“La región Caribe necesita pronto unas tarifas de energía eléctrica justas y equitativas”

El reemplazo de Electricaribe por los consorcios Caribe Mar y Caribe Sol; el primero responsable del suministro de energía en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, y el segundo, de Atlántico, Magdalena y La Guajira, marcan el inicio de una nueva etapa en la prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano que tiene el gran reto de mejorar falencias como el deterioro de las redes eléctricas y garantizar la prestación del servicio que por más de dos décadas suministró Electricaribe.

Contexto dialogó con Edgardo Sojo González, ingeniero eléctrico, especialista en Alta gerencia de la Universidad de los Andes con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico y expresidente de Electricaribe, sobre diferentes aspectos de la prestación y las necesidades actuales del sector en el Caribe colombiano.

Redacción Contexto: ¿Del 1 al 10 cómo calificaría el servicio de Electricaribe hoy?

Edgardo Sojo: Le daría un 4. El área que cubre Electricaribe como operador de red es la más extensa del país, con una gran ruralidad y dificultades de acceso. La calidad del servicio medida por horas de interrupción por usuario al año, el Índice Saidi, es de aproximadamente 120 horas, muy lejos del promedio nacional que es de cerca de 35 horas. Así como existen áreas como la zona Industrial de Cartagena en donde este índice puede ser de solo un dígito, existen varias áreas rurales con más de 150 horas. Si comparamos áreas urbanas importantes como Barranquilla o Cartagena, con aproximadamente 55 horas de interrupción, estamos todavía lejos de alcanzar el promedio nacional.

R.C.: ¿Cuáles cree que fueron las razones que llevaron a esta situación tan grave de servicio y viabilidad financiera de Electricaribe?

E.S.: La situación empieza a deteriorarse en 2009 cuando la compañía pasa de manos de Unión Fenosa a Gas Natural. Unión Fenosa venía como una hormiguita, construyendo poco a poco sobre un mercado difícil, haciendo un buen trabajo alcanzando un recaudo de hasta un 92 % de la facturación. El cambio en la política fue un factor determinante. Comienzan a caer los recaudos y al carecer de las adecuadas inyecciones de capital de la casa matriz, las inversiones necesarias para mantener y actualizar la infraestructura no se dan, produciendo el consecuente deterioro en la calidad del servicio. Ante este fenómeno, como un círculo vicioso, la reacción de los usuarios es no pagar. En el momento de la intervención el recaudo era a duras penas de un 82 % de la facturación. Estos 10 puntos porcentuales significan en 10 años los $4 billones de pesos necesarios para mantener una infraestructura actualizada y cubrir el plan de expansión.

Un segundo factor fue la estrategia que se implementó para comprar la energía a los generadores, dejando una alta exposición a la volatilidad del precio de bolsa. Cuando llegó el fenómeno de El Niño de mediados de la década, los precios se dispararon y no encontraron en ese momento la forma de echar para atrás. Los generadores no participaron en las convocatorias con precios competitivos, lo que agudizó el problema financiero de la compañía.

¿Cuánto estima que hay que invertir entre los próximos 5 y 10 años para prestar un servicio decente?

La nueva regulación establece que el operador de red debe presentar un plan de inversiones que permita, entre 5 y 10 años, llevar los índices de calidad de servicio y perdidas a niveles aceptables y estándares nacionales. De acuerdo a lo anterior se determina una tarifa de energía. El estimado inicial antes de la pandemia era de $7 billones de pesos para los próximos 10 años. La pregunta post pandemia con el deterioro de los índices es cuál es la tarifa que estamos dispuestos a pagar y el gobierno a autorizar para que en un período de 10 años tengamos índices de calidad, perdida y recaudo en los estándares nacionales.

¿La regulación de distribución eléctrica es adecuada? Es decir, ¿las tarifas reflejan el costo eficiente del servicio, remuneran justamente el capital y se fijan oportunamente?

Como toda regulación ésta debe ser dinámica e irse acomodando a las realidades económicas y las señales del mercado, situación que no se da en la práctica; la nueva regulación tarifaria que apenas está en proceso de implementación debió estar en operación hace cinco años. La tarifa de estrato 4 debe remunerar el costo eficiente del servicio y los estratos altos, comercial e industrial, subsidiar los estratos bajos. Filosóficamente, en lo que a mí respecta, me parece apropiado, pero los controles deben ser mucho más estrictos para evitar inequidades e ineficiencias. Hay que revisar permanentemente la política de subsidios para que cumpla su propósito.

Se le reconoce como uno de los profesionales más respetados, más conocedores y de mejor índole en el sector de la energía. ¿Por qué no siguió liderando Electricaribe si venía desempeñando una buena tarea?

En primer lugar, gracias por el inmerecido elogio. Desde el Comité Intergremial del Atlántico trabajamos, tanto en la solución del problema energético de la Región, como en el Plan 5 Caribe, de tal manera que cuando el Superintendente me invitó a participar en la intervención no pude negarme. La intervención en su primera etapa, la más complicada, tuvo como premisa estabilizar la empresa, calmar los ánimos, continuar prestando el mejor servicio posible y como siempre dije, poner la novia muy bonita para buscarle un buen pretendiente. Creo que conjuntamente con el Agente Especial y el Superintendente hicimos un buen trabajo mejorando los índices y estabilizando la empresa. Es muy difícil y un poco frustrante administrar una empresa en proceso de liquidación dado que las políticas de largo plazo no son fáciles de implementar ante la incertidumbre futura. Con el cambio de gobierno, se nombró nueva Superintendente y Agente Especial con nuevas políticas y estrategias.

Existe la creencia de que para que el negocio de distribución sea rentable tiene que tener su propia generación, lo que sugiere que las rentas están mal repartidas en detrimento de la distribución y a favor de los generadores, que no son muchos. ¿Está de acuerdo con esta hipótesis?

Los distribuidores, por estar al final de la cadena, llevan todo el peso de la cartera, es decir, en donde toda la situación macroeconómica y de mercado del país se ve impactada. Los otros agentes de la cadena, llámense generadores o transmisores, tienen asegurados sus pagos mediante mecanismos de presión muy grandes como es la “limitación de suministro”. Creo que esta inequidad debe de alguna forma ser resuelta en el futuro. Electricaribe es la única empresa grande no integrada verticalmente, es decir, que no tiene generación, y al ser el 22 % del mercado, se vuelve el objetivo. Los grandes mercados aseguran hasta un 40 % de su demanda con su propia generación con mucha anticipación y a precios de su conveniencia para luego apuntar sus excedentes al mercado objetivo: nosotros. Contar con generación propia o contratos de largo plazo de compra de energía daría la tranquilidad de atender la demanda con costos estables, poder optimizar cuando las condiciones de mercado lo permitan y poder planear el negocio de la distribución de manera adecuada.

¿Considera que la división de Caribe Mar y Caribe Sol es la adecuada?

La división del mercado era necesaria para que pudieran participar los grandes jugadores nacionales sin alcanzar el tope de un 35 % del mercado ajustado por el gobierno en el Plan de Desarrollo. El criterio base de la división fue el número de usuarios y esto hace que dos empresas inexistentes sean muy diferentes en todos los aspectos: cobertura, pérdidas, líneas de transmisión, subestaciones, etc. No tuve la oportunidad de participar en el proceso y entiendo que la banca de inversión hizo muchos ejercicios después de discutir con eventuales interesados. Lo ideal hubiera sido un solo jugador de gran capacidad técnica, músculo financiero y sensibilidad social con todo el mercado. Ante la necesidad de la división pensaría que el esquema Electricaribe, Caribe Sol más Cesar / Electrocosta que ya existió al menos tenía una historia que aportar.

Si hubo fallas de gobierno y del concesionario, no parece equitativo cargarle la mano a los usuarios vía mayores tarifas. ¿Es esto inevitable o hay otras alternativas?

Unas tarifas justas y equitativas deben remunerar los costos de la prestación del servicio de manera eficiente y los costos de la expansión necesaria para atender el crecimiento de la demanda. El esfuerzo inicial será inevitable. Sin embargo, en el mediano plazo esperaría que los menores costos de generación por las nuevas energías no convencionales, la automatización y tecnificación de la medida para control de pérdidas, las redes inteligentes, la eficiencia tecnológica etc., resulte en unos menores costos donde el gobierno debe garantizar que se trasladen al usuario final

¿Hay alguna solución audaz al problema de la subnormalidad y de las conexiones fraudulentas?

Siempre he sostenido que, en la primera etapa de los nuevos operadores, deben dejar en casa a todos los ingenieros y sacar un ejército de trabajadores sociales liderados por expertos con un plan muy bien diseñado para llegar a las comunidades. Después sacar toda la tecnología que existe en el mercado para acomodar los presupuestos a los consumos. Los medidores prepagos son para mí una de las más importantes, en Medellín las EPM tienen un plan de más de 300.000 usuarios que tuve la oportunidad de visitar. En la medida centralizada para barrios subnormales es fundamental contar con las juntas de acción comunal y las administraciones municipales y distritales. La medida inteligente para otros estratos en proceso de implementación será determinante para controlar conexiones fraudulentas y definitivamente mejorará los niveles de pérdidas.

¿Tiene el Estado la capacidad de administrar con propiedad compañías intervenidas como los casos de Emcali y Electricaribe?

El exministro Perry decía: “Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”. La intervención se da cuando las reglas de mercado no funcionaron para ciertas compañías y entra el Estado a administrar bajo el mismo paraguas, pero asumiendo todos los costos. De allí que los costos que ha debido asumir el Estado en los procesos de intervención son descomunales. Cuando se tiene un paciente grave, se lleva a cuidados intensivos y cuando está mejor se trae nuevamente al piso. Debió existir a mi manera de ver un tratamiento de excepción para ambas empresas durante sus procesos de intervención.