La pérdida de empleo es una de las consecuencias más duras de la COVID-19. A pesar de que el golpe más duro tuvo lugar en abril y que se ha dado una leve recuperación en mayo y junio, el incremento del desempleo ha sido muy significativo. Esta situación preocupa porque, en otras crisis que experimentó el país, una de las variables con más lenta recuperación fue el empleo. Por esta razón, la definición de una estrategia de empleo desde los gobiernos nacional, departamental y municipal debería ser prioridad en la agenda pública.
Al mirar las cifras del DANE, se perdieron 4,2 millones de empleo en todo el país en junio, con relación al dato del mismo mes en el año anterior. La pérdida de empleo fue peor en abril (5,3 millones) y mayo (4,9 millones). Como resultado, la tasa de desempleo nacional se duplicó en junio con relación a la observada un año atrás al pasar de 9,4 % a 19,8 %.
Un dato importante es que la tasa global de participación (TGP), aquella que mide el porcentaje de personas en edad de trabajar que están participando en el mercado laboral, ha registrado una caída significativa con relación al valor alcanzado a comienzo del año. Mientras en enero la TGP nacional fue del 62,2 %, en abril descendió a 51,8 % y en junio alcanzó 57,4 %.
Lo anterior implica que muchas personas han salido del mercado laboral por efecto de la pandemia. Estos individuos no son contabilizados como desempleados por el DANE, sino que quedan registrados como inactivos. En efecto, los inactivos aumentaron en 4,3 millones en abril, 3,3 millones en mayo y 2,5 millones en junio.
Algunos trabajos indican que, para el país, la pérdida de empleo tendrá una repercusión importante en el número de personas en condiciones de pobreza. Las estimaciones señalan que el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza monetaria se podría elevar del 27 % en 2019 al 38 % en 2020. Sin lugar a dudas, esta realidad obliga a establecer como prioridad nacional y local la recuperación del empleo.
Las razones del alto desempleo estructural en el país no son claras y se han señalado muchas causas. Algunos estudios argumentan que se origina en el alto costo de la mano de obra, ya sea el directo (salario mínimo) o los indirectos (seguridad social y parafiscales). Esto lleva a que, en la práctica, se tenga muchos trabajadores en la informalidad contratados por un precio menor. En este frente es poco lo que se puede hacer en la actual coyuntura en el corto plazo porque implica una reforma laboral que seguramente tomará mucho tiempo.
La pérdida de empleo tendrá una repercusión importante en el número de personas en condiciones de pobreza. Las estimaciones señalan que el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza monetaria se podría elevar del 27 % en 2019 al 38 % en 2020. Sin lugar a dudas, esta realidad obliga a establecer como prioridad nacional y local la recuperación del empleo.
Otras investigaciones consideran que existe un problema de formación de la mano de obra, que lleva a que actualmente no exista la formación adecuada para la demanda laboral del sector productivo. De modo que se requiere una mayor articulación entre el sector productivo y el sector educativo para lograr cerrar esta brecha, especialmente para atacar el desempleo juvenil.
En este frente, los gobiernos locales pueden jugar un papel importante en la articulación de estos sectores. Existen experiencias positivas en algunas ciudades en donde el gobierno local ha contratado con instituciones tecnológicas la formación apropiada de jóvenes en condiciones vulnerables, lo que les ha permitido engancharse efectivamente en el mercado laboral.
Por supuesto, una opción en la coyuntura actual es la inversión pública que permita generar empleos directos e indirectos que mitiguen la caída en el empleo privado. Esto probablemente dependerá de la capacidad de disponer recursos y desarrollar la ejecución oportuna de los proyectos. En las actuales condiciones, la capacidad de endeudamiento de las administraciones locales es fundamental.
Otra alternativa es atraer inversión privada creando un ambiente favorable para recibir nuevos proyectos, a través de la articulación de las distintas dependencias de la administración local que participan en su aprobación. Complementado con una movilización de recursos del Gobierno Nacional para atender a la población vulnerable y para apoyar el tejido empresarial local afectado por la pandemia.
Jaime Bonet
Economista de la Universidad de los Andes con una maestría en Economía y un doctorado en Planeación Regional de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Desde 2013 se desempeña como gerente de la sucursal de Cartagena del Banco de la República, en donde ejerce como director del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER).
