Beneficios tributarios en Cartagena: buenas intenciones, malos resultados

Está en discusión en el Concejo Distrital de Cartagena un proyecto de acuerdo para otorgar beneficios tributarios. Una propuesta con buenas intenciones, pero que, con base en la experiencia y la literatura en la materia, tiene una alta probabilidad de no alcanzar los resultados propuestos. Adicionalmente, puede ampliar las inequidades entre los contribuyentes cartageneros y la elusión fiscal. 

Para que los lectores comprendan el alcance del proyecto, a continuación se describen los beneficios tributarios que se otorgarán. En primer lugar, se crean exenciones hasta por cinco años en los impuestos de industria y comercio, predial y delineación urbana a empresas nuevas que se localicen o relocalicen, sujeto a que demuestren la realización de una inversión en activos fijos, la generación de un número determinado de empleos directos con un porcentaje mínimo de mano de obra local y hacer parte de un grupo de sectores económicos beneficiados. 

En segundo lugar, se contempla la exención del impuesto predial por 10 años para compra de vivienda nueva para aquellos pensionados que no posean un inmueble en Cartagena, sean residentes o vivan en otra ciudad y se quieran trasladar. También aplicará por cinco años para jóvenes entre 18 y 35 años que compren una vivienda nueva y fijen su residencia en la ciudad. 

En tercer lugar, se condona el pago del impuesto predial a aquellos propietarios de inmuebles inhabitables debido a que se encuentran en zonas de riesgo o son parte de construcciones ilegales. Además, se crean beneficios para las personas morosas de los distintos tributos otorgándoles periodos de pago y perdón de la mora, inclusive para contribuyentes que hayan incumplido acuerdos previos. Por último, hay cambios normativos que buscan dar claridad a algunos de los procedimientos vigentes. 

Hasta aquí estos beneficios tributarios suenan como una muy buena herramienta para lograr un mayor crecimiento económico y generación de empleo. Sin embargo, los estudios sobre localización de empresas en Cartagena y en el país muestran que los empresarios no necesariamente se mueven por exenciones tributarias. Pesan más en las decisiones de localización factores como las economías de aglomeración que ofrecen ciertas urbes, la disponibilidad de mano de obra capacitada, la facilidad para establecerse y hacer negocios, entre otros. Probablemente daría más frutos trabajar en esos elementos antes de establecer unas exenciones que reducirían los ingresos tributarios necesarios para mejorar las condiciones de atracción de inversión en la ciudad.  

Existen otros argumentos desde la equidad entre los contribuyentes. ¿Por qué una persona que viene de fuera tendrá una menor tasa de tributación que un residente que lleva años en la ciudad haciendo empresa, residiendo y pagando sus impuestos a tiempo? También es posible que un pensionado de alto ingreso que quiere vivir en Cartagena, que no requiere de un beneficio tributario para moverse, termine con una tasa impositiva menor que la de un cartagenero de menor ingreso que debe pagar el total del predial. 

Otro aspecto para tener en cuenta es que los beneficios dirigidos a ciertos segmentos de la población, como pensionados o jóvenes, podría incentivar que aquellos que no tienen acceso al beneficio y poseen los recursos puedan comprar inmueble a través de terceras personas que son beneficiadas, aumentando así la elusión fiscal. Además, continuar creando beneficios para los morosos, inclusive cuando fallaron en acuerdo de pagos anterior, contribuiría a erosionar la moral tributaria de los contribuyentes.

Con muy buenas intenciones, el proyecto selecciona unos sectores para atraer inversiones. Esto discrimina a otras actividades económicas que no están incluidas, pero que contribuyen a la generación de empleo en Cartagena, por ejemplo, el comercio. ¿Habrá la mano de obra local requerida para proyectos en sectores tecnológicos contemplados en el proyecto? Seguramente eso pesará más al momento de la localización de este tipo de compañías que un beneficio tributario. 

Un elemento que no incluye el proyecto es el costo que tendrá las exenciones para las arcas del Distrito. El artículo 7 de la Ley 819 de 2003 establece que, para la aprobación de nuevos proyectos de beneficios tributarios, debe realizarse un análisis de impacto fiscal; es decir, cuántos serían los recursos que no ingresarían al fisco. Lo anterior permitiría hacer un análisis costo-beneficio de las medidas propuestas comparando contra otras opciones de política. Se podría argumentar que no hay pérdida de ingresos tributarios porque son nuevas inversiones, pero debe considerarse que algunas empresas o ciudadanos tomarían sus decisiones aún sin los beneficios. 

Es importante definir las estrategias de desarrollo basadas en la evidencia existente. Los estudios encuentran que pueden ser más costo efectivo políticas que realizan capacitación laboral personalizada de acuerdo con las necesidades de los empresarios, establecer esquemas de intermediación en el mercado laboral que reduzcan los diferenciales entre la oferta y la demanda, y ofrecer la prestación de servicios empresariales que fortalezcan las compañías locales.