El acuerdo regional, considerado, uno de los instrumentos ambientales más importantes para promover el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones ambientales y la justicia ambiental, podría no ser ratificado por el Congreso. ¿Qué pierde Colombia de no acogerse a este importante acuerdo?

En Latinoamérica llegamos tarde a los temas ambientales. Mientras en Europa empezaron en 1968, cuando un grupo de empresarios de la industria automovilística fundaron el Club de Roma, en nuestra región empezamos treinta años después. Los ministerios de ambiente y los primeros programas empresariales relacionados con esta materia se fundaron en los noventas. Es cierto que hubo avances entre 2000 y 2020 pero, en la década que empieza, que algunos han llamado con razón, la ‘década decisiva’, se advierte un inexplicable retroceso, tanto en los gobiernos como en los sectores más carbonizados de la economía. Gremios empresariales de Colombia, por ejemplo, han salido a pedir que el Congreso no ratifique el Acuerdo de Escazú. Si ello es acogido por el Congreso sin mayor escrutinio conceptual o estratégico (como creo que sucederá) nos habremos dado un tiro en el pie. Todos: gobiernos y actores no estatales (gobiernos locales, empresarios, universidades, organizaciones ciudadanas). Lo que estamos a punto de perder es nuestra capacidad estratégica de estar sintonizados con el mundo en el difícil escenario 2020 – 2030; el llamado periodo post pandemia que (queramos o no) nos tocará transitar a todos juntos y coordinados. Si no se ratifica el Acuerdo de Escazú los empresarios podrán comprometer sus estándares de manejo de riesgos y buena parte de su valor reputacional.

Explico lo del tiro en el pie. Hoy resulta, por lo menos exótico, pensarnos por fuera de la comunidad global. Funcionar desconectados de las tendencias internacionales al tiempo que reivindicamos el libre mercado, los acuerdos de cooperación y los tratados de libre comercio, es por lo menos, incongruente. El Acuerdo de Escazú es, antes que nada, un acuerdo de integración regional para mejorar la gestión público privada relacionada con la prevención y justicia ambiental, propicia una mejor gestión territorial pensada desde la lógica del mismo multilateralismo en que se basan la gestión comercial y financiera globales. Propugnar a estas alturas por una especie de nacionalismo pseudo-protector, ignorando las evidentes características comunes de Latinoamérica (altos grados de centralismo, desigualdades, concentración de la riqueza, vulnerabilidad al cambio climático, etc.) es retornar al pasado.

El Acuerdo de Escazú persigue garantizar a la población el ejercicio de sus derechos de fundamentales, luchar contra la desigualdad y la discriminación de los grupos en situación de vulnerabilidad, y velar por la implementación de un auténtico desarrollo sostenible.

Ahora bien, las cartas de los empresarios que se han conocido en estos días se entienden mucho menos si se asume que el cambio climático tiene impactos sobre el modelo de negocio y los inversionistas examinan, cada vez con mayor cuidado, cómo esto afectará a sus portafolios de inversión, y cómo se manejan los riesgos y se aprovechan las oportunidades. En 2015, el Comité de Estabilidad Financiera del G20 conformó el Task Force on Climate-related Financial Disclousure (TCFD). Las recomendaciones de este grupo fueron publicadas en 2017, y facilitan un nuevo marco de referencia para que las empresas comprendan cómo el cambio climático afectará los negocios y cómo pueden aumentar su resiliencia, de la mano de los gobiernos, las estrategias compartidas con ciudadanos y la gestión conjunta de los riesgos y las métricas.

Europa avanza en el New Green Deal, una acción coordinada para repensar la sociedad y desarrollar un nuevo modelo de prosperidad. Inversiones que apoyen la transición hacia una economía climáticamente neutral, protección de la biodiversidad y transformación de los sistemas agroalimentarios. Todo esto generará nuevos empleos, crecimiento sostenible y mejoras en la forma de vida de la gente (ver más en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/manuel-guzman-hennessey/nuestro-pacto-verde-columna-de-manuel-guzman-hennessey-513650). Quiero decir: mientras el mundo avanza hacia la descarbonización de la economía, en Colombia insistimos (algunos) en prolongar su agonía. Así se desprende de lo que dijo el presidente de la Asociación colombiana de minería, Juan Camilo Nariño en el Foro Nacional Ambiental de hace unos días. (http://www.foronacionalambiental.org.co/opinion/debate/) Celebró las nuevas termoeléctricas de Japón (¿para el carbón de El Cerrejón?) Sí. No sorprende esta desconexión con las tendencias del mundo si vemos lo que pasa en el propio Cerrejon. Desviaron el arroyo Bruno para entrarle al tajo La Puente como si el panorama no fuera el que es: 2020 – 2030 sino el que ya fue: 1990 – 2000. Ignoraron los tiempos de la transición y el riesgo global. Calcularon que volverían a las altas cifras de producción de carbón de hace unos años, cuando el mundo era otro. Hoy, el pronóstico es más que reservado: precio en el suelo, huelga de 5.000 trabajadores y pelea entre los socios. Pero ellos insisten.

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Foto: Unsplash.

Más ejemplos habría, pero se alarga mucho esta introducción y quiero regresar a Escazú. Estamos a punto de perder el esfuerzo que hicimos para entrar a la OCDE. La semana pasada se publicó el documento “Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de Conducta Empresarial Responsable”. ¿Y qué dice? Que los países del hemisferio deben firmar Escazú para “salvaguardar las vías de acceso a la información ambiental, los procesos de participación pública, y el acceso a la justicia ambiental a través del sistema judicial”. Los empresarios responsables de Colombia (que son la mayoría) participan activamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la Red Pacto Global Colombia. Desde donde no solo apoyan los tres postulados de Escazú sino muchos más compromisos. ¿Entonces por qué recomiendan no ratificar el Acuerdo? ¿Porque ‘cualquiera podrá inmiscuirse en los procesos y decisiones administrativas de carácter ambiental sobre los “proyectos y actividades” de iniciativa pública o privada’, como afirma Francisco Lloreda (https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/francisco-jose-lloreda-mera/el-acuerdo-de-escazu.html)? El argumento juega en contra. Si la mayoría de los empresarios son responsables y manejan altos estándares de buenas prácticas (más aún, los del sector energético que representa Lloreda) es claro que para los inversionistas resultará más atractivo un escenario de información transparente y abierta que uno oscuro o informal. Con razón han sido los empresarios del sector minero quienes con más argumentos exigen al gobierno el combate de la minería ilegal. Con razón los empresarios energéticos aceptaron las recomendaciones de la Comisión de Expertos para la realización de Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) en el caso del fracking. Una de estas recomendaciones consiste, precisamente, en un mecanismo novedoso: la licencia social, que está en la línea de Escazú. Pero también la Comisión instó a las partes a la transparencia y a la provisión de información. En ese escenario específico, el de 2021 o 2022, cuando haya que evaluar el resultado de los PPII, el Acuerdo de Escazú es una herramienta más útil para la toma de decisiones que el panorama actual de especulaciones, fanatismos, informaciones sesgadas o posiciones inflexibles. La Comisión instó también a las instituciones a cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, haciendo disponible toda la información de los proyectos piloto de forma adecuada y pedagógica en las áreas de influencia de estos, tanto en internet como en medios accesibles a las comunidades locales. Y llamó la atención a los opositores del fracking por haber ‘recopilado información sin sustento que ha contribuido a generar confusión en la comunidad’.

El Acuerdo de Escazú persigue garantizar a la población el ejercicio de sus derechos de fundamentales, luchar contra la desigualdad y la discriminación de los grupos en situación de vulnerabilidad, y velar por la implementación de un auténtico desarrollo sostenible. ¿Se oponen los empresarios a que el Estado promueva una inversión que respete y garantice el ejercicio real de los derechos de acceso a la información y de participación? ¿Quieren los empresarios que no se ratifique Escazú para que se beneficien las empresas con bajos estándares sociales y ambientales? La adopción de estándares internacionales como forma de asegurar una economía sana, es ya una tendencia que siguen nuestros países. Organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Financiera Internacional (IFC) tienen directrices claras de respeto de los derechos humanos y al medio ambiente. La Cepal en nuestro continente recomendó a los países ratificar Escazú. Colombia ha venido adecuando su institucionalidad a las nuevas exigencias internacionales.

Resumiendo. El 4 de marzo de 2018, se adoptó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). El presidente Duque, atendiendo solicitudes reiteradas de muchos ciudadanos, firmó el Acuerdo en diciembre de 2019 (ver, entre otras, esta columna del 5 de diciembre de 2019: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/manuel-guzman-hennessey/presidente-no-es-tan-dificil-columna-de-manuel-guzman-hennessey-440842). El Congreso debería ratificarlo antes de que acabe 2020. Colombia tiene el compromiso de aumentar su ambición en las metas del Acuerdo de París, debido a que en 2018 se produjo un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Científicos (IPCC) que indica que el año 2030 marca el punto de inflexión para realizar “cambios de gran alcance y sin precedentes” orientados a descarbonizar la economía (ver más en: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/manuel-guzman-hennessey/descarbonizar-columna-de-manuel-guzman-hennessey-503330). Un escenario de fracaso de este Acuerdo no es bueno para nadie. Y su ratificación por parte del Congreso ayudaría mucho al escenario doble del Acuerdo de París y el Convenio de Diversidad biológica firmado por Colombia, pero que también está en problemas de cumplimiento.

Finalmente, lo de Escazú hay que mirarlo en el contexto del coronavirus y la recuperación de la economía post pandemia. Para ello me gustaría dejar un pensamiento pescado del twitter de Yuval Noah Harari que nos cae como anillo al dedo:“La humanidad tiene que tomar una decisión. ¿Tomaremos la ruta de la desunión, o adaptaremos el camino de la solidaridad global? Si elegimos la desunión, no sólo se prolongará la crisis, sino que resultará en otras catástrofes aún peores en el futuro. Si elegimos la solidaridad global, será una victoria no sólo contra el coronavirus, sino contra todas las epidemias y crisis futuras que puedan amenazar a la humanidad en el siglo XXI”.

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Manuel Guzmán Hennessey

Consultor de gobiernos y organizaciones. Es experto en desarrollo sostenible, transición energética, y estrategias climáticas. Columnista de opinión y profesor titular de la cátedra de cambio climático de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. Es conferencista internacional y autor de numerosos libros y artículos sobre temas de sostenibilidad, cambio climático y energías renovables.