La ministra Corcho tiene razón, y no por eso hay que acabar las EPS

El gobierno de Gustavo Petro, por boca de su Ministra de Salud, Carolina Corcho, ha propuesto acabar con las llamadas EPS (Empresas Promotoras de Salud). El argumento va más a menos así: estas entidades reciben una plata (hoy en día, cerca de un millón de pesos por afiliado), para que luego le paguen a las clínicas, a los hospitales, a los médicos y a los laboratorios, por los servicios de salud que éstos prestan. Por recibir esa plata, y luego girarla, las EPS reciben unos honorarios, y además, entre menos giren, mejor les va, porque ponen la plata a rendir, y esos rendimientos son para ellas. De modo que las EPS no son necesarias. Sería mejor que la plata que el Estado hoy le gira a las EPS vaya directamente a quien prestó el servicio.

Así planteado, el argumento es inobjetable. Esa “intermediación financiera” no tiene por qué existir. Es una especie de peaje que, en el mejor de los casos, es redundante y, en el peor, crea incentivos para negar servicios o imponer barreras de acceso a citas y procedimientos, o, indefectiblemente, genera corrupción. Todos los que valoramos y queremos proteger el actual sistema de salud deberíamos rodear a la Ministra en ese empeño: la intermediación financiera se debe acabar. Y las EPS que se vean a sí mismas como intermediarias no deberían existir.

En un esquema de mera intermediación financiera como la que describe el nuevo Gobierno, los dineros que se les giran a las EPS no son en realidad ingresos de éstas. Ellas allí son unas meras custodias de plata ajena, administradoras transitorias de un dinero que es del Estado. Por eso, su ganancia solo debe provenir de un fee de administración, como sucede, por ejemplo, con las fiduciarias. Y si llega a haber pérdidas (no debería haberlas), las debe asumir el Estado, pues esas intermediarias no asumen ningún riesgo. Como los bancos, que no asumen ningún riesgo cuando una persona gasta más de lo que le ingresa en su cuenta corriente.

Pero resulta que la ley no concibió a las EPS como intermediarias financieras. Las normas son explícitas en que estas entidades son auténticas aseguradoras, es decir, se les autoriza a tener un ingreso propio para gestionar y asumir un riesgo. Si el riesgo ocurre (la enfermedad, la necesidad de una consulta, un parto), ellas deben cubrirlo con el dinero que el Estado, con dinero de empleados y de los impuestos les ha girado. En eso consiste asumir el riesgo, lo que implica, además, que, si la plata no les alcanza, es problema de ellas y deben poner el faltante, y si en cambio les alcanza, ahí tienen una rentabilidad.

A esto es a lo que se le llama la gestión del riesgo. Y es lo que las mejores EPS, las que salen bien calificadas en los propios estudios del Ministerio de Salud, han venido montando y perfeccionando durante décadas. Es el monitoreo a las madres gestantes para evitar complicaciones en el parto; es el sistema de acompañamiento a los enfermos crónicos para que se adhieran a los tratamientos, o las mediciones para que entre diagnóstico y comienzo del tratamiento no haya dilaciones en el cáncer; es la redacción de los mejores contratos para mejorar los resultados en salud; es la promoción de la vacunación y de los buenos hábitos higiénicos; es la orientación al paciente sobre a dónde ir, y qué hacer mientras logra verse con el médico; es la telemedicina y la atención domiciliaria; es la entrega oportuna de medicamentos.

El paso de la mera intermediación al aseguramiento ha llevado a la formación en el país de una complejísima de red de relaciones institucionales entre prestadores de salud, profesionales de la salud y EPS, un tejido abigarrado de contratos, formas de hacer las cosas, relacionamientos, apuestas por la innovación. El 98 % de los colombianos están protegidos por ese sistema, y cuatro de cada cinco están satisfechos con él. Si a estas empresas les va bien, a sus afiliados también les va bien. Las EPS mejor calificadas son las que más utilidades dan. Aquí, la salud como negocio ayuda, y de qué manera, a garantizar el Derecho fundamental a la salud.

¿Hay espacios de encuentro entre la visión de la Ministra, y la posibilidad de permanencia de las EPS en el sistema? Sin duda. Como en las zonas rurales es imposible la competencia por redes de clínicas, que es el fundamento del sistema EPS; quizá allí se justifique un giro directo de recursos del Estado a los hospitales públicos que atienden a toda la población, acompañado de un enorme esfuerzo en inversión en nueva infraestructura. Quizá existan ámbitos de lo que se llama la promoción y la prevención en salud que funcionarían mejor en manos del Estado, especialmente en las entidades territoriales, porque en esa etapa la lógica territorial funciona mejor que la lógica poblacional propia de las EPS, como bien lo explicó recientemente el experto Ramón Abel Castaño.

Y, por supuesto, las EPS tiene que mejorar muchos aspectos de su funcionamiento. Entre más se parezcan a las aseguradoras tradicionales, con buenas reservas, sólido patrimonio, y las mejores prácticas de gobierno corporativo y de ética, mejor les irá.

Así que aplaudamos a la Ministra Corcho en su empeño de acabar con la intermediación financiera; y ayudémosla, desde las mejores EPS, a que cada día sea más fácil para los colombianos garantizar su Derecho a la salud.