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En la región Caribe las 5 ciudades con mayor siniestralidad vial son Cartagena, con 128 vidas apagadas; Santa Marta, con 102; Barranquilla, con 102 víctimas; Valledupar con 81 y Montería con 80 muertes. ¿Cuándo se saldará esta deuda de la institucionalidad vial con nuestra región?
La seguridad vial debe ser una prioridad para nuestra dirigencia política. Se acercan dos momentos electorales críticos que definirán los destinos de los colombianos para los próximos 4 años. Poco hemos escuchado sobre la importancia de proteger la vida en las vías, hecho reprochable para los 7.270 colombianos que dejaron su último aliento en alguna calle del país y sobre los cuales ningún aspirante regional o nacional se ha pronunciado.
El año 2021 ha sido el año más mortífero del siglo. Tristemente en el Caribe colombiano murieron 1.508 personas, lo que representa el 21 % del total de vidas perdidas en el país.
Lamentablemente, en las capitales del Caribe colombiano existe un fenómeno de violencia vial preocupante. Dentro de las 10 capitales de departamento con mayores índices de siniestralidad, la región tiene 5 ciudades en el listado: Cartagena encabeza con 128 vidas apagadas, Santa Marta con 102, Barranquilla la iguala con 102 víctimas, Valledupar con 81 y Montería con 80 muertes.
Otra cara de esta desoladora realidad es que de las 1.508 vidas apagadas en el Caribe colombiano la mayoría son actores vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). Por ejemplo, en Barranquilla, de cada 10 personas que mueren en las vías 4 son peatones y 5 son motociclistas. Para quienes su única carrocería son sus huesos, la consecuencia de la falta de liderazgo en seguridad vial es mortal.
Estamos en una guerra en las vías del país que nos está dejando muertos en las calles. El derecho a una movilidad segura, sostenible e incluyente debe ser un bien jurídico protegido, porque es la manera de acceder a todos los otros derechos.
De las 1.508 vidas apagadas en el Caribe colombiano la mayoría son actores vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). La región representa el 21% de las vidas perdidas totales en el país. Por ejemplo en Barranquilla, de cada 10 personas que mueren en las vías 4 son peatones y 5 son motociclistas.
No hay una verdadera voluntad política y hay una falta de coherencia normativa en la política pública de seguridad vial. Nos estamos matando en las vías, pero nadie fija posiciones. Los planes de seguridad vial en el papel no cambian nada. Tampoco exigiendo mayores compromisos a los usuarios y empresarios en un sistema vial donde reina el caos.
Existen otras soluciones que están en manos de todos: la primera es la velocidad, que es el factor de base que multiplica todos los otros factores de riesgos, como la distracción, la alcoholemia, entre otros. Cuando en otros países se estaban disminuyendo velocidades, en Colombia, en 2008, se aprobó una ley para aumentarlas, yendo en contravía de lo que la evidencia mostraba.
Hemos vivido más de una década contando muertos, lesionados y con políticas de papel. La Ley del Plan de Desarrollo –1450– elevó a política de Estado la seguridad vial y formuló la famosa Hoja de Ruta, que es el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, donde se fijaron objetivos: inicialmente los de la Década de Acción –disminuir en un 50 % las muertes de cara a 2021. Después los objetivos cambiaron, con metas menos ambiciosas, tristemente. Ninguno se cumplió.
Exijamos a nuestros dirigentes compromisos reales para salvar vidas en las vías. No perdamos más vidas.
Mary Bottagisio
Directora ejecutiva de la Liga Contra la Violencia Vial.
