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Escenas como está, vividas en septiembre en Bogotá, dieron la vuelta al mundo y pusieron en la palestra pública la necesidad de reformas y nuevos procedimientos para la policía nacional.

La Fundación Ideas para La Paz —FIP—, a raíz de los últimos acontecimientos violentos en los que se vieron involucrados miembros de la institución, propone que la entidad se abra a la participación y escrutinio de la sociedad civil.

El asesinato de Javier Ordoñez el pasado 8 de septiembre a manos de dos agentes de la Policía en Bogotá desató una ola de violencia en la capital de la República y protestas en otras ciudades del país. El hecho generó indignación nacional y volvió a abrir el debate sobre si se debe poner en marcha una profunda reforma a esta institución.

La desmedida reacción de la Policía a raíz de los violentos levantamientos por la muerte del estudiante de derecho de 44 años dejó como saldo al menos trece personas fallecidas en hechos que son materia de investigación, cientos de heridos, entre civiles y policías, y más de 40 Centros de Atención Inmediata (CAI) completamente destruidos.

La cuestionada acción policiva vino a sumarse a la indignación producida por el caso del estudiante Dilan Cruz, quien murió a causa de un artefacto disparado por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en noviembre de 2019. El repudio nacional y un enfático y sentido llamado de diversos estamentos para que se hagan cambios de fondo a la institución que eviten la repetición de estos sucesos no tardaron en escucharse.

Para la Fundación Ideas para la Paz, aunque la reforma estructural no es una buena opción en este momento debido a que el clima de polarización impediría que se dé una discusión serena tanto al interior de la institución como por parte de la opinión pública, existen alternativas y mecanismos concretos que permitirían “sortear” la crisis policial y ayudar a recuperar la confianza de la ciudadanía.

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP, explica que hay fallas en el liderazgo civil, empezando por la ruptura entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, lo que ha llevado a la obstrucción de la cooperación que se requiere entre ambas instancias para proteger efectivamente a los ciudadanos y que se garantice el derecho a la movilización social.

“Todo esto se ha dado en medio de una profunda división política en donde abundan las recriminaciones y se evidencian grandes diferencias respecto a qué hacer con la Policía”, afirma Llorente.

La FIP asegura que es necesario que la Policía se abra a la participación y escrutinio de la sociedad civil. Es decir, activar las comisiones de Policía y Participación Ciudadana creadas para fortalecer las relaciones entre la ciudadanía y la institución en los niveles nacional, departamental y municipal.

Para la Directora de la FIP, por un lado están quienes abogan por hacer reformas de fondo para reconstruir la resquebrajada confianza ciudadana en la institución, entre los que se cuentan la Alcaldía de Bogotá, mientras que por otro —señala— está la postura que lidera el Gobierno, que asegura que se requieren ajustes al proceso interno de modernización y un refuerzo en los estándares institucionales de Derechos Humanos.

En su documento, titulado “10 claves para afrontar la crisis de la policía”, la fundación señala que la falta de confianza de la ciudadanía hacia la Policía es un claro indicador de que los problemas de la prestación del servicio no son recientes. Asimismo, señala que la institución tiene una acumulación de asuntos diagnosticados tiempo atrás a los que comisiones externas y comités de revisión internos les han hecho propuestas en pro de buscar soluciones. Dichas iniciativas no se han ejecutado, principalmente, por “falta de voluntad y debilidad” en el liderazgo al interior de la institución y a nivel estratégico.

En ese sentido, la FIP ha propuesto en el mencionado documento un decálogo de ideas clave agrupadas en tres grandes ejes: el liderazgo estratégico, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control, y el mejoramiento de la efectividad de la institución.

 

LIDERAZGO INDEPENDIENTE CON ÉNFASIS PUESTO EN LO CIVIL

El primer eje que propone la FIP es el liderazgo del fortalecimiento político y estratégico de la seguridad, en el que existan líderes que fortalezcan la gobernanza a nivel nacional, regional y municipal; pero también al interior de la Policía.

Para esto, indica la fundación, se debe pasar de tener un Ministro de Defensa civil a un Ministerio de Defensa civil para que ejerza un direccionamiento estratégico con criterio civil, basado en conocimientos y evidencia técnica, pero que sea independiente de la influencia, cultura y prácticas castrenses.

La fundación también agrega que es importante que se ponga en marcha la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana mediante estrategias de capacitación, acompañamiento y soporte permanente a los alcaldes y a las entidades responsables.

Desde los organismos de Control, la FIP señala que es clave que la Defensoría del Pueblo fortalezca sus capacidades en relación con la Fuerza Pública, ya que su misión es proteger, defender, promover los Derechos Humanos y prevenir sus violaciones.

De igual forma, desde el mando policial, se recomienda especialmente que la Policía acate las ordenes de las autoridades locales y desarrollar un discurso empático con la comunidad, sensible y compasivo.

 

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El malestar social percibido en las constantes denuncias de abusos policiales podría modificarse con un discurso y procedimientos más sensibles y compasivos con la comunidad.

MÁS CONFIANZA, MENOS ABUSO

En el segundo eje que propone la FIP, se advierte que es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión y control internos y externos, para que se impulsen la integridad, transparencia y la acción judicial sobre la policía.

Para la fundación es indispensable discutir y avanzar en el establecimiento de un mecanismo civil, externo e independiente, encargado del control disciplinario.

Al igual que este mecanismo externo, la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y sus delegados a nivel regional necesitan más capacidades para agilizar las investigaciones sobre la Fuerza Pública.

Para lograr más empatía, la FIP asegura que es necesario que la Policía se abra a la participación y escrutinio de la sociedad civil. Es decir, activar las comisiones de Policía y Participación Ciudadana previstas en la Ley 62 de 1993, creadas para fortalecer las relaciones entre la ciudadanía y la institución en los niveles nacional, departamental y municipal.

De igual forma, se propone fortalecer la supervisión sobre la información delictiva y operativa con participación de actores externos gubernamentales y de la sociedad civil.

 

UNA POLICÍA MÁS EFECTIVA: TAREA PENDIENTE

De acuerdo con la FIP, la Policía debe tener en cuenta las enseñanzas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, para que se establezca un servicio diferenciado, según los territorios, y con participación de los alcaldes.

Lo anterior permitirá planear, prevenir y reaccionar a tiempo, y de manera sistemática, frente a las problemáticas de la seguridad ciudadana y a los eventos de crisis. Añade la fundación que la Policía le debe apuntar a un servicio conectado con estrategias y prioridades de los alcaldes y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es la intervención de los rasgos de la cultura organizacional que afectan la moral, el compromiso y la efectividad de la Policía, lo que obstruye su liderazgo y control civil.

En este sentido, la FIP señala que se debe cerrar la brecha entre el nivel ejecutivo y la localidad de la Policía y hacer más equitativas las posibilidades de ascensos, condiciones salariales y beneficios para los miembros de esta institución.

Roles, calidad y más pie de fuerza

En su decálogo de ideas, la FIP recomienda que se revisen las responsabilidades operativas asignadas a la Policía en los sistemas carcelario, tránsito y transporte, sistema fiscal y aduanero y otras que no están relacionadas directamente con la seguridad ciudadana y que se reasignen a las entidades responsables.

Asimismo, que se analicen los riesgos que trae consigo asignar a la Policía responsabilidades que pudieran exceder comportamientos relacionados con la convivencia, el cumplimiento de normas mineras y ambientales, explotación y aprovechamiento ilícito de minerales, regulaciones en materia de salud y pública, entre otras, que se asignaron en el Código de Policía, ya que estas requieren conocimientos especializados.

La creación de incentivos aumentaría la calidad de los aspirantes a patrulleros de la institución. De igual manera la garantía de la calidad de los entrenamientos cuando se lleven a cabo incorporaciones masivas, recomienda la fundación, al tiempo exhorta a que se definan criterios de aumento y asignación de pie de fuerza que respondan a las necesidades de los diversos municipios urbanos y rurales. 

Eduardo Patiño M.

Periodista de las secciones Ciudad y País de Contexto.