Muchos colombianos prefieren resolver sus conflictos por mano propia antes que denunciar

¿Por qué en Colombia los ciudadanos no denuncian? Entre las posibles causantes de este fenómeno podría estar la falta de confianza en las instituciones, pues muchas veces las personas no encuentran beneficio alguno al denunciar. Esto es atribuible a la debilidad del Estado, que no está en capacidad de controlar la corrupción generalizada que alcanza instituciones públicas y privadas. Para un análisis de esta situación, vamos por partes.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004, la denuncia en materia penal supone una manifestación de conocimiento, a través de la cual una persona, afectada directamente o no con la infracción, busca dar a conocer al órgano de investigación correspondiente un hecho delictivo, detallando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le consten. Ésta podrá interponerse verbalmente, por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la identificación del denunciante.

La denuncia tiene dos fases principales: la fase de admisibilidad y la fase de examen de fondo. La primera de ellas hace referencia a los requisitos formales con los que debe cumplir. El fondo se refiere a la sustancia de ella, con lo que la autoridad competente decidirá si los derechos de la presunta víctima o perjudicado han sido o no vulnerados. Una vez se haya enviado la respuesta a la denuncia, el autor de ésta podrá formular observaciones si lo requiere. Posteriormente a las observaciones de ambas partes, el comité competente adoptará una decisión sobre el caso basándose en la información presentada por el autor de la denuncia.

De tal manera se vincularía entonces a la Fiscalía como titular de la acción penal a ejercerla con el fin de investigar la conducta presumiblemente delictuosa, junto con la Policía Nacional, que en conjunto son las dos instituciones encargadas de llevar el proceso de las denuncias en sus manos.

Ahora, realmente ¿cuántas denuncias proceden para que se realice una indagación preliminar, investigación y juicio? En muchos casos, después de instaurar la denuncia no pasa absolutamente nada, lo que implica un estancamiento de ella hasta que se llegue a una decisión de filtro. Por ejemplo, en Colombia hay una impunidad estadística severa, el 57 % de departamentos se clasifica en un grado alto o muy alto de impunidad y sólo el 9 % se encuentra en un nivel bajo (IGI-Colombia, 2019). Así las cosas, en el Índice Global de Impunidad de 2017 Colombia ocupa el quinto lugar en impunidad en América Latina. Por encima del país se encuentran Venezuela, México, Perú y Brasil.

La impunidad es uno de los mayores problemas del sistema judicial colombiano, ya que aquel que comete un delito sabe que lo más probable es que la justicia no llegue hasta él. Lo anterior trae como consecuencia la perpetuación de los delitos en el país. Si no se ataca la impunidad de fondo, es poco factible mitigar la frecuente consumación de delitos.

Dada la complejidad y relevancia del fenómeno delictivo, en la búsqueda de obtener una visión panorámica de la criminalidad, deberá precisarse desde la comisión de los hechos imputados como sancionables hasta el cumplimiento de las sanciones. Dichos momentos se localizan dentro de la clasificación de la criminalidad en el contexto de la norma que relacionaba la evolución del delito de la siguiente manera:

Criminalidad real es el total de los delitos que fueron realizados en un tiempo y espacio determinado, sin tomar en consideración si fueron o no investigados o conocidos por la autoridad competente.

Criminalidad aparente es aquella que está conformada por los delitos y contravenciones que llegan de manera efectiva a la autoridad competente mediante distintos motivos, tales como denuncias formuladas, informaciones confidenciales, etc.

Criminalidad oculta o Cifra Negra es aquella que se da como resultado de la diferencia que surge entre la criminalidad real y la aparente. Es decir, aquella que no llega al conocimiento de las autoridades y en consecuencia no se registra oficialmente en las estadísticas. Luego, sería correcto afirmar que si la autoridad tuviese conocimiento de la totalidad de los hechos punibles que fueron cometidos en determinado tiempo y lugar, la Cifra Negra no existiría. No obstante, el escenario antes mencionado no se presenta en ningún país, ya que este fenómeno surge por dos principales motivos: el hecho punible no fue denunciado o la autoridad encargada de investigar el caso no lo hace.

La Cifra Negra es uno de los mayores interrogantes en el campo estadístico, pues calcularla resulta bastante complejo. Sin embargo, gracias a ciertas encuestas es posible afirmar que representa un índice elevado. Una forma de acercarse a la Cifra Negra de la criminalidad es a través de las encuestas de victimización y de percepción de inseguridad, éstas además de medirla, tienen como objetivo complementar los datos de la criminalidad aparente.

En Colombia, el indicador de la Cifra Negra entre los años 1985 – 2003 oscilaba entre 73 % y 80 %. Luego, si se toma el número total de crímenes reportados por la Policía Nacional –aproximadamente 218.033 al año–, se puede concluir que en promedio se cometen alrededor de 1.100.000 delitos al año (El Tiempo, 2004). En este orden de ideas, se hablaría entonces de un desfase entre las cifras reales y las registradas de 881.967 delitos al año.

Por otra parte, para los criminólogos, la Cifra Negra de la criminalidad es un factor determinante en las políticas públicas, ya que se estima que alrededor del 90 % de los delitos que ocurren no llegan al conocimiento de las autoridades. Es así como en una investigación realizada por el DANE y auspiciada por el Ministerio de Justicia en las principales ciudades del país, en la cual a partir de la Encuesta de Hogares de diciembre de 1991 se obtuvo una Cifra Negra del 73 %.

No obstante, pese a la relevancia de dicho fenómeno en el país, en un informe realizado por la Fundación Pares, León Valencia en 2019 mencionó que “la Cifra Negra solo está disponible para 28 ciudades de Colombia y no es representativa a nivel departamental o nacional, por lo que no permite evaluar la magnitud de dicho fenómeno en el país”.

Para concluir, si bien el procedimiento para instaurar denuncias es muy sencillo, es posible afirmar que la impunidad persiste a pesar de existir instituciones nacionales y locales formales con la responsabilidad de garantizar acceso a la justicia a todos los ciudadanos. Además, que el hecho de que en Colombia no se denuncia se debe a que no hay incentivos para hacerlo, pues en primer lugar las autoridades no facilitan el proceso de denuncia y en segundo, la gente piensa que denunciar es inútil. Lo que debería lograrse sería hacer efectiva la denuncia, la captura, el juicio y la condena de quienes cometen un delito. Sin embargo, ese escenario en la realidad no es más que un imaginario.

Los colombianos deberán denunciar y ejercitar aquellos mecanismos institucionales con los que cuentan para vencer al enemigo más grande, la impunidad. Para lograr este cometido, resulta necesario que tanto las instituciones como las autoridades inspiren confianza, seguridad y honestidad para facilitar que las personas se atrevan a denunciar. De la misma manera, es necesario mejorar la cobertura y la calidad de la información y brindar incentivos tanto positivos como negativos a los fiscales y jueces, en aras de que su rendimiento mejore sin que perjudique la calidad de las decisiones que están dentro de un proceso penal.