La desigualdad consecuencia de la pandemia no sólo estará en el presente, sino que tiene una alta probabilidad de persistir en el futuro si no hay una acción decidida de los gobiernos.
La pandemia ha mostrado con contundencia las consecuencias de un contrato social desigual, con una alta desprotección de muchos de sus ciudadanos, y estados débiles con poca capacidad de reacción. A finales de 2019, el descontento de la población y las protestas en varios países ya habían alertado sobre las grietas de este contrato y la urgencia de actuar.
La región ha avanzado. La reducción en la pobreza fue significativa y en las últimas dos décadas la desigualdad había caído. La expansión de servicios sociales como educación y salud fue importante y la puesta en marcha de varios programas sociales, como las transferencias condicionadas, contribuyeron a mejorar la vida de millones de familias. Sin embargo, las reformas y programas no fueron suficientemente ambiciosos para lograr cambios sustantivos y salir de un equilibrio de poco crecimiento y alta desigualdad.
La pandemia está causando un retroceso enorme de los logros alcanzados y profundizará sin duda la desigualdad. Si bien los gobiernos usaron todo el arsenal que tenían, la capacidad fiscal e institucional no ha sido suficiente para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia. Con el agravante que esta mayor desigualdad, consecuencia de la pandemia, no sólo estará en el presente, sino que tiene una alta probabilidad de persistir en el futuro si no hay una acción decidida de los gobiernos.
Es entonces fundamental discutir cómo mejorar la distribución del ingreso y nivelar la cancha de las oportunidades en nuestros países. Esto no será trivial. La propuesta de moda es la renegociación de un nuevo contrato social. Ese nuevo contrato social no será fácil de poner en marcha. Requiere de un acuerdo político con los mismos actores que por décadas han favorecido el statu quo. Quisiera enfatizar cuatro temas que deberían estar en el centro de la discusión.
La distribución del ingreso es el resultado del proceso productivo de la sociedad, la distribución y remuneración de los factores de producción, la distribución de oportunidades y la capacidad de los estados, posterior a la producción, de redistribuir la riqueza. La discusión se concentra en las políticas redistributivas a través de políticas fiscales más progresivas. Poco discutimos sobre otras políticas previas a la redistribución que son también importantes.
Mejorar la distribución del ingreso y nivelar las oportunidades en los países de Latina no es una cuestión trivial. La propuesta de moda es la renegociación de un nuevo contrato social.
La propuesta de moda es la renegociación de un nuevo contrato social. Ese nuevo contrato social no será fácil de poner en marcha. Requiere de un acuerdo político con los mismos actores que por décadas han favorecido el statu quo.
En primer lugar, es fundamental entender las instituciones laborales de nuestros países y el importante papel del mercado laboral para reducir o profundizar la desigualdad. Matías Busso y Julián Messina muestran que la reducción en desigualdad se dio principalmente a través del mercado laboral, gracias a más trabajos y mayores salarios. Este estudio editado por Matías Busso y Julián Messina muestra que, en Colombia, un 87 % de la reducción reciente en la desigualdad se dio a través de los mercados laborales y un 13 % por transferencias del gobierno. Sin embargo, estos mercados continúan siendo altamente informales y fragmentados y con tasas de desempleo persistentemente altas. Una expansión sustantiva del mercado laboral formal no será posible sin una mayor productividad. Esto requiere reformas para aumentar la competencia, fortalecer la provisión de bienes públicos y desmontar una serie de apoyos y exenciones tributarias que favorecen a las empresas con mayor capacidad de cabildeo y que no son necesariamente las más productivas.
Segundo, la región tiene mercados altamente concentrados y unas instituciones con poca capacidad para contener este poder de mercado. Este poder de mercado puede tener un impacto sobre la desigualdad por dos canales. Por un lado, con un mayor poder de negociación sobre los trabajadores y por ende unos mercados laborales precarios, como mencioné anteriormente. Por otro, con unos altos precios en bienes que son esenciales: los alimentos, las telecomunicaciones, los servicios financieros, entre otros. Además, la concentración de poder económico se traslapa con la concentración de poder político, lo cual redunda en una acción muy limitada del estado para contener el comportamiento de las firmas que van en detrimento de la libre competencia.
Tercero, sin una mejor distribución de las oportunidades para la población no será posible nivelar la cancha. Aunque la provisión de educación y salud se ha expandido de manera importante en la región, queda aún mucho camino por recorrer. Más aún, aunque la asistencia escolar ha aumentado de manera importante, la calidad de la educación es muy desigual. Los niños pobres reciben una educación pobre y los ricos una educación de mucho mejor calidad. Algo similar sucede con la salud. Los aumentos significativos que se requieren en la inversión en educación y salud deben ir de la mano de mejoras sustanciales en la calidad de la provisión de estos servicios. Para esto se debe quebrar la inercia de grupos de poder, como por ejemplo los sindicatos de profesores, que no permiten hacer reformas fundamentales que mejoren la calidad de la educación.
Por último, la pandemia demostró que hemos avanzado en protección social pero que el camino por recorrer es aún muy largo. La protección frente a riesgos es muy deficiente: pocos países tienen seguro de desempleo y cuando lo tienen el valor es bajo, la protección frente a otros riesgos, como riesgos climáticos, es inexistente, y la alta informalidad implica que un alto porcentaje de la población carece de mecanismos de cubrimiento de riesgo. La focalización de las transferencias monetarias de emergencia ha evidenciado algunas debilidades del sistema. Matías Busso, Juanita Camacho, Julián Messina y Guadalupe Montenegro muestran en este estudio que estas transferencias cubrieron bien a las personas más pobres y transfirieron un porcentaje alto de su ingreso habitual, pero dejaron por fuera a la población vulnerable. Esto significó la caída nuevamente en pobreza de un porcentaje alto de esta población. La discusión de una segunda generación de mecanismos de protección social no da espera.
Es el momento de hablar de un nuevo contrato social. No cabe duda. Volver a las condiciones anteriores a la pandemia no debería ser una opción. Los economistas y otras ciencias sociales debemos jugar un papel importante haciendo análisis rigurosos, poniendo en la mesa preguntas incómodas y participando en debates. Pero esto es en últimas una decisión de la sociedad que se debe tramitar a través del sistema político y para ellos se necesita una voluntad férrea de los actores políticos.
Ana María Ibañez
Ph.D. en Economía Agrícola y Recursos Naturales, University of Maryland at College Park. Asesora Económica Principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Fue decana de esta Facultad y Directora del CEDE.
