Cartagena, una ciudad inmóvil

Cartagena es la quinta ciudad con mayor población y mayor valor agregado por habitante en Colombia entre las trece principales ciudades. Esto, en parte, le permitió ser la sexta ciudad principal con más ingresos fiscales corrientes por habitante en 2021. Sin embargo, presenta una baja capacidad de ejecución del gasto público. Por ejemplo, en 2022 se dejaron de ejecutar más de 400 mil millones de pesos. Este escenario no tiene en cuenta la posibilidad que tiene la ciudad de financiar obras con deuda pública. De acuerdo con los ingresos corrientes de libre destinación reportados por el distrito, Cartagena podría endeudarse por cerca de 900 mil millones, respetando los límites de la Ley 358 de 1997. No se justifica que en una ciudad en donde cuatro de cada diez personas no consumen tres comidas al día por falta de alimentos, la dirigencia local se dé el lujo de tener la plata guardada en los bancos y de no usar el cupo de crédito disponible para desarrollar las obras que la ciudad necesita. Difícil olvidarse de las palabras del escritor cartagenero Efraím Medina Reyes, quien denomina a Cartagena como una “ciudad inmóvil”.

En 2017, Adolfo Meisel y yo escribimos un par de artículos en los que presentamos un diagnóstico sobre la pobreza en Cartagena y un conjunto de propuestas que, a nuestro juicio, deberían ser atendidos con prioridad por nuestros líderes locales. Seis años más tarde, las necesidades son mayores como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y no se evidencia una estrategia coordinada para atender los principales problemas de la ciudad. Me gustaría abordar en este escrito, unos puntos que considero fundamentales para superar el rezago social existente.

En primer lugar, se encuentra la ocupación ilegal de predios, con el agravante de que gran parte de dichas invasiones se presentan en zonas de riesgo no mitigables como las faldas de la popa, los bordes de la Ciénaga de la Virgen y la loma de Albornoz. Esta situación genera trampas de pobreza para la población más vulnerable al estar expuestos a inundaciones y deslizamientos de tierra. Al mismo tiempo, vivir en dichas áreas impide brindar adecuadamente bienes y servicios públicos como agua potable y saneamiento básico. Por ende, una de las primeras medidas debería ser la identificación y reubicación de la población que habita en zona de riesgo no mitigable, y la protección de estas zonas para evitar reasentamientos informales. Hoy no contamos con la información de cuántas personas deberían ser reubicadas, lo que hace imposible la correcta focalización del gasto, pues estas personas son las que mayor vulnerabilidad presentan.

En segundo lugar, una vez reubicada la población en zona de riesgo no mitigable, hay que garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios como el agua potable y el saneamiento básico. Según datos de la empresa Aguas de Cartagena, la ciudad tiene aún 25 mil hogares sin acceso a saneamiento básico, principalmente en la zona rural, así como en los barrios de los bordes de la Ciénaga de la Virgen, las faldas de la popa y la loma de Albornoz. Es más, solo el 5 % de la población que habita en la zona rural tiene acceso a agua potable y el 2 % tiene acceso a alcantarillado. Es una situación que debe atenderse con urgencia por las implicaciones negativas que la falta de estos servicios tiene sobre la población, principalmente sobre los niños. 

Un tercer elemento que requiere de urgente atención es la educación. En 2022 había un déficit de 25 colegios para atender a los 237 mil estudiantes del Distrito. Entre 2018 y 2022 se construyó solo un colegio principal nuevo y tres sedes. Pero no solo preocupa el déficit de infraestructura educativa. En un estudio reciente, Adolfo Meisel y Ángela Granger identifican que Cartagena es la única ciudad entre las trece principales donde el puntaje promedio de la prueba Saber 11 viene disminuyendo continuamente desde 2002, y no se evidencian estrategias de choque para revertir esta tendencia. Más aún, no existe presión por parte de padres de familia, profesores, gremios, académicos ni ciudadanía en general en este tema. Pareciera algo que no despierta preocupación alguna. Cartagena fue la única ciudad principal en donde los niños iniciaron clases de manera ininterrumpida en marzo de 2023, precisamente por la debilidad institucional a la hora de definir contratos de aseo y vigilancia, algo incomprensible si se considera que es una actividad que se realiza todos los años. Ni hablar del bilingüismo. Cartagena es la ciudad colombiana que históricamente ha recibido más turistas internacionales después de Bogotá, y no existe una estrategia de bilingüismo desde lo público que mejore la competitividad. Una posible solución que planteamos consiste en construir colegios con jornada única para los 182 mil estudiantes de colegios oficiales de la ciudad. Entre los beneficios de la jornada única se encuentran: mejoras en la calidad educativa, reducción de embarazos adolescentes, mejora en la nutrición infantil y menor exposición de los niños a la delincuencia común. 

En cuarto lugar tenemos el problema de la informalidad. En 2022, Cartagena registró la informalidad laboral más alta entre las cinco principales ciudades del país, con un 60 %, según cifras del DANE. La estructura económica cartagenera, donde el sector industrial es intensivo en capital, combinada con un bajo nivel de capital humano calificado, es una combinación perfecta para la informalidad laboral. Se requiere de mayor inversión en programas de capacitación técnica y tecnológica, así como mayor coordinación entre el sector público y el privado para focalizar la contratación laboral en la población más vulnerable. Esto puede lograrse por medio de una ampliación de las sedes del SENA en Cartagena, con un énfasis en las carreras demandadas por el mercado local.

Otro sector ejemplo de la baja capacidad de ejecución local es el de la salud. A pesar de que la administración actual ha logrado recuperar algunos centros de salud que estaban a punto de convertirse en elefantes blancos, se requiere de un mayor esfuerzo en mejorar el acceso y la accesibilidad al sistema de salud. Ampliar la red de atención primaria de tal manera que la distancia al centro de salud más cercano se reduzca, principalmente para la población más vulnerable. Según un informe de Cartagena Cómo Vamos, la ciudad registra anualmente cerca de 200 muertes de niños menores de 1 año, lo que refleja pocos avances en la lucha contra la mortalidad infantil, al igual que sucede con la mortalidad materna. El mismo informe manifiesta que no ha habido avances en el control del bajo peso al nacer, dado que en promedio el 10 % de los recién nacidos pesa menos de 2.5 kilogramos.

Por último, tenemos las vías, parques y paseos peatonales. El crecimiento desordenado ha limitado la disponibilidad de espacios para la dotación de equipamientos urbanos. Como consecuencia, tenemos dificultades para la movilidad y un déficit de parques y zonas verdes de esparcimiento. Más puntualmente, según datos de Cartagena Cómo Vamos, la infraestructura vial de Cartagena no crece desde el año 2012, con 1.833 km-carril, diez años sin construir una nueva vía. Mientras tanto, el parque automotor de la ciudad pasó de 73.423 en 2012 a 126.446 en 2021. Más vehículos para las mismas vías. Simplemente inaceptable. Parecen un sueño lejano la culminación de la vía perimetral, la quinta avenida de Manga, y ni hablar del transporte acuático. Además, desde 2016 no se amplía la infraestructura vial para la circulación exclusiva de Transcaribe, el sistema de transporte público de Cartagena, que tiene problemas de sostenibilidad financiera. 

No hay excusa para semejante diagnóstico. Vivimos en una ciudad que no avanza a pesar de contar con recursos para inversión pública. La baja capacidad técnica del sector público para diseñar y ejecutar proyectos se manifiesta en todos los sectores, y parecemos acostumbrados a tanta ineficiencia e ineficacia. Sorpresivamente, el recaudo fiscal de Cartagena no cae, tanto así que la administración local tuvo recursos en exceso por cerca de 400 mil millones de pesos en 2022, y para 2023 se proyecta un presupuesto de alrededor de 3 billones de pesos. La actualización catastral y la reactivación económica han dado mejores resultados de los esperados, pero se requiere desarrollar capacidad técnica institucional para el diseño y la ejecución de los proyectos que la ciudad necesita, con una visión de largo plazo.