Tengo que escribir en un tono que me suena acartonado para explicar una horrible coyuntura y eso me incomoda. Pero es necesario. Me indigna y duele, por supuesto, saber que un gobierno raizal como el de Hawkins, otra vez invocado con uno de esos eslóganes que antes de mediados de término ya resultan cínicos —“todos por un nuevo comienzo”—, no pueda blindarse frente a las trampas comunes del aparato de corrupción institucional que funciona en el Coral Palace.
Dicho eso, a mí me gustaría que por primera vez se pronunciara bien el nombre de un gobernador isleño. Que lo digan mal me hace sentir más ajena todavía al continente. He oído la última semana a periodistas y funcionarios de los más altos niveles —si es que existe eso en este país—, referirse a la medida de aseguramiento en contra de Everth Hawkins en todos los tonos, de apoyo, de rechazo. Pero nadie ha dicho bien su nombre y eso me preocupa a estas alturas de nuestra relación institucional con Colombia.
Mientras a nosotros nos va agarrando el ascenso de la curva de contagio del nuevo coronavirus con solo nueve unidades de cuidados intensivos ya saturadas, Everth Hawkins Sjogreen, el gobernador, ha sido suspendido del cargo y detenido en casa por cárcel por una decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
La fiscalía inició una investigación penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, por un contrato de publicidad suscrito directamente a inicios de la pandemia, y que tendría sobrecostos por unos ochenta millones de pesos. Pero algo me preocupa incluso más que la continuidad de ese aparato de corrupción, y son las consecuencias de la interinidad en la que hemos vivido los isleños los últimos cuatro años, la pérdida de confianza en la elección popular y, sobre todo, en la idoneidad de la representatividad del pueblo étnico, y en la autonomía administrativa.
Repitan en voz alta, para sentirnos más amigos: jakins, evert jakins. El Gobernador no ha sido removido del cargo, pero sí han quedado enajenadas sus funciones mientras se adelantan las investigaciones sobre su responsabilidad en la adjudicación de contratos. Yo no puedo defender al gobierno Hawkins ni quiero invalidar el trabajo de los veedores que han denunciado irregularidades en los contratos suscritos. No tengo ni idea de cómo haya sido realmente la vuelta, pero eso no es necesario para pensar en el largo plazo, para pensar en términos institucionales.
Everth Hawkins, suspendido gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Con Ronald Housni, hoy privado de la libertad en La Picota, y Aury Guerrero, en detención domiciliaria en la isla, Hawkins es el tercer gobernador sucesivo elegido popularmente que tiene estos líos. Esto configura una secuencia dolorosa, por la fragilidad institucional del archipiélago, en un momento de pandemia y de honda crisis económica, de honda desazón.
El último gobierno encargado fue el de Tony Gene Salazar, una raizal que sucedió el nefasto encargo del almirante Juan Francisco Herrera Leal, designado por Iván Duque para el tiempo restante del periodo de Housni Jaller, y único gobierno designado a manos de un militar desde la vigencia de la Constitución de 1991.
En esta ocasión han sonado nombres familiares, pero, ¿quién tiene la capacidad de ejecutar un plan de gobierno que apenas arrancaba, y de recuperar algo de la confianza perdida por los isleños? ¿Quién puede, por ejemplo, representar el interés de una isla explotada por empresarios foráneos, y asegurar la ejecución autónoma y transparente de los recursos?
A veces, como ahora, me siento acorralada y debo recurrir al clásico pensamiento agustiniano, para aplicarlo sobre la idea del poder superior del gobierno, y posicionarme respecto a estos dilemas del devenir político. ¿Cómo escoger, en medio del acabose global de 2020, entre la tentación de castigar y corregir la presunta corrupción de este gobierno, y la lucha de largo plazo por un ejercicio autónomo de la administración pública del archipiélago?
Sí, pienso en el mal menor, cuando recuerdo que la última gran noticia del periodo de encargo del almirante Herrera Leal fue entregar la ejecución de quince proyectos del plan de desarrollo, y para ello 46 mil millones de los recursos propios del archipiélago, a Findeter, una entidad del orden nacional que en nuestro imaginario colectivo remite inmediatamente a la duda por la ejecución de los ochenta millones de dólares del famoso Plan Archipiélago en 2012, y que, es la hora, nadie sabe dónde están a ciencia cierta.
Con Ronald Housni, hoy privado de la libertad en La Picota, y Aury Guerrero, en detención domiciliaria en la isla, Hawkins es el tercer gobernador sucesivo elegido popularmente que tiene estos líos. Esto configura una secuencia dolorosa, por la fragilidad institucional del archipiélago, en un momento de pandemia y de honda crisis económica, de honda desazón.
Todo esto, para decir de lo odiosos que son los encargos en figuras que no responden a la sanción social en una isla a la que no pertenecen, lo ajeno que nos resultaría de nuevo algún funcionario de interior que nada entiende de cómo va el maní, y que espera de las islas una realidad continental. Que no se me malentienda, soy critica y me han aburrido y decepcionado muchas cosas del gobierno de Everth Hawkins, como la actitud frente al pueblo étnico raizal en su disputa con la Policía Nacional por el predio de Carpenter Yard, y la cita eterna y desgastada a dios todopoderoso, que nada combina con la idea de un Estado laico contemporáneo.
Sin embargo, ante la inminencia de la catástrofe, que es nuestra nueva normalidad, yo, que no me considero conservadora, hubiera preferido la seguridad del malo conocido, que un interino que comprometa a largo plazo los destinos de un sitio donde no descansan sus ancestros. Es que, estando las cosas como están, del orden central no se percibe una vigilancia hecha en pro del interés colectivo, sino un afán de parte de un fiscal que necesita desviar la atención de los escándalos propios y nacionales, como el de la Ñeñepolítica, al lado de lo cual lo que se le imputa al Gobernador parece mínimo para suspenderlo tan pronto del cargo.
Da tristeza tener que elegir en estas contradicciones, saber que algo que debería ser honorable, como la vigilancia de los dineros públicos, me distancia todavía más de las acciones del gobierno de una nación abatida por males tanto peores, hipócrita para revisarse a sí mismo. Repitamos todos en voz alta: jakins, a ver si nos sentimos más amigos, mientras aquí solo nos queda cultivar la esperanza de que algún día será posible recuperar la confianza que se ha perdido, en nosotros mismos, en el país. O no.
Cristina Bendek
Escritora, periodista e internacionalista sanandresana. Su libro Los cristales de la sal fue publicado por Laguna Libros.