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El economista, político y académico Frank Pearl. Foto: W Radio.

Paz, grupos armados ilegales, e ideas para lograr una verdadera presencia del Estado colombiano en las regiones. Especial Contexto dos años.

En las últimas semanas de gobierno del presidente Iván Duque, el país fue testigo de un súbito deterioro de la seguridad como consecuencia del “plan pistola” del Clan del Golfo y los ataques a la Fuerza Pública llevados a cabo por el ELN y las disidencias de las antiguas Farc que dejan en evidencia el poderío armado y la capacidad de amenazar el orden público de estos grupos ilegales. La llegada del nuevo Gobierno parece haber conjurado, de momento, este “paro armado”, pero deberá enfrentar la complicada coyuntura de reactivar unos rezagados Acuerdos de Paz y buscar fórmulas para el sometimiento o la negociación con los grupos ilegales.

Contexto dialogó con el economista, académico y político Frank Pearl, ex ministro de medio ambiente, ex Alto Comisionado para la paz y otrora miembro del equipo negociador de los Acuerdos de Paz con las Farc en La Habana, y Jefe Negociador con el ELN sobre el estado de dichos acuerdos y la propuesta del presidente de Petro de que Colombia alcance, por fin, la llamada paz total.

Redacción Contexto: El Gobierno saliente no avanzó en la implementación del Acuerdo de La Habana. ¿Cuáles son, en tu opinión, los rezagos más preocupantes?

Frank Pearl: Con excepción de la reintegración de los excombatientes, liderada con mucha valentía por Emilio Archila en un Gobierno que trató de entorpecer la implementación de los Acuerdos, no hay mucho más que rescatar. El Gobierno saliente trató de bloquear la Jurisdicción Especial para la Paz y desde el Gobierno anterior hay dos reformas que son fundamentales: la Reforma Rural y la Reforma Política. La Reforma Rural va mucho más allá de la reintegración y dejación de las armas de las Farc, porque tiene que ver con la transformación de la economía rural en Colombia y la formalización de la economía con la posibilidad de que tengamos un campo colombiano y un sector rural formado, moderno, eficiente y una riqueza que se distribuye para generar bienestar para todos.

La Reforma Política tiene dos pilares: uno que tiene que ver con democracia directa, que son los mecanismos de participación, y con la democracia representativa. En términos de la democracia representativa es claro, y el panorama de hoy lo demuestra, que tenemos una crisis profunda en los partidos políticos. Colombia no tiene partidos políticos serios. Hay que cambiar las reglas de juego para que sea más fácil montar o iniciar movimientos y partidos políticos distintos a los que hay hoy.

En términos de participación ciudadana se necesitan unas reglas del juego nuevas que permitan una incidencia en las políticas públicas, respetando los derechos de los demás. Esas son las dos reformas estructurales pendientes del Acuerdo de La Habana. Pero hay otra cosa, es importante que la JEP tenga el presupuesto para poder imponer e implementar las sanciones a los comparecientes para que Colombia empiece a ver que hay sanciones, que hay reparación efectiva, simbólica y material, y fortalecer el proceso de reconciliación.

R.C.: En el acuerdo hay un compromiso de entregar tres millones de hectáreas, de las cuales no se han entregado ni el 10 %. Con solo cumplir lo acordado estaríamos dando un paso enorme en la tenencia de la tierra sin tener que expropiar a nadie. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

F.P.: La discusión de la redistribución de la tierra tiene una trampa enorme y es suponer que cuando una persona o una familia tiene tierra sale de la pobreza. Eso no es así. Lo importante no es redistribuir la propiedad de la tierra, lo importante es redistribuir la riqueza que genera la tierra.

La compañía más grande de taxis en el mundo hoy no es dueña de un solo carro, me refiero a Uber. La compañía más grande de hoteles no es dueña de un solo cuarto, en el caso de Airbnb. Entonces aquí hay que mirar la cadena de valor del sector agrícola de una manera diferente para poder, a través de un Reforma Rural Integral, diseñar e implementar un esquema que permita que se genere riqueza en todas las partes de la cadena para los campesinos más pequeños que son, por ejemplo, los microfondistas de Nariño, para los campesinos medianos y para las grandes extensiones de tierra de, por ejemplo, los Llanos Orientales, que requieren economías de escala y cultivos con mucha productividad, mucha inversión y competitividad mundial.

Lo importante no es redistribuir la propiedad de la tierra, lo importante es redistribuir la riqueza que genera la tierra.

Si adelantáramos más de las 300 mil hectáreas que ya se han redistribuido y se redistribuyeran dos millones setecientos mil, todavía habría un trabajo muy importante que es lograr hacer las inversiones en formación bruta de capital fijo para que haya infraestructura, para tener conectividad, para poder activar y fortalecer los distritos de riego que están abandonados y construir otros. Poder tener tecnología apropiada para que en cada ecosistema y en cada microclima se produzcan los cultivos que se deben producir de la mejor manera para poder tener unos campesinos y unos empresarios del campo realmente tecnificados, que, además, tengan acceso a los mercados sin tan altos costos de transacción.

Es fundamental la formalización de las tierras en Colombia a través del catastro multipropósito que permite identificar a los propietarios, los linderos, los valores de los predios. Es un paso fundamental para que las economías ilegales empiecen a tener una competencia seria en el mercado formal. Solo así le ganamos una batalla, no solamente a la guerra, sino a la pobreza y a la ilegalidad.

El nuevo Gobierno viene hablando de paz total. ¿Cuál es tu noción de paz total? ¿Crees que puede lograrse en un tiempo razonable de manera que la gente no siga frustrándose con situaciones inalcanzables?

La paz total es algo que queremos todos los ciudadanos. En Colombia alcanzar la paz total significa trabajar y lograr resultados de manera simultánea en varios frentes que son muy complejos. En primer lugar, hay que tener en cuenta el ambiente geopolítico regional, el nuevo enfoque hacia las relaciones con Venezuela que tiene mucho que ver con temas de soberanía y de seguridad interna de Colombia.

Todas las iniciativas que hagan parte de la paz total deben estar enmarcadas dentro de este contexto. Ahora, cuáles podrían ser las iniciativas: en primer lugar, el sometimiento a la justicia de las bandas criminales, en segundo lugar, una “negociación con las disidencias de las Farc”. Yo creo que una nueva negociación sería altamente inconveniente. Lo que hay que hacer es ver cómo estos firmantes que incumplieron el Acuerdo de Paz se someten a la justicia y en qué condiciones.

En tercer lugar, el nuevo enfoque de lucha contra las drogas. en cuarto lugar, una negociación con el ELN. En quinto lugar, la utilización de las herramientas del poder ejecutivo para aprobar reformas a través del Congreso y utilizar el Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en las zonas de alta conflictividad, para avanzar en obtener resultados que harían parte de las soluciones estructurales para lograr una paz total y, por último, una reforma al Sistema Penitenciario para lograr unas menores tasas de reincidencia y mayores logros en la resocialización.

Estos son esfuerzos monumentales que requieren de una capacidad de acción del Estado muy efectiva. A pesar de que es bastante complejo, es indispensable intentarlo con una visión de Estado y de ciudadanía.

Con la firma del Acuerdo con las Farc muchos de los territorios que estas controlaban han sido ocupados por bandas criminales que imponen su ley a sangre y fuego. Las fuerzas del orden lucen disminuidas e impotentes. ¿Se pudo haber hecho algo para evitarlo?

Es muy posible que la situación de seguridad de hoy sea más crítica que la que recibió el expresidente Uribe en agosto de 2002, hace 20 años. Porque hace 20 años había tres focos de inseguridad muy fuertes que eran los paramilitares, la guerrilla de las Farc y el narcotráfico. Hoy tenemos una falta de control territorial, pero los espacios que tenían el control de las Farc, como no fueron ocupados por el Estado, han sido ocupados por el ELN, por las disidencias de las Farc, y por bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas.

El vacío era previsible pero lo que no es aceptable es que el Estado no hubiera ocupado esos territorios, no solo con la Fuerza Pública, sino avanzando en el gran reto que tenemos de llevar Estado y crear mercado en esas zonas del país. El nuevo Gobierno tiene un reto enorme de seguridad en términos de control territorial. Al mirar el enfoque de la paz total, hay que considerar cuál es la capacidad gradual que tiene el Estado colombiano para ocupar de manera permanente esos territorios.

Con la elección y posesión de Gustavo Petro, ex miembro del M-19, como presidente de Colombia, pierde aún más sentido la “lucha armada” y tratar de tomarse el poder por las armas.

¿Es posible que algún día Colombia controle todo su territorio o estamos condenados a tener más territorio que Estado?

Es deseable y es indispensable que el Estado colombiano controle todo su territorio, lo cual no ocurre. Nosotros podríamos hacer un plan de largo plazo donde hagamos una alianza entre el Estado y ciudadanía, incluyendo todos los grupos de interés de la ciudadanía para, gradualmente, ir ocupando los territorios donde hoy hay informalidad, la cual colinda con la ilegalidad y convive con la criminalidad.

¿Cómo se puede hacer esto? Se escoge un territorio piloto y se identifican cuáles son las actividades económicas y sociales que se pueden desarrollar ahí con sostenibilidad a largo plazo. Se hace un inventario de cuáles son las instituciones del Estado que hay que llevar allá, pero se lleva lo mejor de las instituciones, no las instituciones politizadas. Luego, cuando se definan cuáles son esos sectores que se tienen que impulsar, hay que mirar en términos diplomáticos cuál es la cooperación que podemos obtener, no en términos de recursos, sino de conocimiento, para traer lo mejor del conocimiento del mundo, para que haya transferencia de conocimiento y tecnología a esos sectores, a esos empresarios, a esos ciudadanos, a esas fundaciones que van a operar en esos territorios y que se beneficien. Podría ser un nuevo enfoque en la lucha contra la droga que apalanque el desarrollo económico, social y comunitario, y que genere riqueza y equidad.

Hace rato no tiene sentido o factibilidad tomarse el poder por las armas. ¿Qué hacemos con el ELN? ¿Las condiciones y los términos deberían ser iguales a lo acordado con las Farc?

Con la elección y posesión de Gustavo Petro, ex miembro del M-19, como presidente de Colombia, pierde aún más sentido la “lucha armada” y tratar de tomarse el poder por las armas. El ELN tiene claro que nunca va a tener la capacidad de tomarse el poder por las armas, sin embargo, las condiciones de negociación con el ELN son más difíciles y complejas de lo que eran antes. Tenemos un ELN fortalecido, una guerrilla que opera de manera binacional. Es guerrilla en Colombia, pero está cerca y protegido por el Estado venezolano. Ha copado algunas de las zonas que dejó las Farc, viene ganándole una confrontación a las disidencias de las Farc, casi que controla el departamento de Arauca, tiene negocios de minería ilegal y recibe importantísimos recursos relacionados con el negocio de la droga.

Como ha adquirido mayor control territorial parecería que no tiene muchos incentivos para negociar. Entonces el Estado colombiano debe tener claro, primero, qué puede ofrecer, pero además, cuáles serían las consecuencias negativas para el ELN si no negocia. Los términos y condiciones son distintas, deben ser diferentes a los del Acuerdo con las Farc, porque son dos grupos distintos en sus orígenes, en sus ideologías, en sus estructuras, en su forma de operar, en sus formas de relacionarse con el territorio, las comunidades y la sociedad.

Hay una agenda que se firmó en 2016, es una agenda acordada entre el Estado colombiano y el ELN y es la base para cualquier negociación, pero como lo señalaba en la respuesta que tiene que ver con la paz total, la negociación con el ELN es solo una de las iniciativas que este Gobierno debe impulsar. Para negociar hay que tener pies de plomo, discreción, una estrategia clara y entender que este es probablemente un proceso más complejo donde la mesa de negociación tenga menos protagonismo y la mayoría de los avances se hagan por fuera de la mesa.

¿Qué hacer con el Clan del Golfo? ¿Buscar su derrota, algo parecido a una versión mejorada de Justicia y Paz?

Con el Clan del Golfo y las bandas criminales hay que tener tres tipos de estrategias simultáneas. Una, la estrategia de contención y debilitamiento a través de la fuerza. Dos, la estrategia de sometimiento y acogimiento a la justicia, y tres, un plan que tiene que ver con la respuesta de control territorial donde gradualmente el Estado colombiano cumple dos objetivos: llevar el Estado y crear mercado.

Es indispensable llevar lo mejor del Estado colombiano para que permanezca ahí, dándole a los ciudadanos de esas regiones opciones reales de ganarse la vida dignamente y de tener riqueza dentro de la legalidad. También crear mercado a través de la inversión privada de forma que permanezca con un enfoque de desarrollo de largo plazo compartido en términos sociales, políticos, ambientales y culturales con los habitantes de las regiones de Colombia.