Desigualdad en América Latina: persistencia y nuevas preocupaciones

La desigualdad en América Latina y el Caribe (ALC) en el último siglo ha sido alta y persistente. Si bien en los últimos años el crecimiento económico y la acción del Estado contribuyeron a reducir la desigualdad, la disminución no fue significativa y la tendencia se está revirtiendo. Aún somos la región más desigual del mundo y la pandemia de la COVID-19 profundizará la brecha entre ricos y pobres.

Un nuevo informe del BID liderado por Matías Busso y Julián Messina da cuenta de la alta desigualdad en varias dimensiones y algunas de sus consecuencias. La brecha entre ricos y pobres en ALC es varias veces más alta que otras regiones del mundo. Mientras en ALC el ingreso del 10 % más rico es 22 veces más alto que el ingreso del 10 % más pobre, esta cifra es de nueve y 11 veces para los países de la OCDE y países con niveles similares de desarrollo a ALC. La desigualdad de oportunidades explica una parte de esta brecha. Por ejemplo, el acceso a educación y salud y la calidad de estos servicios están determinados por los ingresos de los hogares. El informe reporta que 60 %de los jóvenes de ingresos bajos entre 12 y 18 años asiste a educación secundaria, cifra que es 80 % para los jóvenes de altos ingresos. La brecha de calidad es además sustancial. Las habilidades matemáticas de los niños de tercer grado de hogares de ingreso alto es 1.5 años más alto que aquellos de bajos ingresos. Por último, una parte importante de los ingresos no está explicada por el esfuerzo y el trabajo sino por la lotería de la geografía, el género y la etnia. En 2017, el salario promedio mensual de los afrodescendientes e indígenas era alrededor de 20 % menor frente a la población blanca.

Sin una acción decidida del Estado, la COVID-19 profundizará aún más las desigualdades existentes. Las personas de bajos ingresos trabajan mayoritariamente en empleos informales y no están, por ende, asegurados frente a caídas en el ingreso. Estos empleos son además de baja calificación y requieren un trabajo presencial. Las personas deben entonces escoger entre trabajar y reducir el riesgo de contagio, lo cual ha derivado en un mayor contagio y muerte de la población más pobre y en altas tasas de desempleo. No sólo el ingreso presente ha caído. El ingreso futuro también puede sufrir una reducción importante. Los niños y jóvenes de familias de bajos ingresos tienen peores conexiones digitales, o carecen de ellas, para continuar con su proceso educativo, los niveles educativos de sus padres son menores y el apoyo a sus hijos es más deficiente, y la calidad de la educación que reciben es menor.

Es momento para actuar. Estos altos niveles de desigualdad, además de ser éticamente inaceptables, ralentizan el crecimiento económico, reducen la confianza de los ciudadanos hacia el Estado y hacia la comunidad y debilita el sistema democrático. Cambios en la estructura impositiva y el gasto de los países, una mayor inversión en servicios sociales como educación y salud, la regulación para controlar el desbordado poder de mercado en algunos sectores económicos y mejorar las redes de protección social son algunos pasos importantes para dar. No son menores. Requerirán acuerdos políticos y compromiso de los diferentes grupos de interés de la sociedad. Pero no hacerlos puede echar al traste los avances de las últimas décadas.