Los olvidados

En Colombia la población rural, la mujer, los afrocolombianos, los raizales y los indígenas comparten una historia común de exclusión política, social y económica, y han sufrido las peores consecuencias del conflicto armado interno. Los grupos originarios se enfrentan a la realidad de construir la memoria de esa violencia y la incomprensión de su relación con el territorio.

Desde finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XX se estructuró un pensamiento racial que defendía la superioridad innata y biológica de algunos grupos humanos sobre otros (Quijada, 2002). Gran parte de estas ideas, “provenientes de eminentes científicos europeos, fueron internalizadas por las elites colombianas en un intento por lucir ante Europa como una nación civilizada y que avanzaba por el sendero del progreso” (Florez y Rhenals, 2008).

En 1924 se firmó en Estados Unidos el Acta de Restricción a la Inmigración, que impedía la entrada a este país de personas de Europa central y del Sur, en defensa de “la raza nórdica”. Siguiendo esta tónica se promulgó en Colombia (1922) la Ley 114: “para alcanzar el mejoramiento de las condiciones étnicas, tanto físicas como morales, el Poder Ejecutivo fomentará la inmigración de individuos y familias que por sus condiciones personales y raciales no deban ser motivo de precauciones (…) añadiendo que queda prohibida la entrada al país de elementos que por sus condiciones orgánicas o raciales sean inconvenientes para el mejor desarrollo de la raza.” Por esa misma época, los colombianos blancos recibían incentivos para asentarse en territorios indígenas (Arocha, 1984).

Según el jurista colombiano Rodrigo Uprimny existe una ciudadanía diferenciada para proteger la diversidad y autodeterminación de los pueblos indígenas, lo cual supone circunscripción especial en el Congreso, derechos culturales, al autogobierno y a la consulta previa. También la Constitución política de 1991 garantiza propiedad colectiva a las comunidades negras sobre tierras que fueron baldías en zonas ribereñas del Pacífico.

El censo de 2018 reveló que existen 1.905.617 indígenas en Colombia y que la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera, equivale a 2,98 millones de personas, hecho que suscitó rechazo por su aparente reducción de 30.8% (en 2005 la cifra fue de 4,31 millones).

Cien años después de que el dirigente conservador Laureano Gómez afirmase (1928): “el predominio de los negros en la nación nos condena al desorden y la inestabilidad política” conviven el racismo estructural y los discursos de exclusión. Elites poderosas afirman que “estas minorías piden mucho, se resisten al progreso y son los mayores latifundistas del país”. Incluso la senadora Paloma Valencia propuso en 2015 un referendo “para que el departamento del Cauca se dividiera en dos: indígenas y mestizos”. Estas visiones coinciden con lo que Appardurai (2007) identifica en Estados – Nación modernos los cuales se asumen “como una sola gran etnia nacional” que rechaza a las minorías.

Seguimos en mora con los colombianos invisibles que no aparecen en los libros de historia ni en los monumentos. El reto del Estado es resarcir la deuda histórica con quienes han vivido doscientos años de olvido y marginalidad.