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795 millones de personas en el mundo sufren altos niveles de inseguridad alimentaria, gran parte vive en áreas rurales y dependen de la agricultura como principal fuente de ingreso.

Los pequeños productores rurales son uno de los grupos con una alta inseguridad alimentaria. La alta variabilidad de la producción agrícola, consecuencia de los choques climáticos y otros fenómenos naturales, la carencia de mecanismos para proteger sus ingresos frente a estos choques y el poco acceso al crédito, entre las razones.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto el foco sobre un problema que poco se menciona en los países de ingreso medio: el hambre. Si bien el progreso en seguridad alimentaria en estos países ha sido importante, algunos grupos de la población, en especial en las áreas rurales, padecen hambre. Un informe de la Fao para 2019 reporta que en América del Sur y el Caribe 38.7 millones de personas padecían hambre entre 2004 y 2006 y esta cifra disminuyo a 30.8 millones entre 2016 y 2018. Estas cifras para Colombia son 4.2 y 2.4 millones de personas.

Los pequeños productores rurales son uno de los grupos con una alta inseguridad alimentaria. La alta variabilidad de la producción agrícola, consecuencia de los choques climáticos y otros fenómenos naturales, la carencia de mecanismos de aseguramiento para proteger sus ingresos frente a estos choques y el poco acceso al crédito son algunas de las razones. Un proyecto, publicado recientemente en Nature y liderado por Ceres2030, calcula que 795 millones de personas en el mundo sufren altos niveles de inseguridad alimentaria, tres cuartos de los cuales viven en áreas rurales y dependen de la agricultura como principal fuente de ingreso. En Colombia, el Censo Agropecuario de 2014 encontró que Colombia tiene 725 mil productores que residen en sus predios, 63.5% de los cuales viven en tierras menores a 5 hectáreas.

¿Cuáles intervenciones y políticas públicas pueden ser efectivas en la lucha contra el hambre y a su vez minimizar el impacto ambiental de la producción? Setenta y tres investigadores de 23 países nos unimos para analizar la evidencia científica que existe y compilar el análisis en diez artículos que fueron publicados en Nature el 13 de octubre y son de libre acceso. Los artículos contienen una riqueza de información valiosa para diseñar programas y políticas públicas que ayuden a los pequeños productores a salir de la pobreza.

Los programas de incentivos para promover el uso de prácticas agrícolas sostenibles son una herramienta de intervención pública de uso creciente. El artículo que escribimos con varios autores y lideró Valeria Piñeiro da algunas luces sobre qué puede aumentar el éxito de estos incentivos. Quisiera resaltar dos conclusiones.

 

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Erradicar el hambre y proteger el medio ambiente son dos de los objetivos que gobiernos y políticas públicas no deben perder de vista. Foto: César Ramirez Vallejo.

Un proyecto, publicado recientemente en Nature y liderado por Ceres2030, calcula que 795 millones de personas en el mundo sufren altos niveles de inseguridad alimentaria, tres cuartos de los cuales viven en áreas rurales y dependen de la agricultura como principal fuente de ingreso. En Colombia, el Censo Agropecuario de 2014 encontró que Colombia tiene 725 mil productores que residen en sus predios, 63.5% de los cuales viven en tierras menores a 5 hectáreas.

La adopción de prácticas agrícolas sostenibles sólo sucederá cuando ofrezcan  rentabilidad económica en el corto plazo para los pequeños agricultores. Incrementos en la producción agrícola y la productividad son condiciones sine qua non para incentivar la adopción de las tecnologías. No basta entonces con los incentivos que ofrecen los programas. Los programas se deben diseñar de tal manera que los objetivos de largo plazo de política pública de protección ambiental se compaginen con la rentabilidad económica de corto plazo del productor.

La presencia del Estado es también fundamental para aumentar la probabilidad de adopción de estos programas. De hecho, esta es una conclusión de varios de los artículos del proyecto. La asistencia técnica, los programas de extensión, la infraestructura para conectar a los productores al mercado y la educación son dimensiones complementarias que potencian las intervenciones para los pequeños productores. Sin intervención del Estado la efectividad de las intervenciones disminuye sustancialmente.

La acción del Estado y la sociedad es impostergable. Erradicar el hambre y proteger el medio ambiente deberían ser objetivos de todos. Sin embargo y sorprendentemente, no lo son. Muchas veces se requieren acciones simples para mejorar las condiciones de millones de personas, como lo demuestran estos trabajos. Ahora se requiere el compromiso político para hacerlo.

Ana María Ibáñez

Ph.D. en Economía Agrícola y Recursos Naturales, University of Maryland at College Park. Asesora Económica Principal de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Fue decana de esta Facultad y Directora del CEDE.