El Congreso: un paquetazo

Recientemente el exvicepresidente Germán Vargas Lleras se refirió al Ministerio de Salud con el apelativo del título de esta columna para señalar lo que en su opinión ha sido el desacertado manejo de esta entidad de la crisis causada por la COVID-19. No quiero caer en generalizaciones y por eso debo aclarar que al utilizar esta palabra no me refiero a todos los miembros del Congreso. No son pocos los que han trabajado con seriedad, pensando en el país y ejerciendo con dignidad y responsabilidad sus cargos. Lo hago para hablar de los congresistas que durante esta legislatura les dieron la razón a tantos ciudadanos para quienes ellos representan lo peor de la clase dirigente del país, en particular de los políticos. En medio de una de las peores crisis económicas y fiscales de las últimas décadas, las mayorías aprobaron varios proyectos que pueden empeorar aún más la situación. Las reformas a la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y la justicia contemplan incrementos sustanciales de sus nóminas. Por ejemplo, se crean las defensorías en 1.000 municipios, una figura que a todas luces resulta cuestionable teniendo en cuenta que en estos territorios están los personeros municipales, que desempeñan funciones similares.

En cuanto a la reforma a la justicia, también se incrementa la nómina del Ministerio, a pesar de las advertencias del ministro de Hacienda de que no hay los recursos para apalancar este aumento, y algo similar ocurre con la reestructuración de la Procuraduría. A escasos meses de las elecciones para el Congreso y la Presidencia, era necesario crear un botín burocrático para repartir entre los amigos. Esto no solo va en contravía de las promesas de campaña que en su momento hizo el entonces candidato y hoy presidente Iván Duque de terminar con la mermelada –que, por lo demás, los hechos han demostrado fueron solo promesas–, sino que es un insulto a millones de personas que hoy están en una pobreza similar a la que había hace diez años.

En contraste, aduciendo ahora sí razones de austeridad fiscal, no se aprobó la matrícula cero para los estratos uno, dos y tres, desconociendo una de las exigencias que vienen haciendo los jóvenes en las manifestaciones de tiempo atrás y que el Gobierno se comprometió a sacar adelante. Los congresistas consideraron que afectaba el presupuesto nacional y si bien el presidente lo había apoyado, el Congreso estaba ejerciendo la independencia de los poderes. Argumento que en teoría es válido, pero que ellos aplican según sus conveniencias.

En cuanto a la jurisdicción agraria o Especialidad Rural, uno de los pilares del Acuerdo de Paz, tampoco fue aprobada, de nuevo con el argumento de que significaba un golpe a las finanzas del país. El proyecto contó con el escaso o nulo apoyo del presidente y el único funcionario del Gobierno que lo apoyó abiertamente fue Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización.

De este breve relato se desprende que la mayoría del Congreso le sigue dando la espalda al país, no está escuchando a los ciudadanos, ignora el desprestigio en el que sigue cayendo y, sobre todo, parece no entender que las movilizaciones son gritos de desesperanza y de rabia que si no se atienden pueden terminar en un estallido social aún peor al que estamos viendo.