América Latina es un continente de migrantes. A lo largo de su historia, su población ha migrado dentro de sus fronteras y a países desarrollados. Incluso, nuevos hallazgos ubican genes de indígenas colombianos en Polinesia. En el último siglo, empero, nuestros países no han recibido grandes flujos de migración. Si bien algunos han sido receptores de migrantes en momentos específicos de su historia, como en la Segunda Guerra Mundial, en el pasado reciente América Latina no había recibido un flujo de las magnitudes actuales y en tan corto periodo de tiempo. El colapso del estado venezolano, el terremoto de Haití y las dificultades crecientes para migrar a los países desarrollados explican parcialmente este fenómeno.

Muchos países de la región no estaban preparados. No existía legislación, instituciones y redes de apoyo para la población migrante. Nos tomó por sorpresa. Los países han ido construyendo una respuesta con avances y retrocesos para ayudar a la población migrante a integrarse en sus nuevos países. La generosidad que han exhibido los países en los últimos años ha cedido en algunos casos a la presión actual por las acuciantes necesidades que impone atender la pandemia del COVID-19 y la consecuente crisis económica que esta ha causado.

El cierre de fronteras y limitar el acceso de los migrantes a los servicios sociales del Estado han sido políticas recurrentemente adoptadas. Estas políticas no son efectivas y pueden provocar el efecto contrario: un incremento en el contagio del COVID-19 tanto para los migrantes como para la población local. El acceso a los servicios de salud es un pilar fundamental en la capacidad del sistema de salud para frenar el contagio y la expansión del virus en barrios particularmente vulnerables.

Los migrantes tienen un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas debido a las condiciones precarias que enfrentan antes, durante y después de la migración. Muchos cargan el perfil epidemiológico de sus países, pueden contraer enfermedades como la tuberculosis cuando los viajes al país de destino se hacen en jornadas precarias y viven en condiciones altamente vulnerables en el país de destino por el hacinamiento crítico, la falta de acceso a servicios públicos básicos y la inseguridad alimentaria.

 

Proveer acceso a los servicios de salud a los migrantes es entonces un imperativo. Sus precarias condiciones de salud es resultado de la emergencia humanitaria que enfrentan y el cúmulo de dificultades que han vivido.

Proveer acceso a los servicios de salud a los migrantes es entonces un imperativo. Sus precarias condiciones de salud es resultado de la emergencia humanitaria que enfrentan y el cúmulo de dificultades que han vivido. Esto afecta además a la población local. Los migrantes residen, por lo general, en barrios informales con altos hacinamientos y malas condiciones sanitarias, condiciones que facilitan el contagio de enfermedades infecciosas. Un estudio que realizamos con Sandra Rozo encuentra que la migración forzada reciente a Colombia no sólo causó un incremento en la incidencia de las enfermedades infecciosas entre los migrantes sino entre la población local. En especial, encontramos un incremento en la incidencia de tuberculosis, VIH, sífilis y varicela entre la población local.

No es el momento para limitar la migración. La población continuará en busca de mejores oportunidades cuando viven condiciones intolerables en sus países. Recibir los migrantes de manera ordenada, con campañas de vacunación en las fronteras y acceso al sistema de salud será más efectivo que imponer barreras que no son infranqueables.

Ana María Ibañez

Asesora Económica Principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Fue decana de esta Facultad y Directora del CEDE.