Cada día la realidad nos aterriza ante situaciones complejas en nuestro país. El 2020 ha sido particularmente especial en este aspecto. Primero comenzamos el año con la pandemia de la COVID-19 que, sin lugar a dudas, puso al descubierto muchas de nuestras debilidades como sociedad. Más recientemente, la fuerte temporada de huracanes reforzó esas falencias y, más triste aún, la incapacidad del sector público para enfrentar esas situaciones. Valdría la pena reflexionar sobre los mensajes que nos deja el año en materia de políticas públicas.
Uno de los primeros aspectos es el problema de ejecución de las políticas públicas. El Estado colombiano no es malo en el diseño de la estrategia, pero es muy deficiente en la implementación. Ante un problema, el Gobierno nacional reacciona con una política generalmente definida en documentos Conpes, que suelen estar bien concebidos y con lineamientos claros. Sin embargo, que se hagan realidad las propuestas es otro cantar porque las buenas intenciones pueden perderse en medio del aparato burocrático que debe implementar dichas medidas.
Foto: Markus Winkler. Unsplash.
El tamaño del sector público, si lo medimos por el presupuesto, es pequeño. En consecuencia, el Gobierno colombiano no tiene mucho espacio en el gasto para atender sus demandas regulares y mucho menos las actuales emergencias.
Otro aspecto que quedó evidenciado es que el Gobierno, nacional o local, no llega a todo el país. Hace años se habla que hay más territorio que Estado y en esta ocasión quedó nuevamente demostrado. Y no hay que ir a regiones rezagadas sin conexión, en las grandes urbes existen sectores que no están cubiertos por los programas públicos y donde existen otros actores que ejercen el control. Esto dificulta el accionar de la política pública cuando hay que atender emergencias.
El tamaño del sector público, si lo medimos por el presupuesto, es pequeño. En consecuencia, el Gobierno colombiano no tiene mucho espacio en el gasto para atender sus demandas regulares y mucho menos las actuales emergencias. Sin embargo, a pesar del relativo bajo presupuesto, en muchos casos hay una baja ejecución, ni lo poco que tenemos lo ejecutamos para atender las necesidades y, peor aún, pueden ser mal utilizados en muchos casos.
Resurgen entonces las voces demandando las reformas estructurales que llevan años discutiéndose con poco avance. Continúan creándose misiones o comisiones de expertos para hacer recomendaciones o se elabora un nuevo documento Conpes. Todas las recomendaciones siguen con una alta probabilidad de incumplimiento los problemas en su ejecución.
El 2021 debería ser la oportunidad de repensar la forma en que el sector público afronta sus retos y dificultades, identificado alternativas más realistas y viables que logren alcanzar resultados de forma eficaz.
Jaime Bonet
Economista de la Universidad de los Andes con una maestría en Economía y un doctorado en Planeación Regional de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Desde 2013 se desempeña como gerente de la sucursal de Cartagena del Banco de la República, en donde ejerce como director del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER).
