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Foto: Ehimetalor Akhere: Unsplash.

En una encuesta realizada en 25 países del mundo Colombia es el país de Latinoamérica más insatisfecho con su sistema político y las instituciones democráticas. Un bajo índice de progreso y décadas de corrupcion y demandas sociales no atendidas erosionan nuestra democracia.

Hace unos meses, en agosto exactamente, la consultora Ipsos publicó un informe sobre la percepción ciudadana del funcionamiento del sistema político. Para esto, fueron entrevistadas más de 19.000 personas en 25 países del mundo, incluidos países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Los resultados para la región no son buenos, o más bien críticos, teniendo en cuenta que la percepción ciudadana sobre el funcionamiento del sistema democrático es la más baja en relación con otras regiones del mundo.

La falta de confianza en el sistema democrático y el diseño institucional da cuenta de lo que la consultora ha llamado un Sistema Roto. Dicho sistema prevalece en la mayoría de los países en los que se realizó la encuesta, y a menudo acompañado de sentimientos populistas y anti-élite, y puntos de vista xenófobos (nativismo) y ultranacionalistas.

De acuerdo con la encuesta, un sistema se puede interpretar como roto de acuerdo con el nivel de conformidad que tienen los encuestados con cinco afirmaciones:

  • La economía está amañada para favorecer a los ricos y poderosos
  • A los partidos y políticos tradicionales no les importa la gente como yo
  • Los expertos locales no comprenden la vida de personas como yo
  • El país necesita un líder fuerte para recuperar el país de los ricos y poderosos, y
  • Para arreglar el país necesitamos un líder fuerte dispuesto a romper las reglas.

En los países encuestados, en promedio 71 % piensa que la economía está amañada en favor de los ricos y poderosos, en Colombia ese porcentaje asciende hasta el 84 %. El 68 % de los encuestados a nivel general piensa que los partidos y políticos tradicionales no se preocupan por la gente común, en Colombia este porcentaje es del 85 %. Por otra parte, el 65 % de los encuestados piensa que los expertos locales no entienden las vidas de la gente trabajadora; 64 % quiere a “un líder fuerte que le quite el país a los fuertes y poderosos” y 44 % quiere a “un líder fuerte dispuesto a romper las reglas”. En Latinoamérica, los cuatro países con los mayores niveles de desafección son Colombia, Perú, Brasil y Chile.

Igualmente, el informe da cuenta del sentimiento populista/anti-élite y en promedio en los 25 países, el 81 % de los encuestados piensa que los políticos siempre terminan encontrando maneras de proteger sus privilegios; el 72 % piensa que la elite política y económica no se preocupa por las personas trabajadoras; el 70 % piensa que la principal división en nuestra sociedad es entre personas comunes y la elite política y económica; el 62 % cree que los políticos deberían poder decir lo que piensan independientemente de lo que opine el resto y 60 % dice que los temas políticos más importantes deberían ser decididos directamente por la gente a través de referéndums, no por quienes tienen cargos electos.

Para los encuestados, la “elite” es ampliamente percibida como un grupo muy bien conectado, que toma decisiones basados en su propio interés e ignorando las necesidades colectivas. Este sentimiento populista/anti-élite, está relacionado con el del Sistema Roto, y de los países donde se realizó la encuesta, es más presente en Chile, Hungría, Colombia, Perú y Rusia.

El informe da cuenta del sentimiento populista/anti-élite y en promedio en los 25 países, el 81 % de los encuestados piensa que los políticos siempre terminan encontrando maneras de proteger sus privilegios; el 72 % piensa que la elite política y económica no se preocupa por las personas trabajadoras.

Otros de los aspectos consultados es el nativismo, aunque los ciudadanos son ambivalentes sobre la inmigración, se inclinan hacia la postura de favorecer a los nativos. En ese sentido, el 57 % dice que los empleadores deberían favorecer a los habitantes nativos sobre los inmigrantes cuando los trabajos escasean, mientras que 38 % piensa que su país sería más fuerte si detuviera la inmigración, y 38 % dice que los inmigrantes le quitan trabajo a los “verdaderos” habitantes del país. Colombia, al igual que Turquía, Malasia, Perú, y Rusia, hacen parte del grupo de países donde este sentimiento está más presente.

En resumen, nuestro país presenta resultados para nada alentadores en los tres temas consultados, situación que resulta más preocupante cuando la consultora Ipsos encontró que este índice está altamente correlacionado con el índice de progreso social, un indicador basado en resultados de qué tan bien se satisfacen las necesidades sociales y ambientales de los ciudadanos, e igualmente con el índice de percepción de la corrupción, ambos de la organización Transparencia Internacional.

La desafección de los colombianos por la política y la institucionalidad democrática es notoria no solo en estos aspectos, sino en otros como lo demuestra la reciente encuesta Invamer. Según este informe, el 77 % de los encuestados cree que las cosas en el país están empeorando. Asimismo, casi todas las instituciones fundamentales para una democracia registran una opinión desfavorable: los medios de comunicación cuentan con un registro desfavorable del 58 %, el sistema judicial del 83 %, el Congreso del 82 %, los partidos políticos un 86 % de imagen desfavorable, muy similar a los resultados de Sistema Roto. Los órganos de control igualmente cuentan con altos porcentajes de desfavorabilidad, la Contraloría General con un 53 %, la Procuraduría con 57 % y la Fiscalía 71 %, ni mencionar la Policía Nacional, con un 62 % de opinión desfavorable.

Todo esto en un contexto de pandemia donde las brechas estructurales se ampliaron, aumentando la pobreza, la desigualdad de género, la informalidad, dejando a ciudadanos de estratos de ingresos bajos y medios en condiciones de alta vulnerabilidad.

Esta situación, sin duda, viene erosionando los principios democráticos y ha aumentado la desconfianza y falta de credibilidad de los ciudadanos en las elites, los partidos políticos, lo medios de comunicación y el gobierno. Ciudadanos cansados de la corrupción, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades, son quienes hoy exigen a las estructuras de poder soluciones oportunas y certeras a sus demandas. La no respuesta rápida y eficaz a estos reclamos, presagia no solo nuevos escenarios de protestas social, sino también la posible llegada, por vías electorales, de lideres que una vez en espacios de decisión no tendrían reparos en erosionar aún más el sistema democrático.

Aunque la desafección por el sistema democrático y la política no es un fenómeno reciente, cada día muestra más síntomas y aumentan los riesgos de transitar a escenarios populistas o autoritarios. Si bien hay responsabilidad en las elites y en los gobiernos, los ciudadanos jugamos un rol importante en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en la despersonalización de la política. Podemos recomponer el sistema y fortalecer las instituciones democráticas, parafraseando a Sartori, en democracia, si algo puede hacer la ciudadanía, es elegir a quienes deciden, sean estos parte de la elite o de los gobiernos.

Ahora bien, como lo ha señalado el politólogo Josep M Vallès, como ciudadanos distamos mucho del arquetipo del ciudadano modélico “siempre atento a la cosa pública y dispuesto a prestar su colaboración en las decisiones de interés general que afectan a su comunidad”, pero es necesario que no nos marginemos del contacto con la política, que no nos resignemos y aceptemos pasivamente lo que se nos presenta, bien sea porque no encontramos una mejor alternativa o porque consideramos que nada va a cambiar.

Por el contrario, podemos actuar como esa otra categoría de ciudadano que propone Vallès, el que no se conforma con el statu quo, el que cree que es posible modificar el sistema político “desde adentro”, proponiendo o apoyando las medidas reformistas que sean necesarias para fortalecer la democracia. Al tiempo que cree que es importante trabajar por construir escenarios y modos alternativos de acción política, que permitan salir del callejón sin salida que representa el intercambio clientelar.

Si la política parece alejarse de los ciudadanos, no podemos los ciudadanos renunciar a ella, ni a los principios y valores democráticos. Hacerlo coloca en riesgo no solo nuestras libertades, sino también la posibilidad de construir escenarios de mayor igualdad y bienestar social.

Ángel Tuirán Sarmiento

Docente e investigador. Máster en Administración Pública y Doctor en Derecho Público de la Universidad Grenoble Alpes (Francia).