Comer o pagar la luz, el callejón sin salida de los altos cobros de la energía en la Costa Caribe

Pagar mensualmente la altísima factura de energía se volvió un verdadero calvario para los habitantes del Caribe colombiano. Pequeños industriales, amas de casa, tenderos, comerciantes en general, jóvenes profesionales, trabajadores informales, todos, sienten el duro golpe de decisiones equivocadas o políticamente incorrectas y la mala gestión de los gobiernos nacional, departamentales y las alcaldías de los distintos municipios. Cabe también una alta responsabilidad a distintos agentes de la cadena de energía, principalmente a las generadoras y comercializadoras del servicio. La Comisión de Regulación de Energía y gas –Creg–tiene mucho que ver con estas casi impagables facturas y, por supuesto, los delincuentes que se roban la energía, así como muchos funcionarios públicos que no la pagan. Una  problemática compleja en la que los ciudadanos ya no dan más.

Según cifras de Empresas Públicas de Medellín, EPM, mientras un usuario estrato 1 paga en Medellín cerca de $34.000 mensuales, en el Caribe la factura supera en promedio los $105.000. En estrato 4 la factura promedio es del orden de $ 140.000 en la capital antioqueña versus $440.000 en la Costa. Si se observa el costo del kilovatio, el incremento en las facturas ha sido exponencial. Por ejemplo, el kilovatio/hora de AirE pasó de $553.19 en agosto de 2020 a $1.137 en enero de 2024, es decir, se duplicó en menos de 4 años. 

La factura de energía incluye otros cobros que también han crecido sin justificación de ninguna clase: la Tasa de Seguridad que se cobra en unos pocos departamentos como el Atlántico, y el Alumbrado Público en el Distrito de Barranquilla y la mayor parte de los municipios. Según cifras de AirE estos dos rubros representan, en promedio, cerca del 30 % de la factura. Casos como el municipio de Puerto Colombia son tan exóticos como crueles. ¡El alumbrado público es proporcional al consumo de energía! ¿Qué tiene que ver el consumo de una casa con lo que cuestan dos lánguidas luminarias, si acaso, que dizque iluminan la cuadra? y estas, además, se dañan con frecuencia. Un abuso de marca mayor.

Las causas de este angustioso panorama que va en contra de la economía y bienestar regional son varias; algunas sencillas de resolver, otras más complicadas, pero que en todo caso requieren intervención y decisiones urgentes.

En el caso de la energía los componentes más significativos son la generación y la comercialización. En el primer caso existe en Colombia un mercado oligopólico con una regulación que establece el precio en bolsa con base en la oferta de mayor precio. Es decir, si una hidroeléctrica –que tiene costos marginales bajos– coloca energía, su remuneración se basará en el precio que oferte la generadora más costosa, que suelen ser las térmicas que utilizan gas, a veces importado. Además del tema coyuntural del fenómeno de El Niño, el crecimiento de la demanda de energía por encima de la oferta agudiza el problema. Por ello, recientemente el valor del precio de energía en bolsa superó los $1.000 el kilovatio/hora.

Consecuentemente, una empresa como AirE compra un volumen importante de sus necesidades en bolsa, que es un mercado volátil, y traslada este costo a sus usuarios. Clientes de otras zonas del país o atendidos por comercializadores que tienen generación propia o compran más energía gozan de costos más razonables.

El tema se agrava en el Caribe con el régimen especial tarifario implementado a partir del Plan de Desarrollo de 2019 –con el propósito de poder vender Electricaribe– que permite que el costo de la energía que se roban lo trasladen los comercializadores a la tarifa. En otras palabras, lo pagan los usuarios cumplidos, en vez de asumirlo, como debería ser, la empresa, para no afectar sus finanzas. 

Un estudio de Fundesarrollo demostró que esta perversa medida, en su momento aplaudida y celebrada por alcaldes, gobernadores y congresistas de la región, contribuyó con el 70 % del incremento en costos de la tarifa que todos pagamos en 2021, y el 54 % en 2022. Como cereza del pastel, en meses recientes se comenzó a cobrar la opción tarifaria producto del congelamiento de tarifas durante la pandemia. Y lo más grave: el mismo estudio del centro de pensamiento regional demostró que en la región Caribe por pagar las pérdidas de los que roban, un número importante de familias pasó a estar por debajo de la línea de pobreza. Este es el verdadero drama al cuál se suma una gestión comercial pobre y deficiente de las empresas AirE y Afinia con frecuentes violaciones al debido proceso que generan una relación altamente conflictiva con los usuarios.

Comer o pagar la luz

El tema, desafortunadamente, no para ahí. Con el lema de “Comemos o pagamos la luz”, algunos gobernadores y alcaldes de la región se tomaron una elegante foto al cierre de una cumbre sobre este asunto en Cartagena. Pues bien, muy poca credibilidad tienen los mandatarios locales, ya que después de haber aprobado el régimen tarifario en 2019 han aumentado notablemente las tasas de Alumbrado y de Seguridad que se incluyen en la factura, encareciéndola aún más.

El Alcalde de Barranquilla, por ejemplo, presentó y el Concejo aprobó de inmediato una reforma tributaria con aroma demagógico que eliminó el cobro de alumbrado para estratos 1 y 2 pero lo incrementó significativamente –hasta el 40 % en algunos casos–, para otros estratos y para comerciantes e industriales, minando su competitividad, lo que redundará seguramente en la generación de empleo. Lo más injusto del asunto es que lo que se recauda anualmente por este concepto, más de $100.000 millones de pesos, supera con creces el principal costo de este servicio que es la energía que gasta el alumbrado. Estudios realizados hace unos años por el Comité Intergremial mostraron que los costos reales eran inferiores al 30 %. Con el crecimiento de unidades de vivienda horizontal en los últimos años los recaudos por este concepto se han disparado, por lo que fácilmente se deduce que la tarifa es a todas luces exorbitante.

La tasa de seguridad carece de sentido si se tiene en cuenta que el presupuesto de este rubro, como sucede en la mayor parte de la geografía nacional, es financiado por la nación u otros recursos distintos a la factura de energía. Estos ingresos en el Atlántico se pignoran a largo plazo y su uso a través del concepto de “convivencia” se ha extendido sin mayor control ni transparencia, y no hay nadie que pregunte nada o que haga que la Gobernación rinda cuentas.

Una solución de ‘Todos ponen’, como en el juego de la pirinola, puede ser la salida. El siguiente decálogo de acciones podría aliviar esta problemática:

1. Fijar el precio de generación por costo marginal.
2. Financiar las inversiones para mejorar el servicio con regalías.
3. Hacer una efectiva disminución de las pérdidas por robo y no cargar esto a los ‘buena paga’.
4. Eliminar la tasa de seguridad.
5. Cobrar por alumbrado solo el costo del mismo más un porcentaje adecuado para mantenimiento.
6. Desarrollar programas efectivos de normalización eléctrica.
7. Nombrar en propiedad a expertos de la Creg.
8. Resolver los problemas de los nuevos proyectos de generación con energías renovables.
9. Incentivar la exploración y producción de gas para evitar su importación con destino a generación.
10. 10. Por último, que los comercializadores asuman un compromiso serio con el debido proceso, son alternativas plausibles a la crisis que involucrarían a todos los actores. Hasta ahora los únicos que pagan las consecuencias de este caos somos los inermes ciudadanos.

¡Solo pedimos a quienes toman las decisiones, Gobierno Nacional, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, que las tomen! ¡No aplacen más este problema que agobia y empobrece al Caribe colombiano!