Los sobrecostos en las tarifas de luz y las reiteradas quejas de las empresas de energía eléctrica parecen tristemente ser parte de la cotidianidad del Caribe colombiano. Foto: El Universal.
El Caribe colombiano pagará en los próximos 10 años tarifas de energía eléctricas superiores en un 40 – 50 % al promedio del país, lo que agravará nuestra pobreza y reducirá nuestra competitividad con serias consecuencias para el empleo y el bienestar de la gente.
El altísimo incremento de las tarifas eléctricas en la costa Caribe de cerca del 50 % en pocos meses –propiciada por una insólita autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)–, profundizará la pobreza y hará menos competitiva a la región, que tiene el 20 % de la población, consume, por razones climáticas, el 25 % de la energía, y alberga al 33 % de los pobres del país.
Por primera vez en sus 30 años de existencia como ente regulador, la CREG permite que las compañías distribuidoras cobren a sus usuarios la totalidad de las pérdidas de energía en que estas incurren. En el proceso de distribuir electricidad hay pérdidas casi imposibles de evitar, pérdidas normales, por así llamarlas, en las que se ven envueltas aún las compañías más eficientes. Pero hay pérdidas cuyo control es responsabilidad total de las compañías, como los robos en forma de conexiones fraudulentas o alteración de contadores. Cuando el ente regulador (CREG) determina las tarifas que las compañías pueden cobrar, establece unos parámetros de inversión, retorno y eficiencia para asegurar que el servicio prestado sea de calidad y a precios adecuados. Las distribuidoras, al prestar el servicio, asumen el riesgo del negocio y tienen la necesidad de ser eficientes para ser rentables. Anteriormente, se establecía un tope máximo para las pérdidas del 14.5 % de la energía facturada, lo que obligaba a las compañías a desplegar todos sus esfuerzos en las inversiones y en la operación para estar dentro de este límite, ya que el exceso no podía recuperarlo en la tarifa.
Pero ahora, gracias a las resoluciones CREG 024 y CREG 025 de 2021, las distribuidoras pueden trasladarles a sus usuarios, a través de la tarifa, su ineficiencia en el control de las pérdidas, que en el caso de la costa Caribe son del orden del 30 %, frente a un promedio del 16 % en el país y de 8 % en el caso de Enel-Codensa (Bogotá), que es la más eficiente. Esto quiere decir que, a pesar de la gradualidad de los incrementos que se vienen aplicando, el Caribe colombiano pagará en los próximos 10 años tarifas de energía eléctricas superiores en un 40 – 50 % al promedio del país, lo que agravará nuestra pobreza (45 % de la gente) y reducirá nuestra competitividad con serias consecuencias en el empleo y en el bienestar de la gente.
¿Cómo llegamos a esto? Por la mala gestión de Electricaribe, ayudada por la exasperante lentitud de la CREG para ajustar oportunamente la reglamentación, y la incapacidad de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios (SSPD) para controlar a la compañía y su tardanza para intervenirla. Esto dió lugar a una lamentable situación que se desarrolló durante la última década: varios años de insuficiente inversión se reflejaron en un grave deterioro del servicio generando airadas protestas en toda la región, lo que tuvo efectos en la disminución del recaudo de cartera, menos dinero en la caja de la compañía que optó por incumplir pagos, amenazando con un colapso del sistema.
Para poder venderla y que no quedara en evidencia la destrucción de valor de la compañía, la CREG aprueba que las malas gestiones permitidas por la inoperancia de Estado las paguemos los usuarios, dándole a Afinia y Air-e patente para que nos cobren, a todos, las pérdidas que las compañías deberían controlar.
La situación pronto se convirtió en un serio asunto de orden público que obligó a que la Superintendencia de Servicios Públicos interviniera a la compañía en noviembre de 2016. El remedio agravó la enfermedad: el Estado resultó mal administrador y después de 4 años y dos gobiernos se decide vender Electricaribe, dividiéndola en dos empresas: Afinia (Bolívar, Córdoba Sucre y Cesar) y Air-e (Atlántico, Guajira y Magdalena). Pero para poder venderla y que no quedara en evidencia la destrucción de valor de la compañía, la CREG aprueba que las malas gestiones permitidas por la inoperancia de Estado las paguemos los usuarios, dándole a Afinia y Air-e patente para que nos cobren, a todos, las pérdidas que las compañías deberían controlar. De no haber expedido esta medida, el valor patrimonial de estas compañías seguramente habría sido negativo (entre 300 y 500 millones de dólares calculan algunos) y le hubiera tocado al gobierno darle esa plata a los nuevos inversionistas para que se hicieran cargo de este petate. Vale decir: el Estado falla al no controlar y evitar la debacle de Electricaribe y luego falla otra vez al dejar empeorar las cosas cuando administra las compañías; dicho de otra forma: las fallas del Estado las pagan los usuarios. De tal modo arreglan este entuerto, permitiendo que se suban las tarifas, sin consideración, a una de las regiones con más personas en condición de pobreza del país y en la cual, debido a sus condiciones climáticas, es más necesario el servicio. Caben todos los reclamos, al Gobierno y a la CREG. El daño será creciente y se requiere evaluar con rigor los perjuicios de esta medida para la región.
Se hace imperativo que toda nuestra dirigencia gremial, parlamentaria, gobernadores y alcaldes que no se percató a tiempo de la mencionada resolución, recupere el tiempo perdido y se aplique con firmeza en la tarea de defender a su gente y a sus empresas. Se requieren opciones serias y viables, no solo financiera sino socialmente para arreglar esta situación; de no ser posible por la vía tarifaria, habría que mirar de qué manera compensan a tanta gente afectada. Aquí tienen los candidatos presidenciales un buen tema de campaña.
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