Para acabar con la coca en Colombia, las políticas de sustitución deben incluir a las asociaciones campesinas

Hay evidencia acumulada de que los cultivos de coca no se erradican fumigándolos: esa es una medida ineficaz. Por su parte, para el Gobierno de Colombia la sustitución de los cultivos de coca por cultivos legales era la mejor forma de gestionarlos y así quedó reflejado en el Acuerdo de Paz de 2016. Pero ¿está funcionando dicha medida?

Hemos analizado los proyectos de sustitución aplicados en tres zonas de reserva campesina (ZRC) –la ordenación territorial especial contemplada en la Ley de reforma agraria de 1994–: el Valle del río Cimitarra, Catatumbo y Tuluá (Valle del Cauca). Estas zonas albergan población campesina que se ha visto gravemente afectada por el conflicto armado, pero organizada en asociaciones para la defensa de sus derechos ciudadanos.

La coca sigue siendo el producto agrícola más beneficioso económicamente hablando: su cultivo, producción y comercialización es rápida, cómoda y lucrativa, por lo que los productos legales lo tienen difícil para competir con ella.

Así lo apuntó ya en 2018 el profesor e investigador Iban de Rementeria en The Conversation. Pese a todo, existe una voluntad decidida por parte de los campesinos de abandonar la coca y vivir en paz, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas de sustitución:

1. Continúan las fumigaciones áreas. La vieja opción tarda en marcharse. Las fumigaciones limitan directamente las posibilidades de éxito de la sustitución ya que los agroquímicos, principalmente el glifosato, acaban no solo con los cultivos de coca sino con muchos otros. Es un error usarlas de forma simultánea.
2. Se exige al campesinado la erradicación previa de la coca pero cultivos como el del café, por ejemplo, tardan años en ser productivos. El Estado solo invierte en familias que hayan eliminado previamente sus cultivos ilegales pero los campesinos necesitan un tiempo de transición entre la coca y los nuevos productos. No deberían verse obligados a perder los ingresos de la coca antes de haber asegurado los de otros cultivos. Se evita así la dependencia financiera con el Estado o la cooperación internacional.Nos sumamos a la evidencia de que el modelo de sustitución con erradicación previa no funciona. La reducción de coca debe ser progresiva, como ha quedado demostrado con éxito en Bolivia y Tailandia.
3. La falta de infraestructuras, servicios públicos y acceso a la tierra frenan la incorporación de la producción alternativa. Por muy eficientes que sean las iniciativas productivas locales, la falta de servicios como energía, agua potable, seguridad y transporte limitan enormemente el desarrollo de la producción.Además, la carencia de los títulos de propiedad limita muy especialmente la financiación formal al campesinado. Con esto se incumple lo establecido en el Acuerdo de Paz y se configura un caldo de cultivo óptimo para la vuelta, o la continuación, del cultivo de la coca una vez cesen los créditos de los programas de sustitución.
4. Evitar la concentración del financiamiento en la mediana y gran producción, pues si se excluye de este al campesinado aumentarán la desigualdad y la pobreza. Las zonas de reserva campesina cuentan con planes de desarrollo sostenible según lo acordado en la Ley 160/1994 de creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino.

Por un modelo de sustitución desde la base

La sustitución del cultivo de coca debe incluir la visión “desde abajo”, reforzando la base organizada campesina y respondiendo a las demandas, la visión y el conocimiento de las comunidades que experimentan la sustitución.

Es imperativo que el Estado esté presente con inversiones sociales y organizativas en las zonas de reserva campesina. Una intervención limitada como la actual solo conjuga bien con fumigaciones y erradicación forzosa. Una opción que, durante décadas, ha demostrado ser fallida para acabar con la coca y la pobreza.