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Cientos de personas marcharon en junio pasado contra las reformas del actual Gobierno. Foto: El País. 

El clima político hoy en Colombia se podría condensar en una palabra: incertidumbre, debido a la ausencia de claridad con respecto a cuál es el proyecto del presidente Gustavo Petro. ¿Es un proyecto reformista? ¿De ruptura con el pasado? ¿Hacía qué tipo de sociedad transita nuestro país?  

Existen, al menos, dos factores que alimentan este clima de incertidumbre. En primer término, si bien en el pasado hubo presidentes progresistas tales como Alfonso López Pumarejo y su “Revolución en marcha” o modernizantes como Carlos Lleras Restrepo y su avanzado proyecto de reforma agraria, es la primera vez en la historia de nuestro país que accede al poder un presidente que se ubica a la izquierda del espectro ideológico, quien, además, proviene de las filas guerrilleras. Es decir, estamos viviendo una situación inédita. 

En segundo lugar, el carácter enigmático del actual Presidente es, a su vez, una fuente de inquietud. En ocasiones, Petro se ve a sí mismo como un reformista avanzado –en algún momento se comparó con Alfonso López Pumarejo– y en otras ocasiones, se auto percibe como una especie de Salvador Allende: un reformista radical. ¿Quién es, realmente, Gustavo Petro? 

Estas dos fuentes de incertidumbre se ven ahondadas debido a la ausencia de un partido de gobierno, dado que el Pacto Histórico es una coalición político-social muy heterogénea y desvertebrada, en la cual se mueven muchas tendencias ideológicas sin mayor cohesión interna. 

El Pacto Histórico “Colombia Puede”, que fue lanzado en una rueda de prensa celebrada el 11 de febrero de 2021 con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2002, está compuesto –como se puede observar en el  siguiente cuadro– por 26 partidos y movimientos muy variados, de los cuales la mitad tiene personería jurídica. Una coalición tan heterogénea y con tal diversidad de intereses y de matices ideológicos no está en capacidad de jugar el rol de un verdadero partido de gobierno, es decir, de definir un proyecto político claro y coherente. 

Tras el reciente reconocimiento del partido Poder Popular –del expresidente Ernesto Samper– por parte del Consejo Nacional Electoral, Colombia llegó a la desproporcionada cifra de 36 partidos o movimientos políticos con personería jurídica (¿Es viable una democracia con 36 partidos políticos? (unal.edu.co)). Se trata, evidentemente, de un multipartidismo difuso que conlleva a que hoy en Colombia no haya ni un verdadero partido de gobierno ni un verdadero partido de oposición. En ambos espacios se mueven una cantidad de partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos sin un programa común y sin mayor cohesión. 

¿Una oposición de papel? 

En los sistemas democráticos la oposición política juega un rol muy importante. Según el artículo 4 de la Ley 1909 de 2018, por medio de la cual se adoptan el estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes, le corresponde a la oposición “proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno, mediante los instrumentos señalados en el presente Estatuto”. A diferencia de los sistemas unipartidistas que caracterizan a países como China, Corea del Norte o Cuba, donde el partido único ejerce el poder sin ningún control real, en los sistemas pluralistas, por el contrario, la oposición desempeña un papel clave de contrapeso democrático. Además, una buena oposición puede favorecer que haya un buen gobierno, servir de contención frente a sus potenciales tendencias autoritarias y, sobre todo, garantizar la existencia de una opción nueva y renovadora que puede reemplazar a un poder ya adormecido. Cuba es el ejemplo de una sociedad congelada en el tiempo. 

La alternación política es una fuente de vitalidad. Por ello, no es extraño que los países más dignos de admirar hoy en el mundo –aquellos que han logrado construir una economía de mercado con altos índices de bienestar colectivo tales como, Finlandia, Canadá, Nueva Zelanda o Uruguay–, se caracterizan todos por una alternación no traumática de partidos moderados de derecha e izquierda. Los primeros poniendo el acento en el mercado y los segundos en las medidas sociales. Una alternación virtuosa.

Es importante subrayar además que la ausencia de una oposición coherente puede inducir a los débiles opositores políticos a compensar su fragilidad con una utilización inapropiada del aparato judicial. Es decir, a intentar una “judicialización de la política” mediante el uso del sistema judicial como una herramienta política para buscar controlar, contener o limitar al gobierno. Si bien, como sostiene el profesor Manuel Palomares, es tan negativo “desjudicializar la política” –es decir, buscar impedir la función de los jueces con el argumento de que sus intervenciones tienen un interés político oculto o porque el gobierno quiere actuar sin control judicial– como la “politización de la ley”, en palabras de John Ferejohn, es decir, el uso inapropiado de los jueces para afectar a un gobierno. 

Hoy en Colombia el polo opositor está tanto o más desvertebrado que el confuso conglomerado que se define como afín al gobierno. Ni Álvaro Uribe, ni Germán Vargas Lleras, ni Sergio Fajardo, logran que las fuerzas opositoras se muevan en el mismo sentido con un norte claro y definido. Las distancias ideológicas en el polo opositor, son tanto o más profundas que en el polo gobiernista. 

¿Hacia un liderazgo personalista?  

En esta virtual desintegración del sistema de partidos –Colombia transitó de un sistema bipartidista liberal-conservador hacia un sistema multipartidista difuso entre 1991 y 2023–, todo el poder de decisión se está concentrado en una sola persona: Gustavo Petro. Es decir, un liderazgo personalista sin contrapesos reales. No conocemos con certeza quiénes componen su círculo íntimo, ni qué papel juega este círculo en las definiciones de las decisiones gubernamentales. 

Uno de los mayores riesgos de los liderazgos personalistas es la “soledad del poder”. El círculo de áulicos que rodean a estos mandatarios no se atreve a cuestionar sus decisiones políticas y terminan impidiéndoles ver la realidad. Entre lisonjas y sonrisas de aprobación no se atreven a poner en cuestión lo que perciben como erróneo. ¿Alguien le ha dicho a Gustavo Petro que los mensajes desafortunados en la plataforma X le está haciendo un inmenso daño a su gobierno? ¿Que nadie debe improvisar en un terreno tan complejo como es la política internacional? ¿Que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ha sido clave para impulsar una política exterior profesional y acorde con el interés nacional? 

Hoy en Colombia el polo opositor está desvertebrado. Ni Álvaro Uribe, ni Germán Vargas Lleras, ni Sergio Fajardo, logran que las fuerzas opositoras se muevan en el mismo sentido con un norte claro y definido. Las distancias ideológicas en el polo opositor, son tanto o más profundas que en el polo gobiernista. 

Sin duda, el acceso al poder de un sector de la sociedad que había estado por fuera del poder es muy positivo para el país. Oxigena la democracia. Lo negativo, sin embargo, es que este sector que había estado al margen del poder no sabe cómo administrarlo, como impulsar las políticas públicas, con lo cual se corre el riesgo de un divorcio entre el discurso y la ejecución. Las silbatinas al gobierno en numerosas reuniones con sus bases sociales es una clara radiografía de este abismo creciente. Si el gobierno quiere obtener resultados debe nombrar y conservar a los funcionarios expertos y no improvisar con amateurs leales pero ineficientes.

¿Qué hacer? En Colombia se debe impulsar una reflexión profunda sobre el funcionamiento de nuestro sistema electoral y de partidos. Es necesario reconocer que el país está frente a una crisis del sistema de partidos y que es necesario repensar el modelo. Ya en 1995 se intentó realizar esa gran reforma mediante la llamada Comisión de Reforma de los Partidos Políticos (decreto 763 de 1995) que dirigió el entonces Ministro del Interior Horacio Serpa y que contó, además, con la participación de Juan Guillermo Ángel y Piedad Córdoba (Partido Liberal), Jaime Arias y Omar Yepes (Partido Conservador), Carlos Arturo Ángel (ANDI), Orlando Obregón (CUT), Jaime Dussán (Alianza por Colombia), Janneth Suárez (AD M-19), Guillermo Páramo (rector de la UN), Alberto Casas (periodista) y los analistas Fernando Cepeda, Javier Sanín, Pedro Santana y Eduardo Pizarro. Desgraciadamente, las propuestas de esta Comisión se ahogaron en la difícil coyuntura que vivió el país en aquellos años. 

¿Sería posible intentar de nuevo revivir una experiencia semejante? A mi modo de ver, el reordenamiento del sistema de partidos y el sistema electoral debería ser uno de los temas centrales del gran “Acuerdo Nacional” que están impulsando, desde dos orillas distintas, Iván Cepeda y José Félix Lafaurie. Se trata, sin duda, de una reforma urgente. 

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Eduardo Pizarro Leongómez

Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia.