenticidad de las Fuerzas Armadas (…) Se acabó la política, se dejó de ser liberal o conservador”. En adelante, las Fuerzas Armadas se percibieron a sí mismas como un componente de las instituciones del Estado en su conjunto. 

Sin embargo, la negación del voto para los miembros de la Fuerza Pública se mantuvo hasta el día de hoy. Es, sin duda, una rareza a nivel internacional, pues en la inmensa mayoría de los sistemas democráticos del mundo se reconoce a los militares y policías como ciudadanos con Derecho al voto y, además, se considera que este reconocimiento constituye un mecanismo necesario para compenetrarlos con los valores democráticos. 

De hecho, en América Latina, tras la experiencia de los gobiernos militares entre los años 60 y 80, se extendió en toda la región el Derecho al voto. Fue una decisión acertada, pues, salvo algunas escasas experiencias negativa en Venezuela, Nicaragua y Honduras, y más recientemente con el intento frustrado de instrumentalizar a las instituciones militares por parte de Jair Bolsonaro, las Fuerzas Militares se han mantenido en toda la región al margen de los procesos políticos. 

El “síndrome de la politización militar”

En los últimos años el rechazo al voto de las Fuerzas Armadas en Colombia ha estado ligado a un temor de su uso político-partidista, ya sea a la derecha o la izquierda. La verdad es que se trata de un hecho no solo improbable, sino impracticable, salvo, obviamente, que se produzca una ruptura institucional.  

Es, en efecto, muy improbable, en la medida en que los miembros de las Fuerzas Armadas no tienen un punto de vista político-electoral compartido. Si así fuese, cómo explicar los pobres resultados electorales de los exgenerales de la República que se han lanzado a la arena electoral aspirando a la Presidencia de la República –salvo Rojas Pinilla en 1970, más por sus rasgos populistas que por su condición de exmilitar–, y de los exgenerales Alvaro Valencia o Harold Bedoya quienes no pudieron transformar su prestigio militar en liderazgo político. Valencia Tovar obtuvo, en las elecciones presidenciales de 1978, 65.951 votos (0.77 % de la votación total) y Bedoya 192.173 votos en 1998, cayendo en picada con 50.763 en 2002 (es decir, el 1.8 % y el 0.5 %, respectivamente, de la votación). En pocas palabras, la inmensa familia militar, compuesta, por los familiares de los militares en servicio activo y los militares en retiro y sus familias o no votaron por los generales en retiro o, lo más probable, votaron por otros candidatos presidenciales. 

Por otra parte, como se ha demostrado en los sistemas democráticos, es impracticable para un oficial de las Fuerzas Militares o de Policía inducir a sus subalternos a votar en uno u otro sentido, pues no solo corre el riesgo de una denuncia y condena judicial –el sacrificio de su carrera militar–, sino, de ineficacia, pues ¿cómo puede ordenar votar?: ¿mediante una arenga en una ceremonia o un desfile; a través de una carta; mediante un mail? ¿A cuántos miembros a sus órdenes puede influir? Y, si lograra mover algunos votos militares, ¿pueden estos escasos o muchos votos afectar los resultados electorales?  

La frase del general Manuel José Bonnet, “el día en que los políticos empiecen a visitar los cuarteles para hacer campaña, esto se derrumba” es válida para la Venezuela de Nicolás Maduro o la Nicaragua de Daniel Ortega, pero tiene muy pocas posibilidades de ocurrir en la Colombia de hoy en día. 

Puestos en la balanza los argumentos en contra y a favor del voto de los miembros de las Fuerzas Armadas, yo me inclino claramente por fortalecer los valores democráticos de la Fuerza Pública. Este es, sin duda, el mejor antídoto contra las desviaciones autoritarias o las conductas inapropiadas, tales como los “falsos positivos”. 

El viejo sueño de la Revolución Francesa del “soldado-ciudadano” debería comenzar a echar ya raíces profundas en Colombia.