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Foto: Eskay Lim. Unsplash.

Una encuesta de la Red de Ciudades Cómo Vamos indica además que el 30 % de los consultados cree que los ciudadanos no acuden a la justicia por falta de confianza en las instituciones. Superar las dificultades operativas de las entidades que componen el sistema, el reto.

La falta de confianza y la ineficiencia del sistema judicial son algunas de las principales razones por las que los colombianos no acuden a la justicia para resolver sus conflictos. Así lo indica Justicia Cómo Vamos, el último informe de la Red de Ciudades Cómo Vamos realizado en 17 ciudades del país.

La encuesta de percepción ciudadana, llevada a cabo entre 2018 y 2019, antes de la pandemia, señala que el 43 % de los consultados considera que la gente no acude en todas las ocasiones al sistema de justicia por considerarlo lento; además, 3 de cada 10 ciudadanos opinan que la ciudadanía no acude a estas instancias por la falta de confianza en las instituciones del Estado.

Por otro lado, la encuesta señala que el 52 % de los ciudadanos prefiere resolver sus conflictos por su propia cuenta, sin acudir ante algún tercero o entidad para esos propósitos. En promedio, en las 17 ciudades en las que se realizó la muestra, solo un 8 % de los encuestados había acudido a una inspección de policía para resolver sus problemas.

Otro de los hallazgos que revela el informe es el desconocimiento de la ciudadanía de las diferentes entidades que componen el sistema de resolución de controversias a nivel local. En promedio, entre un 42 % y un 53 % de los encuestados manifestó no conocer los centros de conciliación o los conciliadores en equidad. Asimismo, entre el 14 % y el 26 % de los consultados desconoce las comisarías de familia, juzgados, fiscalía o las inspecciones de policía.

Para Kathy Diartt, directora de Barranquilla Cómo Vamos, el informe Justicia Cómo Vamos ofrece una herramienta para conocer y comprender los retos de la justicia local y, a través de la información y la evidencia, contribuir a fortalecer la gestión de las entidades de la justicia bajo principios de justicia abierta.

“Los resultados de este informe ponen en evidencia los retos que tenemos en nuestras ciudades para garantizar que la justicia llegue a todos los ciudadanos con la misma oportunidad y que el funcionamiento y confianza en las mismas se fortalezca”, afirma Diartt.

La encuesta señala que el 52 % de los ciudadanos prefiere resolver sus conflictos por su propia cuenta, sin acudir a algún tercero o entidad para estos propósitos. Solo un 8 % de los encuestados había acudido a una inspección de policia para resolver sus problemas.

Dificultades operativas

El informe de la Red de Ciudades Cómo Vamos concluye también que en la mayoría de ciudades se encontraron dificultades operativas por la falta de personal de planta, las limitaciones del recurso humano de apoyo y asignado, y la excesiva rotación del personal.

De las 17 ciudades y municipios de la red que fueron examinadas, las comisarías de familia cuentan con mínimo un comisario, un trabajador social y un psicólogo. No obstante, en algunas de estas sedes el personal no es fijo y no presta sus servicios de manera continua durante todo el año, lo que resulta ineficiente para la carga de trabajo que demandan estas instancias.

De igual forma –indica la encuesta– las entidades de justicia a nivel local son apéndice de las alcaldías, pero reciben poca priorización y recursos financieros para su funcionamiento, a pesar de ser parte integral de la estructura administrativa local.

Según el informe, en la mayoría de ciudades analizadas las comisarías de familia no están incorporadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones o en el presupuesto de las administraciones locales, lo que no permite un efectivo funcionamiento de estos espacios de justicia.

Las dificultades de articulación entre las entidades a nivel local y las instituciones de orden nacional, se cuentan entre los hallazgos del informe y afecta ññ la prestación de un servicio óptimo. Con relación a las comisarías de familia, se evidencia una desarticulación interinstitucional con la Policía Nacional, Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De igual forma, se evidencian retos en el uso de recursos tecnológicos, que no solo afectan el acceso a la información de la gestión de las entidades locales, sino que generan limitaciones para una prestación más eficaz y ágil de la justicia.

Eduardo Patiño M.

Periodista de las secciones Ciudad y País de Contexto.